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Dirigir la huerta de la escuela, atender a alumnos con problemas de aprendizaje o coordinar las cooperativas estudiantiles son algunas de las tareas por las que los maestros reciben pagos adicionales.
Además de esos "recargos" hay que sumarles incentivos por laborar en liceos rurales, zonas pobres, así como la calidad de su desempeño (anualidad).
Juntos, estos dos tipos de sobresueldos, que se le pagan principalmente a docentes, alcanzan un monto de ¢447.000 millones, el 35% de lo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) invierte en salarios.
El presupuesto del MEP para remuneraciones de este año es de ¢1,2 billones (incluidos recargos e incentivos). Ese monto es casi la mitad del presupuesto total de la institución: ¢2,5 billones.
El recargo es una compensación económica que se paga al docente o funcionario por haber trabajado más horas o por realizar tareas más allá de la responsabilidad contractual.
Actualmente, el MEP paga 50 tipos de recargos. La mayoría otorga un 50% adicional del salario base.
Entre los recargos están impartir lecciones de 60 minutos (al que se destinan ¢15.000 millones al año); participar en comités de evaluación (¢4.000 millones); trabajar en un aula virtual (¢53 millones); ser promotor deportivo (¢52 millones) o hacer labores administrativas en la dirección (¢1.720 millones).
Además, se cancela un monto adicional por laborar en escuela laboratorio (¢311 millones) o coordinar alguna sede de educación abierta (¢527 millones), entre otros.
En el presupuesto del 2017, esos 50 recargos le costaron al MEP ¢52.000 millones, según el Ministerio. Se le solicitó indicar cuántos funcionarios lo reciben, pero enviaron la información incompleta.
Por la vía del recargo, el MEP remunera de manera diferenciada a los directores de secundaria, pues les paga según la cantidad de estudiantes matriculados. Los directores de colegios que tienen de 100 a 200 estudiantes reciben una recompensa adicional de un 30% del salario base; entre 201 y 300 estudiantes un 40% y con matrícula superior a 300, un 50%.
En el caso de los incentivos, es la anualidad que más peso tiene en el presupuesto del MEP. Este año, el rubro significó ¢164.000 millones.
En 2016, solo 43 de los 79.823 empleados del MEP no recibieron este plus que se paga por tener un buen desempeño, ya que en la evaluación de sus jefes los calificaron con "inaceptable", "insuficiente", "deficiente" o "regular".
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Los otros incentivos que se dan son por la restricción al ejercicio liberal de la profesión; el zonaje, que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como "incómodas o insalubres", o el llamado Índice de Desarrollo Social Relativo (IDS) que se reconoce a quienes laboran en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico.
El MEP, junto con los sindicatos, negocian para el otro año el incentivo por "peligrosidad", que dará un pago adicional a quienes laboran en zonas con riesgos de inundaciones, erupciones volcánicas, enfermedades virales, alta delincuencia, embarazo adolescente, mortalidad infantil o falta de agua potable. Aún se desconoce cuánto costará al Estado ese sobresueldo.
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Sin medición
El Quinto Informe del Estado de la Educación dedicó todo un capítulo a analizar la vinculación de los recargos e incentivos con el desempeño del docente.
Según el informe, por la vía de recargos e incentivos el salario aumenta de manera importante, alrededor del 70% en relación con el sueldo base.
Lo primero que llama la atención de los investigadores del Estado de la Educación es que todos los recargos están ligados al salario base, o sea, son pagados a los educadores que participan en dichas actividades, "desligados de cualquier medición de desempeño".
Por ejemplo, el MEP paga un recargo de un 50% a 198 funcionarios por usar el Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD), en donde los docentes registran la información de estudiantes, matrículas y horarios. Sin embargo, Lilliam Mora, directora de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, dijo que la institución no cuenta con un dato estadístico para evidenciar los resultados directos de PIAD en la población estudiantil.
"Se conoce de muchas experiencias exitosas de implementación del PIAD en los centros educativos, que ha impactado positivamente su gestión curricular y administrativa", dijo la funcionaria.
El Estado de la Educación señala que en Costa Rica la cultura del recargo se asocia, en gran medida, con la remuneración de labores que compiten con el tiempo docente y le restan efectividad al educador.
"Como resultado de una cultura que privilegia el recargo, el tiempo de los docentes se encuentra saturado, lo cual incluso compromete la calidad de su compromiso académico y hasta su vida extra laboral. El sistema motiva a participar en todo tipo de comités y premia mezclar lo docente con lo administrativo. Las buenas prácticas internacionales sugieren todo lo contrario, incluso liberar al maestro de cargas de tipo administrativo para que se concentre en su función docente.
"Muchos (recargos) obedecen a viejos programas que en su momento respondieron a un contexto nacional restrictivo en materia de inversión educativa y algunos de ellos persisten sin que haya mediado un proceso de evaluación", explica el informe.
Además, indica que el sistema de recargos propicia desigualdad a todo nivel (entre categorías salariales, programas y puestos) y según ellos, la búsqueda de la oportunidad del recargo desestimula cualquier iniciativa tendiente a hacer más eficiente el uso del tiempo del educador.
Con respecto a la anualidad, el informe critica que, si bien es un incentivo se debe dar por el buen desempeño, actualmente, solo se da por el simple hecho de permanecer más años en el puesto.
"La anualidad apela a la atracción y permanencia, no obstante la reciben todos los empleados públicos sin ninguna distinción y ello erosiona la capacidad para motivar a individuos de otros sectores a optar por la educación. La carrera profesional y la dedicación exclusiva pueden ser ligados con objetivos de profesionalización y acreditación, no obstante estos instrumentos, al igual que el resto, están carentes de verificación y seguimiento", añade el análisis.
En el caso de los incentivos de zonaje y del IDS se recomienda que sean revisados, ya que según el Estado de la Educación, muchos educadores continúan recibiendo zonaje a pesar de que tienen años de residir en la comunidad rural.
Precisamente, el MEP estudia una transformación de esos incentivos para pagarlos por centro educativo y no por distrito.
El informe incluso recomienda que, en el contexto de crisis fiscal del país, el MEP "debería apelar a factores no financieros" para el diseño de un nuevo programa de incentivos y recargos a la educación y de vincularlos con resultados.
Para Ricardo Molina, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), los recargos e incentivos se han logrado "a través de luchas" para tener salarios "mínimamente dignos".
"La mayoría no fueron obsequiados, se luchó por ellos. Los docentes no tienen grandes salarios, ni salarios de lujo. Después de 25 y 30 años de trabajo con la anualidad, apenas se va llegando a salarios medianos. Los recargos son casos bien particulares, si un compañero trabaja en educación especial, es justo. No consideramos que los docentes estén en un régimen de privilegios", manifestó el sindicalista.
La Nación envió preguntas al presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, pero no respondió los mensajes.
El Ministerio de Educación Pública es la institución que más incentivos paga; además, tiene la planilla más grande del país.
