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Un modelo de educación dual en el que los colegiales puedan estudiar y trabajar a partir de los 15 años encendió la polémica entre empresarios y sindicatos.
El sector productivo afirma que es necesario aprobar el proyecto de ley 19.019 para regular este tipo de formación, pero los gremios se oponen al modelo y lo tachan de esclavista.
“No entiendo por qué se oponen a un proyecto que beneficia tanto al estudiante, si son oportunidades de empleo”, dijo Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
El sector productivo defiende que el proyecto abre oportunidades para que los jóvenes se incorporen con mayor facilidad al mercado laboral y en puestos que las empresas requieren.
El año pasado, el estudio La escasez de talento continúa, realizado por la firma Manpower Group, reveló que un 51% de 620 empleadores costarricenses expresó dificultades para conseguir personal idóneo.
No obstante, los sindicalistas del Magisterio Nacional señalan que la propuesta de educación dual tiene la intención de contratar mano de obra barata, además que lleva el riesgo de propiciar deserción estudiantil.
“Estamos en contra porque esto viene a desmejorar la educación. Nos preocupa el papel que juega el subsidio que van a recibir los estudiantes, porque con eso se pueden quedar en la empresa y no regresar a las aulas”, afirmó Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).
Según el proyecto de ley, el beneficio económico es de un 30% de salario mínimo para el primer año (equivalente al puesto en el que se está capacitando); un 40% para el segundo año y, si se extiende para un tercer año, el beneficio sería de un 50%.
En Costa Rica, los convenios que hoy se basan el modelo de educación dual se amparan en la Ley de Aprendizaje de 1971.
Limitaciones. La falta una normativa específica sobre el vínculo entre la empresa, el centro educativo y el estudiante, estanca la puesta en práctica en el país de este esquema educativo.
“El parque industrial tiene la mejor disposición para participar en esta formación. Ante la carencia de una ley que regule el tema, surgen temores en cuanto a la relación que se establece entre el practicante y la empresa”, explicó Minor Rodríguez, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
La presidenta de la Asociación Nacional de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Ana Doris González, dijo que se oponen a la iniciativa porque cede la rectoría del modelo educativo a una comisión interinstitucional y no al Consejo Superior de Educación (CSE), como está establecido por mandato constitucional.
“No vamos a apoyar un proyecto que lo que hace es poner las instituciones del Estado al servicio de la empresa privada y que hace a un lado al Consejo Superior de Educación. Este proyecto nos coloca frente a un estilo neoliberal que lo que busca es contratar mano de obra barata”, afirmó la dirigente gremial.
A la fecha, los colegios de educación técnica o de secundaria vocacional son los ejemplos que más se acercan a este modelo de formación dual.
Sin embargo, en los esquemas duales, un estudiante podría destinar a la práctica en la empresa, dos terceras partes de su tiempo para el aprendizaje.
“La empresa se pone al servicio de los estudiantes y de los centros educativos, mediante los activos y la experiencia de su personal. Es una relación ganar-ganar mediante alianzas entre sector público y privado”, defendió Jiménez, de la Uccaep.
Convenio. El 11 de junio, durante una visita a Alemania, el presidente Luis Guillermo Solís y la canciller alemana Ángela Merkel acordaron la llegada a Costa Rica de un “equipo de alto nivel” con el fin de compartir prácticas del modelo de educación dual.
Para el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) este acuerdo se traduce en una “explotación solapada” de los estudiantes.
“El modelo dual se pretende imponer en nuestro país de manera mecánica y ortodoxa. El proyecto de ley es digno de los mejores tiempos de la esclavitud”, dijo Gilbert Díaz, presidente del SEC.
Se intentó conocer la versión del Ministerio de Educación Pública (MEP); sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta a la consulta.
