Escuchar
En la Universidad de Costa Rica (UCR), un trabajador con solo un año de laborar en esa institución gana el derecho a 16 días de vacaciones anuales.
Además, este casa de estudios superiores le aumenta a cada empleado un 5,5%, sobre el salario base, por cada año laborado. Esto es lo que se conoce como anualidad.
Precisamente, estos dos rubros, contenidos en la convención colectiva de la UCR que cobija a 9.537 funcionarios, son los que más atizan el debate entre la administración y el sindicato de empleados (Sindéu).
Henning Jensen, rector de la UCR, denunciará en los próximos días la actual convención, que tiene vigencia hasta marzo del 2017. Actualmente, trabaja en la elaboración de un documento que presentará como propuesta de negociación.
Por año, esta convención colectiva le cuesta unos ¢42.000 millones a ese centro de enseñanza superior.
El pasado 10 de octubre, la fracción legislativa del Movimiento Libertario presentó una acción de inconstitucionalidad contra las cláusulas “abusivas” de la convención referidas a anualidad, vacaciones, permisos con goce de salario para estudios, para actividades sindicales y permisos por matrimonio.
Jensen explicó que en la propuesta para negociar el acuerdo laboral, planteará que se revise el tema de las vacaciones; en este momento, quienes tienen entre seis a 10 años de laborar en la UCR tienen derecho a 23 días de descanso al año; los que tienen más de 10 años disfrutan de 30 días anuales.
Para Jensen, aparte de ese rubro, el tema de las anualidades es otro que es necesario sacar al debate.
Desde agosto del 2015, el rector ha señalado la urgencia de hacer un recorte a ese beneficio ya que, de no hacerlo, “podría poner en riesgo la estabilidad financiera de esa casa de estudios”.
En ese entonces, Jensen indicó que, para hacer esa afirmación, se basó en cinco informes internos de la UCR.
En la convención colectiva, la anualidad está en un 3%. Sin embargo, un acuerdo del 2009 avalado por el Consejo Universitario incrementó ese beneficio a 5,5%.
“Este acuerdo del Consejo puede ser derogado. Propongo que se regrese al 3% que está contemplado en la convención y que luego ese porcentaje sea negociado con el sindicato”, dijo Jensen.
Si eso se lograra, la UCR estima un ahorro por año de unos ¢8.000 millones en el pago de anualidades.
Se está a la espera de que el Consejo agende para las próximas semanas la discusión del tema de la anualidad y revise el acuerdo del 2009.
Ni un paso atrás. El secretario de Resolución de Conflictos de Sindéu, Rodrigo Aymerich, expresó que van a esperar a que la administración formalice su plan. Sin embargo, advirtió que el tema de las anualidades “no será negociado a la baja”.
Aymerich manifestó que, si bien en la convención se estipula una anualidad de 3% y que fue un acuerdo del Consejo el que la aumentó, el artículo 76 de la misma convención indica que toda mejora hecha por las autoridades “queda incorporada como un derecho”.
“Discrepamos de que el acuerdo pueda ser derogado. El aumento es un derecho laboral consagrado. Tenemos claro que no podemos negociar la anualidad a la baja, el rector no nos ha dado una razón de que las anualidades afecten la estabilidad financiera de la universidad ¿Por qué, si estamos en crisis, la administración solo quiere recortar en salarios y no en otros rubros?”, cuestionó el secretario.
El sindicalista se refiere a los gastos que hace la institución en aspectos como capacitación y protocolo; viajes y, en alimentos y bebidas. Aymerich aseguró que, en lo que va del 2016, la UCR ha gastado ¢1.290 millones, ¢600 millones y ¢317 millones en estos rubros, respectivamente.
Otros cambios. Jensen explicó que también se van a revisar los días de permiso con goce de salario que tienen los funcionarios para estudiar y los días de permiso que se le da a los miembros del sindicato para sus actividades.
“Además, se van a incorporar nuevos derechos, por ejemplo, otorgar más días para la licencia de paternidad, pasarlo de dos a 10. El derecho a la lactancia materna; en este momento no se estipula el periodo de lactancia, proponemos que sea de dos años.
”Se va a introducir el derecho a asistir a una persona enferma por parte de su pareja, no su cónyuge como dice en la actualidad. Queremos reconocer derechos y ser más inclusivos”, detalló el rector sobre la futura propuesta.
