EscucharEl Movimiento Libertario, el PLN y el PAC llegan a las elecciones del 2 de febrero arrastrando acusaciones penales por presuntas anomalías en el manejo financiero de sus respectivas campañas en el 2010.
Los casos podrían ser juzgados en los tribunales a partir de este año; en ellos se debatiría sobre si hubo delitos como estafa, uso de documento y donaciones ilegales.
Las acusaciones pesan sobre altos dirigentes, funcionarios y exfuncionarios de estos partidos.
En el caso del Libertario, el Juzgado Penal de San José fijó para el 9 de julio la audiencia preliminar para decidir si eleva el caso a juicio, luego de que el Ministerio Público acusara en agosto al extesorero, al contador y a un expersonero de la agrupación.
La Fiscalía les atribuye haber cobrado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ¢240 millones en la deuda política del 2010 por 190 capacitaciones ficticias.
Entre los acusados, figura el exdiputado Ronaldo Alfaro, tesorero en el 2010 y actual vicepresidente.
“Nosotros no creemos que esto tenga ninguna incidencia (en la campaña actual) puesto que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, declaró Danilo Cubero, presidente del Libertario.
El diputado añadió que el dinero de las capacitaciones nunca entró a las arcas del partido.
En cuanto a Liberación Nacional (PLN), la Sala III de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados Óscar Alfaro y Antonio Calderón, luego de que, en febrero del año pasado, el Ministerio Público les achacó haber hecho una donación ilegal al PLN.
El levantamiento de la inmunidad no ha sido aprobado en el plenario legislativo, aunque Calderón renunció a esta desde mayo.
Si el fuero no es levantado antes de que venza el periodo de estos legisladores, el 30 de abril, el caso ya no lo juzgaría la Sala III, sino que pasaría a los tribunales ordinarios, confirmó el Poder Judicial.
Según la acusación, ambos diputados propiciaron que el PLN usara sin costo como club de campaña, en San José, un edificio propiedad de una sociedad anónima de Alfaro, pese a que el Código Electoral prohíbe contribuciones de personas jurídicas.
Poco común. Para Bernal Jiménez, presidente del PLN, el caso de su partido no influye en la elección actual. “Yo creo que eso es poco conocido, como en realidad esas acusaciones a veces son difíciles, no son delitos comunes”, dijo.
“La gran discusión es si (el local) era de una empresa privada o era personal. ¿Cuál delito hay ahí?”, cuestionó el jerarca de Liberación.
“Yo no creo que eso afecte mucho. Se presenta en la prensa como si fueran grandes defraudaciones. Claro que yo estoy contento de que el TSE haya establecido estrictas normas y, al menos en mi partido, hemos avanzado inmensamente en el manejo ordenado de la campaña”, añadió el liberacionista.
En cuanto al PAC, la acusación fue presentada en diciembre porque, según la Fiscalía, el extesorero Maynor Sterling y otro funcionario defraudaron al TSE al cobrar gastos inexistentes en una partida llamada “servicios especiales”, en la que se habrían incluido contratos con personas que trabajaban para el partido de manera voluntaria.
El Ministerio Público informó de que presentará la causa al Juzgado Penal de San José una vez que los imputados sean notificados del reclamo civil que decidió hacer la Procuraduría General.
Olivier Pérez, presidente del PAC, sí estimó que la acusación hace que algunas personas se sientan mal con su partido, porque no conocen el contenido del asunto.
Señaló que el caso no ha sido elevado a juicio y que todavía falta mucho para determinar si se cometió un delito. Eso sí, agregó el dirigente, el Partido está convencido de que no hubo ilícito y de que los acusados serán absueltos.
“Para que usted cometa delito, usted tiene que saber que lo hace, que se prohíbe y que lo haga de mala fe. En este caso, hay dudas sobre varios puntos de eso”, dijo Pérez.
La Fiscalía revisa otra denuncia del TSE contra el PASE por estafa y una contra el PLN por supuestos alquileres falsos de autos.
