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Aumentar sanciones, definir dentro de rangos de edades lo que es una relación ilegal y prohibir el matrimonio con y entre personas menores de edad son los principales cambios que busca el proyecto sobre relaciones impropias, votado en primer debate el pasado lunes en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, impulsar un cambio social en ese tema no será tarea fácil. Según autoridades y especialistas, más allá de los cambios legales —que consideran urgentes— la educación, la concientización, la lucha contra la pobreza y la capacitación judicial serán vitales.
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Como explica la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, estos aspectos se vuelven fundamentales porque en el país existe una cultura que normaliza las relaciones entre personas adultas y menores.
"Se ve como algo aceptable y no como algo que deba ser sancionado (...) la ley es un primer paso hacia eso, pero tiene que haber un proceso educativo que empieza desde la casa rompiendo con esquemas machistas", afirma Solano.
De acuerdo con la defensora, esa normalización también está relacionada con el tema de la pobreza, pues hay padres que no se oponen a ese tipo de relaciones con tal de procurar una mejor condición de vida para sus hijos y para ellos mismos.
"El gran reto es cómo le damos a las niñas la posibilidad de tener un proyecto de vida propio, sin tener que buscar a través de estas relaciones una forma de manutención".
Según Solano, el país también debe brindar herramientas a los educadores desde su formación, con el fin de que se capaciten en temas de derechos humanos y puedan transmitir un buen mensaje en las aulas.
"Los cambios sociales necesitan un tiempo, pero también necesitamos una sociedad que reflexione sobre las consecuencias", explica.
Por su parte, la socióloga Monserrat Sagot, coincide en que el cambio debe darse en otros niveles de la sociedad y no solo desde el aspecto judicial.
"Una ley lo que hace es enviar a la sociedad un mensaje positivo de que esas cosas no deberían darse y es un inicio a un cambio cultural, pero los cambios culturales no vienen aparejados a una ley , es un proceso que apenas inicia (...) no va a haber una transformación cultural de la noche a la mañana".
"Hay cosas básicas como crear consciencia de que el lugar de las niñas y adolescentes es la educación (...) de reforzar el papel de los niños y adolescentes a dónde es que tienen que estar y de que no hay que obligar a nadie a entrar a la adultez", añadió Sagot.
Pobreza, violencia y abandono de estudios
Tanto Mora como Sagot aseguran que este tipo de relaciones impiden romper con los círculos de pobreza, pues al encontrarse en unión libre o matrimonio a corta edad, las jóvenes dejan en un segundo plano el sistema educativo y con él la posibilidad de forjarse un mejor futuro.
La jueza de Familia Maureen Solís comparte el mismo criterio y explica que el matrimonio antes de los 18 años tiene implicaciones serias en lo social, como la pérdida de la condición de la persona menor de edad y por ende de todos los derechos que los protegen, por ejemplo el de recibir los alimentos por parte de sus padres.
"Podemos encontrar un papá que dé la autorización para quitarse la responsabilidad de brindarle los alimentos", citó la jueza a modo de ejemplo.
Todo esto sumado a las responsabilidades que adquiere el menor al casarse, fomenta la dependencia hacia la pareja, pues no podrá trabajar y las obligaciones del hogar terminarán provocando el abandono de los estudios.
Otra de las implicaciones de las uniones impropias es que las relaciones entre adultos y menores de edad fomentan la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con la jueza, existe suficiente evidencia científica de que las personas menores no tienen el cerebro completamente desarrollado para detectar situaciones de abuso.
Sobre ese mismo criterio, el asesor legal del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Omer Badilla añadió que las personas adolescentes no están preparadas para tomar decisiones complejas.
"Su desarrollo neurológico está en proceso (la maduración del cerebro está incompleta). Por esta razón, se debe acompañar a los y las adolescentes en la formación de sus capacidades, y evitando que se expongan a condiciones de riesgo",indicó .
Según el último Censo de Población y Vivienda, el 8,6% de las niñas y adolescentes mujeres entre los 12 y 19 años dijo haber estado alguna vez en algún tipo de convivencia conyugal (7% en unión y 1,3% casadas) . De estas, el 74% no se encontraba dentro del sistema educativo.
Capacitación
Según Solís, otros puntos que serán fundamentales para lograr el éxito de la ley son la divulgación de su contenido y la capacitación de las autoridades judiciales.
"El éxito de esta ley no radica en la ley misma, sino en su divulgación", apuntó la jueza de Familia.
"Si las autoridades judiciales no recibimos capacitación sobre esta ley, puede tener tropiezos en su aplicación práctica, necesitamos cambiar la percepción que tenemos del enamoramiento y de que eso no justifica ni autoriza el abuso de personas menores de edad", enfatizó Solís.
Polémica aprobación
Para que la ley presentada desde el 30 de setiembre del 2014 en el Congreso recibiera primer debate, el texto debió superar una serie de escollos y mociones que terminaron modificando algunos de los puntos claves, como el tema de los rangos de edad.
Para "salvar" el texto, los diputados aceptaron bajar la pena en un año para las relaciones impropias con menores entre 15 y 18 años, además aumentaron en dos la diferencia de edad que tipifica el delito.
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El texto original del plan expediente 19.337 castigaba las relaciones entre un menor de 15 a 18 con un adulto cinco años o más mayor, con una pena de dos a cuatro años de cárcel. Ahora, para que la relación se declare impropia, la diferencia de edad deberá superar los siete años y la pena será de dos a tres años de prisión.
El cambio en la pena implica que los adultos que cometan este delito no vayan a la cárcel, pues la legislación permite que el juez otorgue el beneficio de la ejecución condicional de la pena en condenas de menos de tres años de prisión.
Uno de los diputados que ha manifestado su oposición al proyecto es el libertario Otto Guevara, quien incluso aún intenta frenar que se apruebe en un segundo debate.
Guevara ha manifestado que la iniciativa violenta el principio de igualdad, porque se establecieron diferentes rangos de edad para definir cuando se comete un delito. Además, asegura que la aplicación de esta normativa implica una gran inversión de recursos públicos.
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Actualmente, Guevara está procurando la recolección de firmas para enviar el proyecto a una consulta facultativa a la Sala Constitucional.
De presentarse dicha consulta, la votación del segundo debate se atrasaría cerca de un mes.
En contraposición, a criterio de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Alejandra Mora, la iniciativa simplemente lo que busca es colocar la responsabilidad en la persona adulta y uniformar la capacidad jurídica de los menores de 18 años.
"Los adultos tienen la responsabilidad de saber con quién están", afirmó Mora.
Además, según Mora, se elimina la posibilidad a nivel jurídico de la discusión sobre si hay o no consentimiento, pues al fijar rangos de edad (cinco años máximo de diferencia cuando se trata de menores de 15 años y siete años cuando son jóvenes de entre 15 y 18) no hay posibilidad de subjetividad para determinar cuándo se está ante una relación impropia.
"Puesto así lo que estamos es quitando la capacidad jurídica de actuar de las personas menores de edad y sentando la responsabilidad en los adultos y no en las menores a quienes todavía les falta madurez y así también disminuir el el espejo donde esta sociedad no quiere verse reflejado que es en la cantidad de niñas y adolescentes que se convierten en madres", explicó Mora.
De acuerdo con los datos del Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, entre el 2009 y el 2013 hubo 66.459 nacimientos en donde las madres tenían entre 15 y 18 años. Mientras que en ese mismo período 2.400 niñas entre los 10 y 14 años también se convirtieron en mamás.
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En este punto, Mora destacó que también en ese informe se menciona que en esos cuatro años solo se registraron 26 casos donde los papás de esos bebés eran menores de 15 años, lo que evidencia que un alto porcentaje de los embarazos adolescentes son producto de las relaciones impropias.
