Ambas partes presentaron denuncias por altercado durante protesta del jueves

Policía y diputados se señalan mutuamente ante la Fiscalía

Legisladora del PAC alega exceso de fuerza por parte de oficiales en el sitio

Ministro de Seguridad defiende que acciones fueron apegadas a la ley

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      Durante la manifestación del jueves, la diputada de PAC, Carmen Granados, se subió a una unidad móvil de la Fuerza Pública. | EYLEEN VARGAS
Durante la manifestación del jueves, la diputada de PAC, Carmen Granados, se subió a una unidad móvil de la Fuerza Pública. | EYLEEN VARGAS ampliar

Las policías y los diputados enfrentados durante la manifestación del jueves llevaron , ayer, su disputa al Ministerio Público, donde se señalaron mutuamente.

Ambas partes alegan haber sido víctimas de agresiones durante la protesta en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), q ue resultó en 36 personas detenidas y más de ocho horas de caos vial en el centro de la capital .

Según la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Granados, oficiales de la Fuerza Pública la “tiraron al suelo” mientras intentaba negociar la liberación de manifestantes detenidos.

Los hechos ocurrieron luego de que Granados se subió en la tapa de una unidad móvil de la policía.

“Cuando yo me agarré (del carro), lo hice porque no me quería bajar y creí que estando ahí íbamos a negociar. Cuando siento que, más bien, me golpean o me tiran, no tenía palabras. Jamás me imaginé que fuéramos a llegar a ese límite”, aseguró la legisladora.

Asimismo, aseguró haber sido golpeada en una pierna, los brazos, hombros, codos y espalda.

Granados presentó su denuncia ayer junto con su compañero de fracción, Claudio Monge, y algunas personas adultas mayores que también dijeron ser víctimas del exceso de fuerza policial.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) presentó otra denuncia en favor de tres oficiales que también fueron heridos durante el zafarrancho.

Gabriela Gómez, una de las policías afectadas, aseguró haber sido víctima de agresiones por parte de dos legisladores.

“Claudio Monge me agarró del cuello y me hizo lanzada contra el pavimento. Así se desprendió mi casco y, en ese momento, sentí una patada en la cabeza”, relató Gómez, en una rueda de prensa.

Posteriormente, alegó, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, la pateó en la cabeza.

Esta misma versión la sostuvo la compañera de Gómez, Guiselle Zúñiga, quien asegura que fue lastimada en el cuello.

Se hicieron cinco llamadas al teléfono celular de Monge para conocer su opinión, ayer en la tarde, mas no contestó.

Sin embargo, el diputado Villalta rechazó enfáticamente las acusaciones en su contra.

“Esa es una mentira burda, es falsa, yo no agredí a nadie y más bien fui agredido por un policía que me pegó un garrotazo. Creo que es un montaje orquestado por sus jefes para enlodar mi nombre”, manifestó el congresista.

“Yo voy a poner medidas legales contra cualquier persona que esté diciendo eso, porque es claramente una declaración calumniosa”, agregó Villalta.

Además, aseguró que sí renunciaría a su inmunidad para enfrentar un eventual proceso.

Versión oficial. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, defendió las actuaciones de la Fuerza Pública y resaltó que los manifestantes impedían el libre tránsito, el cual es es un derecho consagrado en la Constitución Política.

“El operativo se hizo bajo estrictos modelos de protocolo. Se hicieron previsiones y advertencias a las personas que se estaban manifestando; sin embargo, hicieron caso omiso”, dijo Zamora.

Además, lamentó la “interferencia” de los diputados, quienes, asegura, impidieron que la policía cumpliera con su deber legal.

El ministro confirmó que quien estaba detenido en la patrulla en el momento del altercado con los diputados era un asesor del diputado Villalta, aunque no precisó el nombre. Asimismo, reiteró que no era factible negociar su liberación, pues sería ilegal.

Por su parte, el viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, aseguró que si hubo algún exceso, se tendrá que acreditar judicialmente.

“No pedimos un trato diferenciado. El nivel de intensidad de fuerza sufrida tanto por Fuerza Pública como las personas en el sitio, debe ser valorada por los Tribunales de Justicia y no por la opinión pública”, dijo Gamboa.

Según la Fuerza Pública, 5 de los 36 detenidos tenían antecedentes penales. No obstante, la oficina de prensa del Ministerio Público indicó ayer que no se abrieron causas por estos hechos.

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