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Tres de los cuatros expertos que analizaron la crisis la CCSS y emitieron 81 recomendaciones para su fortalecimiento señalaron a los diputados la necesidad de que la entidad aplique mecanismos de control y de rendición de cuentas a sus gerentes y mandos medios.
Ese fue uno de los razonamientos que Juliana Martínez, Pablo Sauma y Fernando Naranjo expresaron ayer a la Comisión Legislativa Especial de la CCSS, la cual busca alternativas legales para superar la crisis del seguro de salud.
Sobre la falta de controles, Naranjo mencionó que en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “hay actos que están fuera de la legalidad y nadie sale cuestionado”.
Para Martínez, el control interno en una entidad como la Caja es vital, debido al tamaño de la institución –tiene 48.000 empleados–.
“La única rendición de cuentas está hecha en función de presentarse a trabajar, pero no trabajar”, dijo la socióloga y experta en sistemas de salud pública.
Naranjo, por su parte, agregó que la falta de controles hizo sentir a los expertos “un deterioro muy marcado” dentro de la CCSS.
Como ejemplo mencionó la falta de auditorías y rendición de cuentas en asuntos como la alta mortalidad poscirugía cardíaca en el Hospital Nacional de Niños.
También hubo menciones de que la Caja decidiera hasta hace poco ampliar sus servicios en radioterapia, luego de pagar durante siete años $10,4 millones por la compra de tratamientos con acelerador lineal a una clínica privada.
Los expertos también insistieron en la renovación no solo de las gerencias, sino también de los directores que las componen.
“No se trata de solo cambiar a la gente, sino también de la cultura organizacional y la forma de hacer las cosas”, dijo Martínez.
Otros criterios. Los notables que asistieron al Congreso abordaron diversos temas de su informe. Solo se ausentó Rafael Carrillo, quien está fuera del país.
Sauma indicó que sus análisis arrojaron que la CCSS cometió errores al hacer estimaciones actuariales en diversos temas.
Uno de ellos fue la del pago de cesantía, ya que, al subirla de 12 a 20 años, la entidad no previó que, con ello, los desembolsos pasarían de ¢9.000 millones a ¢18.000 millones.
Por otra parte, los expertos también criticaron la falta de herramientas para medir el costo de sus servicios. “La Caja tiene un presupuesto más grande que el de toda Nicaragua; no es posible que no sepa cuánto cuestan sus servicios”, enfatizó Martínez.
