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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda, ordenó ayer a Nicaragua reparar el daño hecho al abrir dos caños en isla Calero y sacar a su personal militar y civil de la zona de conflicto.
La orden contó con el criterio unánime de los 16 jueces de la CIJ y en esta se le da a Managua un plazo de dos semanas para que cumpla con lo señalado.
La decisión se dio dos meses y cinco días después de que Costa Rica denunció la apertura de dos nuevos caños en isla Calero, en Pococí, por parte de Nicaragua.
Esa intromisión implicaba una violación a las medidas cautelares impuestas por la Corte en marzo del 2011, luego de que Costa Rica acusó a Nicaragua de invasión.
Los jueces ordenaron a Managua “llenar la zanja en la playa norte al este del caño en dos semanas a partir de la presente orden”.
Además, el gobierno de Daniel Ortega deberá informar “inmediatamente a la Corte de la terminación del llenado de la zanja”.
También se le ordenó remitir un informe trimestral en el que garantice el cumplimiento de las medidas violentadas y que habían sido impuestas por la Corte en el 2011. Dicho informe debe respaldarse incluso con pruebas fotográficas.
Esto quiere decir que Costa Rica seguirá teniendo la tutela ambiental de la zona afectada por los trabajos de dragado del río San Juan y que dañaron una porción de Calero, la isla más grande del país, con 151 kilómetros cuadrados.
Nicaragua también debe abstenerse de realizar cualquier dragado “u otra actividad en el territorio en disputa y deberá en particular, abstenerse de hacer cualquier trabajo en los dos nuevos caños”.
En el único punto donde los jueces no tuvieron unanimidad (la votación quedó 15 contra 1), se apunta que Costa Rica puede tomar las medidas “apropiadas” para prevenir daños irreparables al ambiente en el territorio disputado.
Asimismo, Costa Rica “deberá evitar cualquier efecto adverso sobre el río San Juan”.
A criterio del analista Carlos Murillo, la Corte no solo reconoce el incumplimiento de medidas de parte de Managua, sino que lo llama al orden.
Para el politólogo Francisco Barahona, la actitud de Nicaragua es una muestra de rebeldía ante las medidas de la Corte.
Proceso abierto. La ratificación de las medidas pretende mantener el orden y no generar más cambios en el terreno que ambos países se disputan desde octubre del 2010.
Para esa fecha, Costa Rica se quejó de una invasión por parte de Nicaragua, que podrá modificar la frontera entre ambos países, marcada por el cauce del río San Juan.
La queja escaló en diferentes organismos internacionales, hasta llegar a la CIJ, que aceptó abrir un proceso contra Nicaragua en noviembre del 2010.
La decisión de ayer se enmarca en este juicio, que sigue pendiente de resolución. Colaboró la periodista Sofía Akepsimidis
