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Privados de libertad se reincorporan a la sociedad todos los meses del año. Ya sea porque cumplieron su pena o porque se reubican en nuevos regímenes, por ejemplo.
Según cifras del ministerio de Justicia, unos 793 reclusos, hombres y mujeres, en promedio, se contabilizan por mes como egresados del sistema penitenciario nacional a setiembre de este año.
Las preguntas surgen en seguida: ¿Tienen ellos las herramientas necesarias para volver a ser parte de un mundo que les ha sido ajeno por días, meses o años? ¿Está la sociedad dispuesta a tender una mano para que puedan empezar a hacer un cambio?
El tema atiza las redes sociales y la discusión pública, como quedó en evidencia cuando el Ministerio de Justicia emitió una directriz, más tarde suspendida, que trasladaría a un grupo de privados de libertad ya condenados hacia un régimen semiinstitucional en el que solo pasan una noche a la semana en un centro penal.
“Esto es una burla más al pueblo, si hubiese un programa de inserción serio lo pensaría, pero aquí en Costa Rica no existe eso”, se lee en un comentario de la red social Facebook tras el anuncio del órgano.
Poco más de 50 grupos activos de voluntarios se hacen esos mismos cuestionamiento desde el intelecto, pero lo responden desde el corazón.
La fundación El Arte de Vivir es uno de ellos. Imparten cursos de técnicas de meditación y respiración desde el 2013 en dos centros penitenciarios del país: la cárcel de mujeres El Buen Pastor y la cárcel de San Sebastián.
Justamente a este último centro llegaron por primera vez en setiembre pasado y preparan una segunda entrega de los cursos para finales de noviembre. En total, contabilizan que las técnicas han llegado a poco más de 100 privados de libertad.
“Dar cursos en la cárcel son parte de los proyectos sociales que tiene la fundación. Ofrecer cursos al público en general y todo el dinero que la gente invierte en ellos van destinados a este tipo de programas”, mencionó Diana Lucía Salas, instructora certificada para impartir las técnicas en los centros penales y quien también es periodista a tiempo completo.
Desde los cursos se pretende que los privados reduzcan sus niveles de estrés, ansiedad y depresión. En fin, buscan convertirse en una herramienta para que los privados puedan controlar las emociones y abandonar hábitos indeseados.
Juan Gabriel Solano, de 30 años, quien espera sentencia por un homicidio simple desde hace un año y seis meses, es uno de los beneficiados del programa.
El hacinamiento ha marcado su estancia, y contener la ira ante un simple empujón ha sido la prueba de fuego para lo aprendido.
En el sur
La cárcel de San Sebastián, que atiende población en espera de una sentencia, cuenta con una sobrepoblación de cerca de 600 internos, tónica que marca la dinámica poblacional de los programas institucionales del país.
Mientras la capacidad de alojamiento de las cárceles en Costa Rica es de 9.130 privados de libertad, hasta setiembre se alberga una población de 13.954 (equivalente al 53% de la capacidad permitida).
“La he estado caneando bien, como dicen. No paso tan estresado y cada vez que me estreso busco hacer algunas de las prácticas que nos dieron. En la calle ni por la mente me pasaba que estos cursos existían”, dijo este hombre, quien tiene esposa y es padre de una bebé de cuatro años.
A los cursos de El Arte de Vivir también se le suman otros espacios de esparcimiento y aprendizaje, como talleres para el control de drogas y violencia, que son impartidos por otros grupos de voluntarios dirigidos por el Departamento de Orientación de la institución.
“No pretendemos la reinserción del privado de la noche a la mañana, pero sí buscamos que vean más allá, que piensen en algo más antes de volver a delinquir”, comentó Leonardo Morales, psicólogo de San Sebastián.
Es oportuno mencionar que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, no existe información estadística sobre las tasas de reincidencia en el país.
Más apertura
Desde Adaptación Social son concientes de que este tipo de programas deberían de instalarse con más fuerza en los centros penitenciarios y le guiñen un ojo a todo aquel grupo que quiera brindar su colaboración.
Claro está, la rigurosidad para aprobar la entrada de este tipo de programas requerirá de la paciencia de los interesados.
Reynaldo Villalobos, director de esa cartera, aseguró que en un periodo máximo de 15 días las instituciones que quieran involucrarse podrán contar con una autorización, pero no se descarta que el proceso pueda tomar más tiempo.
“La rehabilitación no es un acto mágico. Tenemos que entenderlo como un acto de voluntad de la persona de no querer delinquir más, pero esto puede generar herramientas que les amplíe el horizonte de oportunidades”, agregó Villalobos.
Así, otorgarles a estos seres humanos una mayor calidad de vida en sus años de pena y brindarles más herramientas para que logren dar un viraje a su conducta pareciera ser entonces un imperativo. revistadominical@nacion.com
