El Banco Popular (BP) corre el riesgo de no recuperar $4,4 millones que le prestó al importador de cemento, Juan Carlos Bolaños.
Se trata de un desembolso que el BP le hizo a la firma Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, en julio del 2016, como parte de una línea de crédito revolutiva que se le aprobó en diciembre del 2015 con un tope de endeudamiento de $5 millones.
Este banco le hizo un primer desembolso de $4,4 millones a Bolaños en diciembre del 2015, que pagó en junio del 2016.
El problema se produjo con el segundo giro pues, para febrero del 2017, no lo había pagado. Es decir, en total, el Popular le giró $8,8 millones al empresario para comprar cemento y varilla chinos.
Este jueves 28 de setiembre, el Banco Improsa, como administrador del fideicomiso de garantía de la operación, procedió a rematar las tres propiedades que Bolaños puso a responder en caso de falta de pago. Sin embargo, nadie más que el BP se interesó por ellas, por lo que se le adjudicaron.
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Ahora, para recuperar el dinero, el Popular debe vender las propiedades.
Ottón Solís, diputado del PAC, duda de que las propiedades, una ubicada en Grecia y dos en Santa Cruz, Guanacaste, valgan $4,4 millones. Él no cree que el peritaje esté bien hecho, puesto que nadie llegó a la subasta.
"Yo vaticino que ustedes no van a poder vender eso, máximo lo venden en $2 millones o $2,5 millones", afirmó el legislador de Acción Ciudadana (PAC).
El directivo del BP, Rodolfo Madrigal, le respondió: "Todos tenemos esa preocupación, nadie puede garantizar que la propiedad se vaya a vender en un corto tiempo. No es el único bien, todos los bancos tenemos una acumulación de bienes adjudicados importante".
"Creo que lo que está pasando inclusive ha movido un poco el mercado de bienes inmuebles y pasa en grandes créditos y en pequeños créditos (...). Entonces sí, sabemos que tenemos un riesgo, pero nuestra preocupación va a ser por que la administración haga el mayor esfuerzo por mercadear y salir lo más pronto de estas propiedades, pero yo creo que ninguno de nosotros puede garantizar que así va ser".
Héctor Monge, presidente del banco, agregó: "Cuando se sale por primera vez a un remate, como en este caso, que lo único que se había publicado era un edicto, lo típico es que mayoritariamente no se logra vender el bien de una sola vez, tiene que entrar luego todo un proceso de mercadeo".
Por su parte, el gerente del BP, Giovanni Garro, alegó que se hicieron dos peritajes sobre las propiedades y que ambas coincidieron en que valen unos $5,5 millones y que ellos otorgan el 80% del monto, en este caso, $4,4 millones.
Precisó que una propiedad está a un kilómetro del centro de Grecia y admitió que tiene unos dos kilómetros cuadrados de terrenos protegidos.
Negativa. Sobre el otorgamiento del crédito, el gerente reveló que Bolaños pidió una línea de $10 millones y que primero usó la figura jurídica de Sinocem Costa Rica, pero no la aceptaron porque era muy nueva.
Tampoco le aceptaron un seguro de caución de una aseguradora privada como garantía. De hecho, dijo que jamás le habrían dado una línea de $20 millones, como sí lo hizo el Banco de Costa Rica (BCR).
Sobre la figura a la que le prestaron el dinero, afirmó que su récord crediticio era satisfactorio y no había ninguna mala referencia comercial.
La sociedad que obtuvo el préstamo no importó ni un saco de cemento, según datos de Aduanas. Sin embargo, según el gerente, ellos tienen declaraciones de Aduanas donde se reportan las importaciones de cemento.
Epsy Campbell preguntó por qué se tuvo que ejecutar la garantía, ante lo cual Garro respondió: "Lo qué pasó, desde el punto de vista financiero, es que no cumplió con los ingresos previstos. No se cumplieron los supuestos. No se dieron las condiciones que se analizaron en el 2015".
Añadió que, en el 2017, ante una solicitud de readecuación del crédito por parte del cliente, el gerente dijo que se le exigieron dos propiedades más, se le extendió el plazo y se le pasó la línea de dólares a colones, para disminuir el riesgo. Según dijo, la empresa tenía utilidades anuales de $1 millón.
Los dos giros de $4,4 millones se hicieron a una cuenta corriente bajo la responsabilidad de Mario Alpízar, director de Banca Comercial.
Tanto Garro como los directivos negaron haber recibido solicitudes de diputados o de Casa Presidencial para aprobar el financiamiento.
La directora Lorena Altamirano mencionó haber hablado con Víctor Morales Zapata pero de proyectos en la Asamblea Legislativa.