Infraestructura

Setena detecta 110 vacíos en el estudio ambiental de megapuerto

Secretaría pide a compañía holandesa precisar el área de la obra y ampliar datos

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) detectó 110 vacíos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentado por la firma holandesa APM Terminals con el objetivo de obtener los permisos para construir la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Los cuestionamientos sobre el proyecto de $1.000 millones constan en la resolución 669-2014 emitida el pasado 3 de abril y de la cual La Nación obtuvo una copia.

La Setena calificó de “confusas” y “contradictorias” varias partes del EsIA remitido por la concesionaria en abril del año pasado.

Por ejemplo, sobre el área del proyecto, el desarrollador indica cinco medidas diferentes en distintas partes del documento, que oscilan entre 78 y 81,6 hectáreas.

“Evidentemente no hay congruencia entre las diversas descripciones de los capítulos del EsIA, puesto que existe una diferencia de hasta 30.600 m2 (metros cuadrados) entre estas, lo que no deja claro aspectos como la definición del área del proyecto y su área de influencia”, menciona Setena.

Contradicciones. El experto en derecho ambiental Álvaro Sagot, un opositor al proyecto, calificó estos errores de “imperdonables”.

“Ese es un error del equipo que ha contratado la concesionaria para hacer el EsIA. Falta coherencia e integración entre los consultores”, declaró Sagot.

En noviembre, limonenses partidarios del megapuerto que construirá APM Terminals en Móín se manifestaron en ese cantón. | FABIÁN HERNÁNDEZ. (Fabian Hernanddez)

APM tiene una explicación distinta. “Estas áreas vienen de los diferentes documentos históricos de la concesión: el contrato, la oferta, el diseño general y el diseño final. Esta aclaración será incorporada en la respuesta” a Setena, dijo Rogelio Douglas, vocero de la firma.

Otra contradicción se presenta en la extensión del campamento de construcción del proyecto. En el EsIA se detalla un área de 10 hectáreas, pero en una inspección de campo se le indicó a Setena que sería de 20 hectáreas.

El equipo evaluador también solicitó repetir la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), ya que la declara “poco concreta”. El reporte además enfatizó que “la DIA presentada a esta Secretaría no permite comprender la magnitud del proyecto, puesto que se obvia gran cantidad de información relevante para que el lector comprenda los impactos potenciales que provocará el proyecto”.

Además, señala que falta un censo forestal para identificar especies de árboles en peligro, un flujograma de obras e información sobre las fases de construcción y operación del muelle.

“Es perfectamente normal recibir un requerimiento de información y, en efecto, es parte del proceso”, agregó Douglas.

Dragado y relleno. Uno de los puntos más polémicos entre simpatizantes y opositores del megapuerto es el dragado y relleno que se hará en el mar y el posible impacto marino que provocarían esas obras.

Sobre ese punto, el anexo señala que los estudios presentados por la concesionaria APM Terminals no utilizaron velocidades de corrientes críticas registradas por el Módulo de Información Oceanográfica del Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica.

El informe dice que solo se usaron velocidades de medio metro por segundo, cuando hay registros de hasta dos metros por segundo.

Ambientalistas han señalado que el sedimento de la obra afectaría las aguas del Caribe Sur.

“Para estos asuntos hay que considerar las situaciones extremas, los peores escenarios, y no se está tomando ese peor escenario“, concluyó Sagot.

La empresa tiene seis meses para responder todas las consultas realizadas por Setena.

Diego Bosque

Diego Bosque

Ejerce periodismo desde 2010. Se especializa en investigar compras públicas y uso de recursos estatales. En 2020 recibió mención de honor del Premio Nacional de Periodismo por revelar compras irregulares de CCSS durante la pandemia, en 2021 recibió el Premio Nacional de Periodismo por destapar el robo de la droga fentanilo de hospitales públicos.

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