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Todos los costarricenses tendrán que pagar parte de lo que costará cerrar el gigantesco déficit que tienen las pensiones del Poder Judicial, si se aprueba el último proyecto ley que los diputados acogieron para salvar el régimen.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) asegura que el texto de su autoría reduciría a cero el hueco de ¢5,4 billones proyectado para ese fondo, siempre que el resto de los contribuyentes aporte ¢1,3 billones por medio del Gobierno a lo largo de los próximos años.
Para enfrentar el déficit de este sistema, la Supén propone que los actuales jubilados (unos 3.600) sean sacados del fondo de pensiones del Poder Judicial y trasladados al Presupuesto Nacional del Gobierno Central, donde la factura por sus beneficios la tendrían que asumir los costarricenses con sus impuestos.
Ya la población en general paga buena parte de estas jubilaciones. Lo hace a través de las cotizaciones mensuales de los empleados y los pensionados. Los funcionarios judiciales aportan un 11% de su salario o pensión y el erario público les aporta el equivalente a un 15,6% (el Estado desembolsa un 1,24% y el Poder Judicial un 14,36%), para un total de un 26,6%. Sin embargo, esto no es suficiente para cubrir los beneficios.
Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, dijo que, para "reducir en la medida de lo posible la factura que le costaría al pueblo" estabilizar el régimen, se les cobraría a los pensionados actuales de la Corte una cotización del 30% de la pensión, sumando el 11% que ya dan y un 19% de contribución especial solidaria para paliar el gigantesto hueco actuarial.
En tanto, los empleados judiciales actuales seguirían en el fondo del Poder Judicial pero con otro diseño, bajo la administración de una nueva junta y sin los beneficios que hoy tienen ese sistema jubilatorio al borde del colapso financiero.
"Entonces, ese déficit de ¢5,4 billones se divide así: ¢1,6 billones de los ya pensionados o que están a 18 meses de hacerlo y ¢3,8 billones para los de generaciones futuras. A los de generaciones futuras usted les puede pedir que se queden más tiempo trabajando o que su salario de referencia sea un poco diferente, por lo que procedimos a hacer ese tipo de ajustes en la propuesta", comentó Ramos.
El superintendente explicó que, de los ¢1,6 billones que se cargarían al Gobierno, unos ¢300.000 millones se financiarían mediante la contribución solidaria que se les exigiría a los pensionados judiciales, de manera que los contribuyentes cubirían los ¢1,3 billones restantes hasta que se muera el último de los jubilados actuales.
En 30 años, se trata de ¢33.000 millones anuales. La cifra de ¢1,3 billones equivale a casi un 15% de todo el Presupuesto Nacional del Gobierno para este año.
"No podemos evitar un cargo para el Presupuesto Nacional, ya se materializó un hueco de beneficios devengados que no hay por dónde llenar, excepto mediante una carga al Presupuesto por algún lado", aseveró Ramos.
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Prometen déficit cero en futuras pensiones
En cuanto a las pensiones de los empleados actuales, la Supén asegura que el proyecto no solo cerraría el déficit, sino que eventualmente generaría ganancias sin necesidad de subir las cotizaciones. Así lo dijo en medio de los ataques de magistrados y gremios judiciales a la propuesta.
El superintendente explicó que los principales ahorros se obtendrían al aumentar de 62 a 65 años la edad mínima para retirarse y al modificar la forma de calcular la pensión, de manera que esta ya no equivalga al promedio de los últimos 24 mejores salarios sino al promedio de todos los salarios recibidos, a lo largo de la vida laboral, traídos a valor presente.
Según Ramos, el déficit de los funcionarios actuales se reduciría a cero con esas modificaciones y con una adicional para imponer un tope de ¢3,9 millones mensuales a las nuevas pensiones. Actualmente, no existe un tope: algunas superan los ¢9 millones.
En la régimen del IVM de la CCSS, la edad de jubilación hoy es de 65 años, la pensión se calcula sobre el 60% del promedio de los últimos 240 salarios y el tope es de ¢1,5 millones a menos de que la persona siga trabajando, lo que le permitiría llegar hasta ¢2,5 millones.
A inicios de marzo, los actuarios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), informaron de que, de seguir las pensiones judiciales con los beneficios actuales, se generará un déficit de casi ¢5,4 billones en el fondo.
LEA EL INFORME ACTUARIAL DE LA UCR
El IICE agregó que el proyecto de ley que en ese momento estaba bajo estudio, elaborado por los gremios judiciales, solo reduciría la brecha a ¢4,1 billones.
Fue por eso que, el 29 de marzo, los diputados de la Comisión Especial de Pensiones acogieron la propuesta de la Supén, lo que ha generado numerosos ataques de parte de los funcionarios judiciales, así como un paro de labores y una marcha, la semana pasada. Algunos sectores incluso han dicho que el proyecto de la Supén pretende "privatizar las pensiones".
Según el texto propuesto por la Supén, si los jubilados actuales no se pasan al Presupuesto Nacional, quedaría la opción de aumentar la cuota que cotiza el Poder Judicial, de un 14,36% a un 30%, medida que igualmente la tendrían que pagar los costarricenses.
"Hay diputados que nos plantearon en actas, como doña Sandra Piszk, si se podría plantear una contribución escalonada (para los jubilados actuales). Perfectamente, nada más que, obviamente, si yo les digo que los ya pensionados cuestan ¢1,6 billones y que yo puedo reducir eso a ¢1,3 billones metiendo este 19% de contribución solidaria, si la escalono es menos".
"Entonces ya no va a ser ¢300.000 millones menos, sino solo ¢100.000 millones menos. Todo eso implica un aumento de ¢200.000 millones en la factura del Estado, pero esas son decisiones totalmente políticas, como perfectamente pueden tomar una decisión de otra índole. Por ejemplo, si se aumenta el transitorio, que nosotros lo planteamos de 18 meses (para mantener los beneficios actuales a los que están por jubilarse), que es lo que permite la jurisprudencia. Si se aumenta a cinco años, o a diez, es una decisión política, y aumenta la factura", agregó el jerarca de la Superintendencia.
Además de las reformas directamente planteadas en el proyecto, Ramos manifestó que la Supén podría no tener problema con la jubilación anticipada si se castiga con tasas "actuarialmente justas" a quien solicita pensionarse antes de la edad mínima.
El superintendente considera inaceptable que si alguien se acoge antes a la pensión sea penalizado con solo un porcentaje pequeño. "Si una persona se va a los 65 años con el 100% del salario de referencia, no se puede ir a los 60 años con un 90%, sino que debería irse con un 65%. Eso es lo actuarialmente justo", manifestó Ramos.
El jerarca de la Supén, Álvaro Ramos, salió al paso de las críticas que ha recibido de parte de los gremios judiciales, los cuales acusan a la Superintendencia de tratar de privatizar su régimen jubilatorio.
"Lo principal es que el fondo siga existiendo, la idea es preservar la independencia del fondo y que el Poder Judicial siga teniendo su propio fondo. La Supén quiere salvar ese fondo", dijo Ramos.
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Las críticas
En cuanto a las críticas sobre la potestad que tiene la Supén para hacer recomendaciones a los diputados sobre las pensiones judiciales, Álvaro Ramos enfatiza, junto con su equipo, que la Superintendencia tiene la potestad de asesorar a los legisladores y ellos pueden acoger las recomendaciones.
"Esa es una potestad de los diputados. Ahí sí no entiendo yo las críticas. Eso sería menoscabar el derecho que tiene cualquier ciudadano de apoyar a la Asamblea para que se proponga un proyecto de ley", dijo Ramos, quien confiesa haberse sorprendido por la rapidez con que los legisladores acogieron su propuesta de texto sustitutivo para la reforma a las pensiones del Poder Judicial.
"Pensé que lo iban a dar por recibido, que iban a extender el plazo y tomarse el tiempo para analizarlo", comentó el superintendente a La Nación.
Parte del choque entre gremios judiciales y la Supén tiene que ver con el reclamo que hacen los funcionarios en contra de la Superintendencia, para que esta ni los supervise ni los regule, al grado de que tienen parada toda acción que pueda tomar la entidad supervisora, con una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Protección al Trabajador.
"Podemos ejercer la supervisión, pero si abriéramos un procedimiento administrativo por alguna razón, no podríamos dictar la resolución final", explicó Nelly Vargas, asesora legal de la Supén.
Por ahora, la discusión en el Congreso está detenida, luego de que 45 legisladores aprobaron la extensión del plazo de la Comisión Especial de Pensiones, hasta el 31 de julio, para esperar los resultados finales del estudio actuarial de la UCR y, con base en ello, tomar las decisiones.
Eso sí, la Supén no dejó de lanzar una advertencia sobre el asunto: "Si hoy no se arregla nada, aumenta la posibilidad de que los que hoy son jóvenes en el Poder Judicial vean una pensión muy menoscabada".
"Aquí estamos diciendo que les vamos a conservar una pensión generosa para los estándares del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (donde la pensión máxima es de ¢1,5 millones, que se puede aumentar a ¢2,5 millones si la persona posterga su jubilación), pero debemos tratar de mantener un balance", apuntó Álvaro Ramos.
