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Trece parejas demandaron a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como medida para detener la “inercia” del país en permitir la fecundación in vitro (FIV).
Su intención es que se le exija a la Caja practicar la técnica de inmediato, y que se emita una sentencia para autorizar el procedimiento en los centros privados.
Los 13 juicios contencioso administrativos los interpuso el abogado Hubert May, a partir de marzo de este año. La primera audiencia será el 2 de setiembre.
“Muchas personas con problemas de infertilidad están en edad límite. Mientras más se atrase la Caja, más familias y más hijos dejan de ser. Por eso, en ese atraso hay un costo humano”, criticó el abogado.
Ese es solo uno de los reclamos que incluyó May en el informe que presentará, la próxima semana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La gestión se realiza seis meses después de que la Corte dictara la sentencia que obligó al Estado a permitir la FIV.
Aunque admite que la Caja ya cumplió con medidas “accesorias”, como la indemnización a las parejas, May critica la lentitud para aplicar el procedimiento.
El informe llegará a la Corte luego de que el abogado Boris Molina enviara, el 18 de julio, una carta que denuncia el incumplimiento de la sentencia por parte del Estado.
En la Dirección Jurídica de la Caja aseguraron que, por el momento, solo han ingresado 7 casos y que todos están en fase inicial.
En la entidad aún no emiten declaraciones con respecto al tema.
