El 25 de setiembre del año pasado, los representantes del ICE, ministros de Gobierno y del Ejecutivo firmaron un acuerdo. En ese momento sirvió para calmar los ánimos, sobre todo del ICE –al que se obligaba a un superávit de ¢10.000 millones–, pero hoy, los enardece. El punto que genera controversia dice: “El ICE, en el desempeño de sus actividades se regirá por el presupuesto que apruebe su junta directiva en cada período presupuestario y que será sometido a aprobación ante la Contraloría General de la República. Este compromiso abarca todo el período del actual gobierno”.
Los sindicalistas alegan que por ello el Ejecutivo incumple su palabra al aplicar la directriz del 5,9 por ciento al ICE. Los jerarcas del Instituto amparan sus acciones a este documento. Pero el ministro de Hacienda, Jorge Wálter Bolaños dijo que no implica compromiso pues se trató de un formalismo. El abogado Manrique Jiménez explicó que los acuerdos de esta naturaleza no están contemplados en la Ley General de Administración Pública. “En lo que es clara la normativa y la jurisprudencia de la Sala IV es que las directrices se emiten para que haya coordinación entre las actividades de la instituciones y el Gobierno Central. De manera que, desde el punto de vista legal, no se puede supeditar una directriz a un acuerdo”, dijo.
No fue posible conocer el criterio de la Procuraduría.
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