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Para tratar de evitar más atrasos en los planes de ampliación de la ruta 32, la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) asumió el pago de los estudios necesarios de impacto ambiental.
La semana anterior, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reconoció que la ausencia de dichos estudios le ha impedido gestionar la viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Ese es un requisito fundamental para que el Eximbank, banco chino que financiará la obra de 107 kilómetros, entre el cruce a Río Frío y Limón, empiece a desembolsar un crédito por $395 millones.
Ante esta situación, en enero pasado CHEC decidió contratar, por $160.000, a la empresa costarricense CDG Environmental Advisors, que realizará los informes técnicos.
La contratación se efectuó pese a que el MOPT no le ha dado ala firma china la orden de inicio.
Además del aval ambiental, el MOPT requiere $70 millones para cancelar un adelanto de los trabajos y $14 millones correspondientes al diseño de la carretera.
“Nosotros ocupamos la plata del Eximbank para poderle pagar a CHEC, pero ¿cómo hacemos para obtener esos fondos si no tenemos el estudio de impacto ambiental?”, manifestó Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes.
El funcionario aseguró que no hay nada ilegal en el hecho de que CHEC contratara la evaluación ambiental antes de que su despacho emita la orden de inicio.
También expresó que no estaban obligados a notificar a la Contraloría General de la República (CGR) sobre esta decisión.
Costa Rica firmó el contrato de préstamo con el Gobierno de China desde junio del 2013. Sin embargo, el crédito tuvo la aprobación de la Asamblea Legislativa hasta febrero del 2015.
Finalmente, el empréstito fue refrendado por la Contraloría en abril del presente año.
El costo total de la ampliación es de $465 millones. Adicional al crédito, el Estado reservó $100 millones para este proyecto.
Años sin avanzar. Carlos Dengo, representante de la empresa CDG, destacó que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entidad adscrita al MOPT, solicitó en la Setena los términos de referencia para la elaboración de los estudios de impacto ambiental desde setiembre del 2012.
No obstante, la evaluación se inició hasta enero del 2016.
¿Por qué se esperó tanto tiempo para encargar los análisis?, se consultó, a lo que Dengo respondió: “No sé si es falta de planificación o es un asunto de cautela por no querer comprometer recursos antes de tiempo. Esa es más una pregunta para ellos (MOPT) que para nosotros”.
CDG se comprometió a entregar, el próximo lunes, el primer borrador, que debe contener estudios geológicos, hidrológicos y de análisis de riesgos, entre otros. Ese documento deberá ser revisado por el Conavi antes de ser remitido a la Setena.
Según Dengo, confeccionar un reporte para un proyecto como la ampliación de la ruta 32 usualmente toma entre seis y 12 meses, pero se comprometieron a tenerlo listo en cuatro meses por la premura que tienen las partes involucradas. Para esta tarea, la firma empleó personal extra.
