San José (Redacción). La Contraloría General de la República anuló la adjudicación para el diseño de las obras de la trocha fronteriza.
Esto tras resolver los recursos de apelación planteados por las empresas IMNSA Ingenieros Consultores S.A. y Consorcio DEHC-ITP en contra de dicha adjudicación promovida por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otorgada a la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S. A. (Cacisa).
El contrato para el diseño y elaboración de planos y otras especificaciones técnicas para la construcción la llamada Carretera 1856, tenía un costo de ¢360 millones.
La Contraloría consideró que “existe nulidad absoluta del acto de adjudicación, en razón de que la Administración no logró demostrar que dicha empresa no se encuentra afecta al régimen de prohibiciones”.
Según la resolución de la Contraloría, el Conavi ahora deberá realizar un criterio técnico legal con el cual garantice que dicha empresa no se encuentra relacionada a dicho régimen y que por lo tanto la oferta podría ser elegible.
La Contraloría además determinó que el Conavi no demostró con certeza absoluta el cumplimiento del régimen de prohibiciones en el procedimiento licitatorio, cuando fueron presentadas las apelaciones y fue requerido por el ente contralor.
Las inconformidades de la empresa IMNSA relacionadas al sistema de evaluación de la experiencia del personal tanto de Cacisa como del Conavi fueron declaradas sin lugar.