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El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, reveló ayer que ordenó a la presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) Ann McKinley, renegociar los privilegios que ostenta el sindicato de esa entidad.
En solo dos días, la tensión entre el gremio de Japdeva y el Ejecutivo se elevó a niveles sin precedentes en lo que va del gobierno de Solís y el lunes, luego de una reunión con el mandatario, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) amenazó con irse a huelga debido a su apoyo al proyecto muellero de la firma APM Terminals.
El contrato con esa compañía holandesa pretende la construcción de una terminal de contenedores, con una inversión superior a los $1.000 millones, que haría competencia a Japdeva.
“Estamos muy decepcionados de este gobierno. Los costarricenses abogamos por un cambio y ahora resulta que ellos están apuntados con este proyecto”, dijo Blear en el Congreso, junto a diputados de los partidos Frente Amplio y del Movimiento Libertario.
El presidente Solís respondió ayer con un anuncio que tomó desprevenidos a los agremiados del sindicato, al revelar que McKinley tiene orden de renegociar los beneficios, antes del vencimiento de la convención en diciembre próximo.
“Vamos a hablar respetuosamente y vamos a aprovechar el vencimiento que las propias convenciones colectivas tienen contempladas en su texto (...), para aprovechar y renegociar lo que se pueda”, afirmó ayer el gobernante.
La posición de Solís fue aplaudida por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
“Esperamos que nuestras autoridades denuncien (la convención colectiva) como prometieron, y que este llamado a huelga no sea una medida de presión de los sindicalistas para mantener o aumentar sus privilegios”, expresó el presidente de Uccaep, Rónald Jiménez, en un comunicado de prensa.
Al hombre por la palabra. Solís agregó que fue el propio presidente de Sintrajap, Ronaldo Blear, quien abrió la posibilidad de renegociar beneficios gremiales.
“Fue don Ronaldo Blear el que dijo que estaban dispuestos a hacerlo desde Sintrajap y yo les tomo la palabra a él y a todos los líderes sindicales que con gran responsabilidad entienden que este es un momento de refrescar esas negociaciones”, agregó el presidente.
Por su parte, Blear negó la afirmación de Solís, y recalcó que en caso de abrir una discusión sobre los extremos de la convención colectiva, sería con el fin de buscar beneficios para los agremiados.
“No hay ningún acuerdo. Lo que sí estamos claros es que no la vamos a desmejorar, queremos mantener lo que ya se tiene y si cambiamos algo es para mejorar la condición de los trabajadores”, reiteró el dirigente gremial.
Sin embargo, McKinley dijo a este medio que en el sindicato hay conciencia de revisar elementos que atentan contra el desarrollo de la actividad portuaria.
“En este momento estamos haciendo un estudio para revisar unos puntos y ver cuáles se mantienen y cuáles se quedan”, señaló.
La última vez que se realizó una revisión de la convención colectiva de Sintrajap fue en el 2012 .
Para ese periodo, según Blear, la convención colectiva de Sintrajap le costaba a la institución alrededor de ¢1.300 millones.
En huelga anunciada... En cuanto a la amenaza de huelga, Solís dijo que ya se tomaron las medidas necesarias para evitar que una eventual protesta afecte los servicios públicos en la provincia caribeña.
“No permitiremos que una actividad de este tipo impida el normal desarrollo de las actividades del puerto y de la comunidad. Una huelga puede afectar a una comunidad que no quiere violencia, sino trabajo”, expresó.
Además, señaló que Sintrajap no es la única organización limonense a la que le ponen oídos, y que le darán la misma importancia que a los otros gremios. Colaboró el periodista Luis Miguel Herrera.
