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Si el Estado necesita comprar una mesa, sacará un cartel de licitación para adquirirla.
El problema es que una vez publicado el cartel, un vendedor de mesas advierte que no se detalló si la mesa es de vidrio o de madera y más tarde otro preguntará si son redondas o cuadradas.
Con cada observación, el cartel fue corregido y publicado.
Esto es un ejemplo hipotético y muy simplicado de la forma en que el Estado compra sus bienes y servicios, por montos que en el 2005 representaron ¢709.863 millones, según la Contraloría General de la República (CGR).
Por eso, entre las pretensiones de la nueva Ley de contratación administrativa están reducir la posibilidad de errores en los carteles, simplificar y acortar los procedimientos.
Regirá a partir del 3 de enero de 2007, y se dieron seis meses para reglamentar y capacitar.
Carlos Arguedas, gerente de Contratación Administrativa de la Contraloría, la describe como una reforma “pragmática” porque se hizo entre funcionarios y actores privados que lidian a diario con el sistema de compras.
Preparación. La reforma le dio fuerza de ley a un mecanismo que antes estaba en el reglamento, el cual permite a las entidades reunirse con posibles oferentes antes de elaborar un cartel de licitación para que hagan observaciones y así las condiciones del cartel sean adecuadamente descritas.
“Si los carteles estuvieran bien redactados y las entidades supieran qué quieren sería muy positivo”, dijo Mónica Pérez, de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex).
Representantes de la Gerencia de Operaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) coincidieron en que las reuniones son un paso positivo.
Para esa dependencia, una mejor elaboración de carteles significará una “reducción sustancial” en las objeciones.
En el 2005, la Contraloría emitió 540 resoluciones de recursos de objeción al cartel, de ellas 129 fueron por compras de la Caja y 52 por ciento declaradas con lugar.
La corrupción. A pesar de sus bondades, la reforma a la ley no se libra de fuertes objeciones.
El más duro de los críticos es el abogado administrativista Rodolfo Saborío, quien planteó que la Ley no ofrece herramientas para atacar el verdadero problema.
“Tal vez todos estos cambios, son cosmetologías. El problema central es la corrupción y esta ley ni siquiera asume el tema, más bien introduce nuevas rigidices que favorecen el esquema de corrupción”, aseveró.
Una de esas rígideces está en la fijación de plazos para todos las fases del proceso, situación que también preocupa a Crecex.
Según Mónica Pérez, al ser plazos reducidos “limitan el principio de transparencia”.
