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La incursión para extraer oro en la finca Vivoyet en Crucitas de Cutris, en San Carlos, no es simple iniciativa de peones que se internan en la montaña en busca de un mejor futuro. Al menos no en la mayoría de los casos.
El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, aseguró que en la zona hay líderes organizados que "meten" a los grupos para extraer el metal a cambio de una comisión.
Según Mata, a raíz de denuncias de diferentes entes y tras reuniones con la Fiscalía, en marzo de este año iniciaron una serie de incursiones que a la fecha han dejado unos 80 detenidos. Entre ellos, dijo, delincuentes con orden de captura.
En la zona también se han decomisado armas de fuego y varios cargamentos de mercurio que ingresaron de manera ilegal al país, así como otros materiales para la extracción de oro.
A pesar de estas circunstancias, Seguridad Pública advierte que sus acciones están limitadas a la investigación que sigue la Fiscalía. Además, añade el jerarca, la finca es propiedad privada.
"En marzo de este año, a raíz de denuncias de diferentes partes nos reunimos con el fiscal y otras autoridades, ahí se vieron varios temas: que es una propiedad privada, que la atención tenía que ser direccionada por la Policía (...). Gustavo Mata no puede irse a meter a esa finca si la Fiscalía no dice 'Vaya investigue'; sin embargo el Ministerio Público dio las directrices pertinentes de trabajo", afirmó el jerarca.
Dichas acciones incluyen operativos de la Policía de Fronteras, Policía de Migración y Fuerza Pública, como parte de un plan de 100 días que además abarcará problemáticas en otras comunidades del cantón alajuelense.
Vecinos de la zona aseguran que a la mina Crucitas hay centenares de hombres que dejaron trabajos y casa para sacar oro. Nadie precisa cuántos, pero señalan que son cientos.
En el camino a la mina, en el cerro Botija, se ven campamentos, carros de diversos tamaños y motos de los coligalleros, como verificó un equipo de La Nación.
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La actividad ha reactivado los negocios en los pueblos más cercanos. Incluso la pulpería de Crucitas reabrió, pues había cerrado tras la salida definitiva de la minera Industrias Infinito, hace unos dos años.
Gustavo Mata rechaza que haya una multitud. Dice que los últimos reportes recibidos hablan de unas 100 personas en la finca.
Más preocupaciones
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía habla de un análisis del impacto ambiental que la "fiebre del oro" está provocando en la montaña y los ríos en Crucitas, así como la legislación vigente en relación a la extracción de oro.
"Es un tema que nos preocupa muchísimo, hemos atendido a reuniones que el fiscal general nos ha convocado (...) nosotros nos comprometimos a analizar la situación de los ríos y el impacto ambiental que está provocando esta fiebre del oro y hacer una revisión de la legislación que existe sobre minería de oro pues de acuerdo con el Código Minero, la minería de oro es posible en algunos cantones y tiene que ser vía cooperativa", explicó el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez.
Uno de los principales desvelos, añade Gutiérrez, es el contrabando de mercurio que hay en la zona y la contaminación que esto genera.
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"No es una situación fácil, cuando usted tiene una actividad ilegal que genera muchos dividendos, es difícil pararla, hay que trabajar conjuntamente con municipalidades y asociaciones de desarrollo comunal", añadió.
Las preocupaciones de estos jerarcas no son suficiente para el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien lideró la demanda que al final dio al traste con la actividad minera de la empresa Industrias Infinito.
Araya, ahora candidato presidencial, dijo que la acción del Gobierno es poca, pues está seguro que ahí se cometen una serie de delitos más allá de la extracción ilegal del oro.
"Ahí hay narcotráfico, trata de personas, trabajo infantil, contaminación con mercurio, se está llevando el material a Abangares para procesarlo licitamente pero es oro obtenido de manera ilícita, se habla de un capo del oro, se paga en billetes de baja denominación, hay lavado de dinero", aseveró Araya.
Para él, la situación en la mina "se salió de control y va a estallar" porque cada vez es más la gente que ingresa, lo que podría agravar las disputas por territorios. Afirma que hay personas armadas con antecedentes penales, quienes serían los que brindan seguridad.
"Ahí hay gente que tiene información privilegiada, por eso yo digo que detrás de esto están los mismos intereses que quisieron meter a la empresa minera que lo que no lograron mediante el chorizo, lo quieren lograr mediante el caos (...) en cualquier momento puede haber una matazón por control de territorio", advirtió.
La semana antepasada, el fiscal feneral de la República, Jorge Chavarría confirmó en una reunión con ciudadanos que se abrió una investigación por extracción ilegal en la zona.
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En esa reunión el fiscal regional Alejandro Araya aclaró que buscan determinar si en Crucitas, a consecuencia de lo que se llamó la "fiebre del oro", se estén cometiendo otros delitos como trata de personas, proxenetismo y tráfico de sustancias prohibidas, como el mercurio, que se usa para separar el oro del lodo.
El cierre de la mina
En noviembre de 2011, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia emitió la última palabra al confirmar la anulación de la concesión para extraer oro de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, a la empresa Industrias Infinito, de capital canadiense.
La Sala confirmó un fallo, emitido un año antes, por el Tribunal Contencioso Administrativo, según el cual la concesión se dio de manera irregular.
Infinito llegó al país desde inicios de los 90 pero fue en 1999 cuando presentó la solicitud para obtener el permiso de extracción por un periodo de 10 años.
Aunque la consiguió en 2001, hubo una serie de cuestionamientos judiciales que supuestamente subsanó para 2008, cuando nuevamente le concedieron la autorización e incluso un decreto de interés público para la actividad, decisiones que dos años después quedaron sin efecto.
La firma hizo nuevos intentos para concretar su proyecto, en el cual invirtió unos $30 millones, pero el rechazo de una última gestión ante la Sala IV puso cerrojo al plan.
Infinito Gold, casa matriz de Industrias Infinito, planteó un reclamo por $93 millones contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington, Estados Unidos, el cual está sin resolver.
