Escuchar
Un total de 200 acusados por destruir los bosques sembraron un poco más de 20.000 árboles en las cuencas de los ríos Zapote y Guacalillo, en Upala, Alajuela.
Los implicados ejecutaron el trabajo en los últimos seis años al incorporarse a un plan de reparación del daño. Así, evitaron ir a juicio, donde podrían recibir una condena penal.
José Pablo González, fiscal adjunto ambiental, dijo que los infractores no se limitaron a plantar los árboles, sino que deben cuidarlos hasta que estén pegados.
Ese proceso, relató González, tarda de tres a cinco años, al final de los cuales el juzgado penal emite una sentencia de sobreseimiento a favor del implicado.
La reparación de los daños en denuncias por delitos ambientales se está logrando en un 80% de los casos que ingresan al Poder Judicial.
Igual sucede con los asuntos que entran al Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), donde la mayoría de implicados llega a una conciliación.
Allan Flores, presidente del Tribunal, dijo que no tenía la cifra exacta, pero manifestó que es el mejor mecanismo para recuperar los recursos naturales luego de un daño ambiental.
Alta incidencia. El año anterior se denunciaron 2.132 delitos ambientales, de los cuales 1.680 fueron por corta o tala de árboles.
Las áreas donde más se presentaron es la Zona Norte (San Carlos, Guatuso, Los Chiles y Upala), con 438 casos de corta de árboles.
Le siguieron la Zona Sur (Corredores, Osa, Golfito, Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus), con 400, y Guanacaste, con 311 denuncias.
Conociendo que la Zona Norte es donde más casos ocurren, desde hace seis años se ideó un programa de reforestación en Upala, que abarca 600 hectáreas.
El proyecto lo impulsaron en conjunto la Fiscalía y el Colegio Técnico Profesional de Upala.
Los buenos resultados del programa sirvieron para que la Fiscalía abriera otro proyecto para construir senderos en el Parque Nacional Volcán Tenorio, en el cantón de Guatuso, Alajuela.
Ahora se analiza la posibilidad de poner en marcha otro plan reparador, entre Fiscalía y la Universidad de Costa Rica (UCR), donde los infractores tendrán la obligación de recuperar la Quebrada de Los Negritos, en San José.
José Pablo González advirtió que la fiscalía no promueve las conciliaciones, sino que deben nacer de los imputados.
Agregó que el deber del Ministerio Público es buscar que el plan reparador sea de ejecución rápida y que beneficie a la comunidad donde se cometió el delito.
González advirtió que cuando el hecho es muy grave se buscará la sanción penal del infractor.
