EscucharLa nueva Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, llegó a la institución con 735 denuncias pendientes por resolver. Un mes después, el 100% de los casos están resueltos, según indicó la propia jerarca de la institución.
Las 735 quejas se acumularon en los más de dos meses que la Defensoría estuvo sin su máxima autoridad, luego de la salida de la anterior Defensora, Ofelia Taitelbaum.
Durante el tiempo que la institución quedó acéfala, las denuncias de los ciudadanos sobre la prestación de servicios públicos se recibieron e investigaron, pero no se dieron las recomendaciones, puesto que eso es un acto que sólo puede realizar el jefe de la entidad.
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Primer día de Monserrat Solano Carboni como jerarca de la Defensoría de los Habitantes. (Pablo Montiel)
Es necesario que cada caso tenga la aprobación de la Defensora de los Habitantes, para que la institución pueda dar una sugerencia a la institución o al funcionario público que fue denunciado por un ciudadano.
"Hay que dejar claro que durante esos dos meses la Defensoría no se varó, siguió trabajando, de ahí que muchas de las denuncias estaban listas para firmarse", explicó Solano.
Durante las cuatro semanas de trabajo que acumula la Defensora de los Habitantes, ingresaron 277 reclamos nuevos. En total, se han estudiado 1012 casos, de los cuales faltan 31 por resolver.
La mayoría de quejas están relacionadas con el Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), las municipalidades y temas laborales del Ministerio de Educación Pública (MEP).
"Uno de los principales problemas son los trámites, que retrasan la entrega de documentos por falta de un sello o una firma", destacó la Defensora.
La periodista y abogada Montserrat Solano asumió la cabeza de la Defensoría de los Habitantes el 23 de septiembre pasado, luego de haber sido escogida por una mayoría de los diputados en el plenario legislativo.
Según el departamento de prensa de la institución, la Defensoría recibe diariamente un promedio de 100 solicitudes de intervención a través de sus diferentes canales de consulta. Muchas de ellas se resuelven de manera informal como una llamada telefónica a la entidad pública correspondiente.
