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La Dirección General de Tributación Directa inició ayer una investigación de los cheques girados por Oirsa como "sobresueldos" y "ayudas económicas" para un grupo de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
"Hemos girado instrucciones y desde hoy estamos revisando a Oirsa y a cada uno de los receptores, para ver si declararon como retención salarial o como honorarios profesionales", anunció el director de Tributación, Francisco Fonseca.
El funcionario explicó que primero deben detectar el origen de los pagos para determinar quién era el responsable de declararlos. Si se trataba de salarios, debía reportarlos el patrono, pero si constituían pagos por servicios profesionales debían declararlos cada uno de los receptores.
"En caso de que los pagos no se hayan declarado, procederemos de inmediato a requerirles el pago, aplicándoles todas las sanciones que correspondan a los incumplimientos detectados", declaró Fonseca.
Millonaria ayuda. La Nación reveló ayer que entre el 2002 y el 2005 el despacho del exministro, Rodolfo Coto, repartió $290.728 (¢150 millones al tipo de cambio actual) entre un grupo de funcionarios.
Los desembolsos se denominaban "ayuda económica", "apoyo extraordinario", "sobresueldo" o "bonificación", y eran girados por "instrucciones superiores".
Del mismo fondo se gastaron más de $165.000 (¢83 millones al tipo de cambio actual) en viajes, regalos, celebraciones y donaciones.
El dinero lo giraba directamente el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), entidad regional que mantiene un convenio con el MAG y que se financia, principalmente, con el cobro al público por la fumigación de vehículos en las fronteras.
Posibles sanciones. Fonseca explicó que en caso de que Tributación detecte incumplimientos por parte de los receptores del dinero, se les aplicarían sanciones por no haberse inscrito como contribuyentes y por no haber presentado la respectiva declaración.
Además, Tributación gestionaría cobros por sanción de mora y el cobro de intereses por los montos adeudados.
En caso de que el responsable de reportar el dinero haya sido el patrono (el MAG u Oirsa) y, si la declaración no se hizo, Tributación aplicaría las mismas sanciones y cobros contra el pagador.
"Desde hoy (ayer para los lectores) tomamos la publicación (de La Nación ) como una denuncia y se asignó la investigación a nivel central", explicó Fonseca.
Ninguno de los pagos conocidos hasta ahora generaría sanciones penales si no fueron reportados.
Para que proceda una sanción penal debe cumplirse, entre otras condiciones, que el monto evadido se enmarque en una fórmula calculada a partir de salarios base (aproximadamente ¢40 millones).
Más información. Los casos que han trascendido hasta ahora corresponden solo a poco más de $500.000 que Oirsa giró al despacho del exministro Coto.
Falta por conocerse el destino de otros $4,5 millones girados entre el 2002 y el 2005 para diversos programas del MAG, y ayer la Asamblea Legislativa exigió a Oirsa entregar la lista completa de los cheques.
Hasta ahora Oirsa y el MAG han evitado explicar a la Contraloría General de la República el destino específico de esos fondos, pero ayer el representante de Oirsa, Jimmy Ruiz, indicó a los diputados que entregará toda la información que le soliciten.
Para empezar, el presidente de la comisión, Jorge Eduardo Sánchez, pidió copia certificada de todos los cheques girados durante la administración anterior, el desglose de gastos y la justificación.
Inicialmente Ruiz respondió a los diputados que el canal oficial para solicitar información es el MAG, pero Sánchez le aclaró que la ley obliga a Oirsa a entregar los documentos al Congreso.
"Esta es una comisión legislativa investigadora que tiene rango superior al MAG... usted está obligado a entregar la información. Se lo notifico", advirtió Sánchez.
La comisión, además, citó a comparecencia a varios funcionarios del MAG y Oirsa.
