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"No me diga que no hay un error de alguien. ¿Quién era el coordinador de todo esto? Me parece que el MOPT (...) Señora contralora, alguien tiene que ser culpable, como en el caso de Soresco (plan fallido para construir una refinería), alguien tiene que ser culpable, esto no es un accidente geográfico, no es un terremoto lo que genera estas pérdidas, no es un huracán, no es que Estados Unidos vino y nos obligó a hacer esto (vía) con 80 metros de diferencia, es un error de alguien en Costa Rica".
Así encaró Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), al ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, durante una audiencia de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, en la que se exigieron explicaciones sobre por qué la carretera de acceso a la megaterminal de contenedores de Moín, en Limón, se les corrió hasta 80 metros en el punto de enlace con el puerto.
El inconveniente incrementará en varios millones de dólares el costo de la vía definitiva, de 2,8 kilómetros y que conecta la ruta 32 (San José-Limón) con el megapuerto.
La diferencia de 80 metros se debe a que las coordenadas geográficas con las que se realizaron los planos de la carretera no coincidieron con las coordenadas geográficas del ingreso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
En la cita también estuvieron presentes Sergio Alfaro, ministro de la presidencia; German Valverde, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y Marta Acosta, contralora general de la República.
"Ministro, ¿de quién es la culpa de que no se hiciera la ruta donde tenía que ser, o que la TCM no se hiciera donde tenía que ser? ¿O nadie es culpable? ¿A quién le tocaba coordinar que el diseño de la TCM fuera compatible con el diseño de la ruta?", insistió el legislador del PAC.
"No hay pifia ni error", dijo Villalta, y sostuvo que el desfase se debe a que cuando se contrató el camino provisional no existía claridad de las coordenadas geográficas sobre las que se levantaría la terminal portuaria.
No obstante, la explicación no satisfizo al congresista.
"Yo no puedo aceptar eso, esto de coordenadas y colocar algo... El ICE hace túneles que empiezan en dos puntos diferentes y se topan y no fallan ni en un centímetro", fustigó Solís.
La inconsistencia de 80 metros fue reportada por la Contraloría General de la República (CGR) en un informe enviado al Conavi en octubre del año pasado.
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En ese documento, el ente contralor también advirtió atrasos en la construcción, fallas relacionadas con el presupuesto y una débil fiscalización de las labores.
Pese a lo expuesto por el jerarca del MOPT, la contralora insistió que sí hay un error y que la entidad realiza una "auditoría profunda" para aclarar lo sucedido y sentar responsabilidades.
Acosta hizo énfasis en que hay alto riesgo de que la carretera de 2,8 km no se termine antes de enero de 2018, fecha en la que está prevista la inauguración de los primeros dos puestos de atraque de la terminal portuaria de $1.000 millones que construye y operará por concesión el gigante holandés APM Terminals.
"Nosotros –dijo la contralora– estamos haciendo una investigación profunda sobre este tema, hicimos una advertencia y decidimos decirlo (en octubre) para evitar consecuencias mayores, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir investigando el caso".
Al finalizar la audiencia, el titular del MOPT expresó a varios medios de comunicación que abrirá una investigación administrativa para precisar quién o quiénes son los responsables de este asunto.
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Una ruta con larga historia
La vía de acceso al megapuerto es un camino entre Sandoval de Limón (ruta 32) y Moín, el cual es un compromiso del Estado con APM Terminals.
El país acordó levantar la carretera de cuatro carriles antes de enero de 2018, con tal de obtener un descuento de $20 en la tarifa establecida por movimiento de cada contenedor.
Bajo este panorama, el gobierno de Laura Chinchilla contrató por ¢5.000 millones a la empresa MECO para hacer la ruta provisional, la cual permitiría la entrada de camiones con materiales y obreros. Esa tarea se concluyó en diciembre de 2014.
En julio de 2016, el Consorcio del Atlántico, integrado por MECO y Puentes y Calzadas, ganó la licitación para construir la vía definitiva por $71 millones.
Semanas atrás, Casa Presidencial hizo circular un video en redes sociales en el que achaca los problemas de este proyecto al gobierno anterior.
Ahora, corregir el problema para hacer coincidir la ruta provisional con la entrada del muelle tiene un valor de $14 millones, según los cálculos del Consorcio del Atlántico. Ese monto se suma a los $71 millones del contrato original.
Durante la cita con los legisladores, Villalta aseguró que como la Contraloría les había refrendado la obra por un máximo de $78 millones, solo habrá que poner $5 millones adicionales para resolver el entuerto.
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Pese a que esta es la cifra que divulgó el jerarca, los $7 millones que quedarían libres del contrato original, más $5 millones de aporte extra del Conavi, apenas suman $12 millones.
Sergio Alfaro, ministro de la presidencia, hizo énfasis en que es urgente para el país finalizar a tiempo la obra, ya que solo así los exportadores costarricenses podrán tener el descuento de $20.
Estimaciones de Presidencia indican que al término de los 33 años de la concesión, ese descuento sumaría cerca de $1.000 millones.
