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El Ministerio de Vivienda podría ofrecer una indemnización a las 500 familias que habitan el precario Triángulo Solidario, a cambio de que abandonen esa propiedad del Estado, en San Gabriel de Calle Blancos, Goicoechea.
La iniciativa la confirmó el ministro del ramo, Fernando Zumbado, quien manifestó que a cada familia se le otorgaría entre ¢150.000 y los ¢180.000.
El dinero alcanzaría para que paguen alquiler por un lapso de tres meses en otro sitio. Al mismo tiempo, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y otras entidades autorizadas realizarían estudios socioeconómicos a los interesados en obtener un bono.
No todos califican. A priori, Ennio Rodríguez, gerente del Banhvi, estimó que al menos un 50% de los precaristas no calificarían para recibir una casa gratis, porque están en condición ilegal en el país.
En el precario Triángulo Solidario viven costarricenses, nicaragüenses, salvadoreños y cubanos, entre otras nacionalidades.
Zumbado aclaró que el dinero para las indemnizaciones aún no está garantizado. Dijo que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) deben censar el precario primero, para precisar el total de tugurios.
Superado este proceso, valorarán si se cuenta con presupuesto para pagar.
Triángulo Solidario es un asentamiento ubicado en una finca del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en San Gabriel de Calle Blancos, Goicoechea. El terreno fue invadido desde diciembre del 2001 y actualmente lo habitan unas 500 familias.
La semana pasada, la Sala IV conminó al Ministerio de Seguridad Pública para que ejecute el desalojo, que fue autorizado desde mayo del 2002 cuando Rogelio Ramos era el ministro.
A principios de esta semana, el titular de Seguridad, Fernando Berrocal, dijo que no había sido notificado por la Sala IV.
Precarios en la mira. Ennio Rodríguez también anunció esta semana que el Banhvi invertirá este año ¢3.700 millones para eliminar seis asentamientos en La Unión, Cartago, San Rafael, Alajuela, y los Hatillos, San José.
Se trata de una nueva modalidad conocida como erradicación in situ, que obliga a las empresas constructoras a levantar las casas de interés social en la misma finca invadida.
El dinero alcanzará para 805 familias. En las próximas semanas, la Fundación Costa Rica-Canadá abrirá el concurso para las constructoras interesadas.
