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En las aulas de escuelas y colegios de Costa Rica, cuatro de cada 10 estudiantes se quejan de que sus profesores los ofenden con malas palabras, burlas frente a sus otros compañeros o golpes.
El dato se desprende de una encuesta que realizó la firma Unimer para el Estado de la Educación, en el 2012, que señala que los adultos también protagonizan conflictos contra los menores de edad, en los centros educativos.
La muestra para esta investigación fue de 801 estudiantes de diferentes centros educativos del país. La investigadora Valeria Lentini concluye que las ofensas verbales, los robos y los golpes son las formas más comunes de agresión por parte de los docentes.
La Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP) señala que la cantidad de denuncias por agresión de docentes hacia los estudiantes va en aumento. Solo en el 2013 recibieron 750 quejas, mientras que en el 2012 la cifra apenas llegó 500.
“Hubo un caso de una docente que le quebró los dientes al estudiante. Otro le golpeó la cabeza al estudiante sobre el pupitre. Les dicen burros, tontos, que no sirven para nada, los humillan frente a los otros compañeros. Todas esas formas de agresión son repudiables”, dijo Rocío Solís, viceministra administrativa del MEP.
Según la encuesta de Unimer, en un aula promedio de 30 alumnos, hay cuatro estudiantes que son víctimas ocasionales de profesores y uno que es víctima frecuente. La mayoría de estudiantes agredidos son de las zonas rurales y principalmente estudiantes de sétimo y octavo años.
Sin embargo, la mayoría de quienes formalizan una denuncia contra el docente en el MEP o en la vía penal son de la Gran Área Metropolitana (GAM).
“Hay estudiantes que no denuncian por miedo a represalias. Ese miedo es mayor en las zonas rurales. Ahí es donde el MEP hace un llamado a que los directores y los orientadores cumplan la función de conciliar y reportar este tipo de conflictos en las lecciones”, agregó la viceministra Solís.
Una vez que el MEP recibe la denuncia, llama a una conciliación entre los padres de familia, el director del centro educativo y el profesor denunciado. De los casos atendidos, un 80% se resuelve mediante esta vía, mientras que un 20% pasan a la vía judicial.
“Procuramos que el conflicto se resuelva aquí mismo, para eso estamos los directores. Tenemos que manejar una posición neutral y que el estudiante tenga la seguridad para presentar la queja. Ante un conflicto hay que escuchar a las dos partes y solucionar”, dijo Iván Ceciliano, director del Liceo Luis Dobles Segreda, en La Sabana.
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Alarmante. Las denuncias que van directamente al MEP son aquellos casos donde el niño o adolescente denuncia violencia sexual. El año pasado hubo 96 y dos casos se reportó que el profesor los obligaba a ver pornografía.
Sonia Parrales, del Colegio de Profesionales en Orientación, señaló que el docente tiene la carga de no perder el control en el aula y que las autoridades del colegio junto con el orientador deben velar por la conciliación en el conflicto.
“La solución no es aislar al estudiante de la clase, sino ver de qué forma se puede solucionar el conflicto. Hay que evaluar también la situación en que ingresó a trabajar el docente”, explicó Parrales.
La viceministra Solís reconoció que, a la fecha, los educadores no pasan por ningún filtro en la contratación que mida su estado psicológico ni su aptitud para tratar con niños o jóvenes.
En el Colegio Rincón Grande de Pavas, el director Rolando Solano dijo que durante la primera semana de lecciones del año, organiza a su equipo de docentes para advertir sobre el respeto a los alumnos.
Un 16% de los estudiantes ofendidos también denuncian discriminación por nacionalidad, religión, nivel económico, preferencia sexual, discapacidad o etnia.
“Un docente puede decir que fue una broma, pero ese chiste puede resultar ofensivo para el estudiante. Hay que mantener la línea de respeto”, manifestó Solano.
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