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Un nuevo informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa convenció a los diputados de consultar el proyecto de ley para reformar el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) antes de votarlo en primer debate con el fin de evitar futuros errores en su trámite.
Los congresistas habían pactado votar anoche la iniciativa; sin embargo, al conocer sobre el reciente documento y por acuerdo de los nueve jefes de fracción, frenaron la votación y dieron un plazo de ocho días para hacer consultas con seis instituciones.
Se trata de los bancos estatales Nacional (BN), de Costa Rica (BCR) y Bancrédito, así como el Banco Central, además de los Institutos Nacional de Aprendizaje (INA) y de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Con eso, por una semana quedará suspendida la decisión sobre la reforma al SBD, que pretende liberar fondos para proyectos de micro y pequeña empresa, e imponer tributos a la llamada banca “maletín” (personas o entidades que no están domiciliadas aquí, pero ofrecen préstamos en el país).
El informe, dado a conocer ayer por la directora de Servicios Técnicos, Gloria Valerín, fue emitido luego de que el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Rodríguez, pidiera una interpretación de otro previo, que fue ignorado por la anterior legislatura.
En este nuevo insumo, ese departamento ratificó los errores que ya había señalado en el documento del pasado abril.
¿Qué decía? Los yerros versaban sobre la validez de la personería jurídica del Sistema de Banca para el Desarrollo, así como el hecho de que el plan de ley no hubiera sido consultado con las entidades antes mencionadas.
Ahora, al cumplir ese paso, los diputados esperan que los magistrados no se traigan abajo el plan.
Sin embargo, no todo está subsanado, ya que Valerín indicó que hay varios temas que no sufrieron modificaciones a pesar de lo recomendado por los técnicos.
“Habíamos señalado que había un trato desigual, en la medida en que el proyecto, así como estaba redactado, liberaba a las microfinancieras de la supervisión de las entidades bancarias y de la ley del mercado de valores”, explicó Valerín.
Resaltó que, aunque los legisladores manifestaron que apoyan la idea de que las microfinancieras estén sujetas a las reglas del mercado de valores, al final, eso no está contemplado en el proyecto de ley.
Tampoco, agregó, se corrigió el punto referente a la adjudicación de la administración de los fondos.
En el plan original, los bancos estatales BN, BCR y Bancrédito competían entre sí por esa administración. Pero, el texto actual señala una contratación directa, lo que a criterio de Servicios Técnicos, podría ser inconstitucional.
“Nosotros recomendamos que devolvieran el proyecto a comisión o que hicieran uno nuevo con las correcciones del caso”, apuntó.
Freno y espera. De no haber sido por la nueva consulta, los diputados habrían votado ayer la iniciativa sin poner atención a las alertas del primer informe.
Con el acuerdo ayer entre los jefes de fracción, el plan queda listo para ser votado. El libertario Otto Guevara no defenderá más mociones, en tanto el legislador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López, retiró las 200 que había presentado, a cambio de la creación de una comisión sobre planes de ley sobre discapacidad.
Entonces, el proyecto de SBD tiene el apoyo de las nueve bancadas en el Congreso: Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, PASE, Restauración Nacional (RN), Renovación Costarricense (RC) y Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
