EscucharLos jerarcas del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) fingieron una exigencia del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para contratar, en ese país, una empresa investigadora que determinara cómo llegó al periódico La Nación un informe confidencial sobre la vulnerabilidad de Bicsa.
Se trata de un documento de la Fed en el que se advertía sobre el alto riesgo de que Bicsa sea utilizado en “elevadas actividades de lavado de dinero”.
El supervisor bancario estadounidense emitió el escrito el 19 de noviembre del 2015 y La Nación lo reveló el 27 de abril.
En su evaluación, la Fed le asignó a Bicsa la peor de las calificaciones de riesgo, entre otras razones, por falta de controles para combatir el ingreso de dinero ilícito. El banco público costarricense, con sucursal en Miami, Florida, obtuvo un 3 en la calificación SOSA, la cual define el nivel de supervisión de las organizaciones bancarias extranjeras que operan en Estados Unidos.
Seis días después de la publicación de La Nación , viajaron a Miami el presidente de la Junta Directiva del Bicsa, Francisco Molina, y el gerente general, Daniel González, para tener un encuentro con funcionarios de la Fed.
Al regreso, el 10 de mayo, ambos jerarcas indicaron al resto de directores de Bicsa que la Reserva Federal los había convocado de emergencia por el artículo periodístico, pues estaban preocupados de que se hubiese divulgado información confidencial.
En la sesión de ese día, Daniel González indicó que la Fed les solicitó realizar una investigación para determinar “si el manejo que se le dio a este informe, a nivel de la Junta Directiva, Gerencia General y cada una de las personas que tuvieron acceso al documento, fue correcto o no.
”La situación presentada, producto de la revelación, divulgación e irregular manejo que se hizo de información confidencial, que de una u otra forma, convirtió este caso en un escándalo imperdonable y más aún que haya salido en la noticia el nombre de la señora Molly Willison, vicepresidenta adjunta de la Fed”, manifestó el gerente general de Bicsa.
Ese día, en compañía de Molina, el gerente agregó ante los directores que la investigación solicitada debía ser realizada por una firma externa reconocida por su experiencia y conocimientos.
Los directores, entonces, acordaron encomendar la selección de la compañía investigadora a la firma de abogados Holland & Knight, aprovechando que uno de sus socios, Andrés Fernández, también asistió a la reunión en Miami, en calidad de asesor.
En la misma reunión de la Directiva, el presidente y el gerente dijeron que las autoridades estadounidenses exigieron que todos los directores y la alta gerencia debían firmar un acuerdo de confidencialidad de la información relacionada con la Fed, así como una declaración jurada dejando claro que no facilitaron el documento a La Nación .
Sin embargo, el acuerdo debió ser revocado posteriormente, cuando la Junta Directiva de Bicsa se dio cuenta de que la Fed no solicitó de manera formal esa investigación, y que no convocó a las autoridades del Banco a una reunión de emergencia.
La Fed tampoco solicitó los acuerdos de confidencialidad y las declaraciones juradas a los directivos de Bicsa ni a los miembros de las Juntas Directivas de sus dueños: el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), 49% de acciones, y el Banco de Costa Rica (BCR), con el 51%
Precisamente, cinco directores de Bicsa y cuatro del BNCR conforman la directiva de Bicsa.
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Encuentro. Algunos de los directores se dieron cuenta de la situación hasta el 16 de junio, en una reunión informal en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), luego de una charla.
Víctor Ramírez, miembro de la Directiva del BNCR, asegura que ese día Francisco Molina “contundentemente” le reconoció que en ningún momento la Fed solicitó investigar la filtración de ese documento, ni de manera formal ni verbalmente.
La versión de Ramírez fue confirmada a La Nación por otra persona que estuvo presente, quien prefirió no ser identificada.
En ese diálogo, además de Ramírez y Molina, participaron Javier Cascante, jerarca de la Sugef; Luis Carlos Delgado, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif); Paola Mora, presidenta del BCR, y Jeannette Ruiz, directora del Banco Nacional.
El contenido de la conversación y el nombre de los participantes fue hecho público por Ramírez en la sesión de la directiva del BNCR, del 27 de junio del 2016. Así consta en el acta N.° 12.089, de la cual este medio tiene copia.
Ramírez dijo que lo asegurado por Molina le parecía grave y que considera que se debían realizar las pesquisas necesarias para determinar si lo dicho era cierto.
“Voy a pedir las investigaciones del caso para sentar las responsabilidades de las personas que incurrieron en un hecho tan grave que involucró al Bicsa y a los dos dueños (el BNCR y el BCR)”, expresó Ramírez.
Ante una consulta de este medio, Molina reconoció que no hubo una solicitud formal, sino que en Miami, en la reunión con los funcionarios de la Fed, acordaron realizar una investigación solo para desechar la posibilidad de que los sistemas informáticos de Bicsa hayan sido hackeados , ya que ahí se maneja información sensible, protegida por el secreto bancario.
El presidente bancario también confirmó que fueron ellos quienes decidieron, por su propia cuenta, ir a dar explicaciones a la Reserva Federal, en Miami, tal y como lo denunció Ramírez, en esa sesión de Junta Directiva.
“La responsabilidad de un banco siempre es ir a hablar con su supervisor, no esperar a que lo llamen, sino actuar de oficio (...). Yo no creo que haya que preocuparse tanto en el detalle, que si se llama o no se llama, porque lo normal siempre es que uno tenga la responsabilidad de acudir al órgano supervisor”, declaró el presidente de Bicsa.
Reacción. Lo relatado por Ramírez generó malestar entre los otros directivos del BNCR.
El director Luis Pal secundó la propuesta de realizar una investigación, pues consideró inaudito lo sucedido: “Ya me cansé de que jueguen con mi nombre. Me cansé de que el nombre mío se incluya en algo que dicen que dije, que no dije, que yo participé o no participé. Y si esto tiene que llegar a consecuencias de otra naturaleza, seré el primero en hacer fila para presentar cualquier demanda en la que se involucre mi nombre con respecto a cosas de las que a mí se informó y por las que firmé un acta en la que así consta y ahora se dice otra cosa”, manifestó Pal.
El director Jorge Méndez dijo: “Tengo un gran respeto por él (Molina). De todos los miembros de la Junta Directiva de Bicsa, es a quien más conozco. Con esto, no quiero decir que él está exento de incurrir en una mentira. A raíz de eso, se tomó una decisión. Si no fue así, ellos tendrán que aclararlo”.
Y añadió: “Si es que nos engañaron tendría que verlo para pedirle explicaciones a don Francisco Molina y ver cómo se desdice de todo lo que ampliamente nos informó a todos sus compañeros de la Junta Directiva y al resto de la administración del Bicsa”.
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Revocatoria. Los directivos del BCR fueron los primeros en solicitar que se anulara el acuerdo para contratar a la compañía investigadora en Estados Unidos.
La petición la hicieron el pasado 20 de junio, luego de que Francisco Molina, quien también es directivo del BCR, reconociera ese día en Junta Directiva, así como en la sesión del 13 de junio, que no había un documento de la Fed con esa petición.
También, dijo que la investigación solo tenía como objetivo determinar si la filtración del documento se dio porque los sistemas informáticos del banco fueron vulnerados.
“El licenciado Molina interviene para aclarar que, en efecto, por parte de la Fed no se recibió una solicitud formal para llevar a cabo ninguna investigación. No obstante, señala que en la reunión sostenida con este ente supervisor, sí fueron muy enfáticos acerca de la necesidad de conocer qué fue lo que sucedió con ese documento, así como la posición de la Junta Directiva de Bicsa, en relación con los sistemas informáticos y los protocolos de custodia de documentos confidenciales”, señala el acta N.° 24-16.
Tras las aseveraciones de Molina –quien fue diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana entre el 2006 y el 2010–, la presidenta del BCR, Paola Mora, propuso pedir a los directivos del Banco de Costa Rica en Bicsa que revocaran el proceso de contratación de la firma investigadora.
“La presidenta, máster Paola Mora, dice que, como se ha indicado y lo ha afirmado don Francisco, en su posición de presidente de la Junta de Bicsa, la realización de la investigación no es un requerimiento de la Fed. Por lo anterior, estima conveniente que este directorio apoye a los representantes del BCR en la Junta Directiva de Bicsa, para que presenten, ante ese órgano, la moción de revocar el acuerdo tomado para la contratación de una firma con el propósito de realizar la investigación; lo anterior, porque consideran que ese acuerdo es improcedente y no tiene fundamento, ya que Bicsa no ha recibido ninguna instrucción formal por parte de la FED”, agrega en el acta la Junta Directiva del BCR.
La propuesta de Mora fue avalada por el resto de directivos.
En el acta se consigna que la directora Mónica Segnini dijo: “Siendo que el gerente general y el presidente (de Bicsa) han confirmado que no existe un requerimiento por escrito, por parte de la Fed, estima importante revisar dicho acuerdo y que el directorio de Bicsa proceda a revisarlo”.
En el radar. El informe de la Fed se publicó en La Nación, poco después de que Bicsa estuviera en el centro de la polémica, luego de que una compañía ligada a una de sus directores fuese denunciada por el BCR por una presunta legitimación de capitales.
Se trata de Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco), la cual es investigada por el Ministerio Público ante dudas sobre el origen de sus recursos. Esa compañía recibió, en cuentas en el BCR, $67 millones procedentes de dos empresas domiciliadas en Malta y Dubái, que son propiedad de la costarricense Marisol Carvajal Cordero, de 35 años y gerenta del “sportsbook” 5 Dimes.
La apoderada generalísima de Latco es Jennifer Morsink, quien entonces integraba tanto la directiva de Bicsa como la del Banco Nacional.
En la actualidad, Morsink se encuentra incapacitada por prescripción médica.
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