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San Carlos, Frontera Norte. Ya sea por la tensión política o por la falta de mantenimiento y demarcación de la frontera, los ciudadanos costarricenses manifiestan ser objeto de presiones y malos tratos por parte de autoridades policiales de Nicaragua.
A esto se suman las pésimas condiciones de la trocha fronteriza, lo que obliga a los lugareños a utilizar el río San Juan para desplazarse por la zona, quedando a merced de la actitud, a veces caprichosa, según testigos, de los oficiales fronterizos nicaragüenses destacados allí.
El 26 de junio, un grupo de militares nicaragüenses le impidió a nueve miembros de una cooperativa agroturística de Boca Tapada navegar por el río San Juan para trasladarse hasta Chorreras de Cutris, con el fin de visitar un proyecto de esa índole.
Los oficiales destacados en un puesto de control frente al San Juan, a la altura de Boca San Carlos de Pital, les exigieron un carné de trabajo; un requisito que, según los afectados, era la primera vez que se les pedía.
Casi un mes después, el 19 de julio, en el mismo puesto de control, los mismos militares detuvieron a dos vecinos de Cureña de Sarapiquí, quienes todos los días se reportan a ese mismo punto para trasladar mercancía por el río fronterizo.
Estos dos incidentes se suman al más reciente, ocurrido solo 10 días después, el 29 de julio, cuando seis miembros del Tribunal Ambiental Administrativo fueron capturados por dos soldados nicaragüenses, quienes los sorprendieron ingresando a territorio de su país por error.
Los funcionarios extraviaron la señal GPS del teléfono, lo que provocó que perdieran su ubicación en el lugar.
Los detenidos alegaron no haber visto el mojón divisorio, en el terreno donde verificaban daños ambientales.
Los campesinos y funcionarios costarricenses que viven en la zona limítrofe se quejan de un endurecimiento en los controles por parte de las autoridades nicaragüenses.
Política y descuido. “Desde que reventó el conflicto por isla Calero se pusieron muy estrictos. No podemos pedir explicaciones, pues nos amenazan con la cárcel”, afirma Roberto González, un vecino de San Isidro de Pocosol.
José Ortega, de Punta Cortés de Los Chiles expresa que tiene temor, aunque esté del lado tico.
“Yo siento temor de aproximarme a la guardarraya, pues en el momento menos esperado, los soldados del otro lado me capturan diciendo que violé la soberanía de su patria”, aseguró.
El problema es que la línea fronteriza es prácticamente invisible.
Los mojones principales y los puntos de referencia intermedios están cubiertos por la maleza; el mantenimiento está ausente y, con el tiempo, se pierden los puntos de referencia, sin que se haga nada por parte de ambos gobiernos.
Desde el 2005, cuando Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para aclarar los derechos de navegación en el San Juan, se enterraron los intentos de ambos países por poner en orden la línea de frontera.
Esta situación empeora la confusión de los habitantes. Un ejemplo: en el sector El Manzano, próximo a Méjico de Upala, hay un camino de piedra que lleva a Papaturro de Nicaragua. Allí no hay nada que indique dónde termina el territorio de Costa Rica y dónde se inicia el de Nicaragua.
A 20 metros de la orilla del camino, un mojón tapado por el pastizal es una marca invisible y, por ende, una trampa.
“Si no es por los vecinos que se lo advierten, sin querer usted pasa la frontera exponiéndose a que lo detengan”, dijo Juan González, productor de maíz.
El agricultor González pide que se instalen rótulos informativos para evitar las confusiones y, de esa manera, los incidentes.
