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El segundo jefe de la Fiscalía General llega a la Sala Tercera con 43 votos; joven y mediático, Celso Gamboa advirtió, de una vez, de que pedirá revisar gastos de la Corte Suprema. Esta es una entrevista con el nuevo magistrado.
¿Cómo se logran 43 votos para ser magistrado?
Es una concertación importante de las fuerzas políticas, que debe reflejar algunos atributos que les son afines a los diputados. Más allá de eso, articular a nueve fracciones, con la cantidad de votos tan sorprendente, indica que todas las fuerzas políticas participaron en la elección de Celso Gamboa como magistrado. Se reconoce algún grado de trayectoria o de confianza, para dar ese salto de calidad que merece la Justicia y empezar a rejuvenecer estructuras del Poder Judicial.
¿Qué significa que un fiscal llegue a la magistratura?
Para nosotros, el gremio de los 364 fiscales, es un éxito porque se reconoce que este poder no es solo jueces; hay defensores, psicólogos, policías y fiscales. Muchos de los éxitos y también fracasos del Ministerio Público son nuestra responsabilidad. Este salto de calidad tiene que reflejarse en que las aspiraciones de alguno de los miembros de llegar a la más alta magistratura, se concreten. Nunca he ejercido como juez, siempre he ejercido la represión penal.
Lo critican por no haber ejercido como juez.
Ya hubo un grupo de jueces que se manifestó, luego un diputado. Es parte de un proceso democrático, pero es importante señalar que, así como nosotros no tenemos que decir a los diputados cómo ni por quién votar, tampoco se ve bien que el Poder Judicial intervenga en las decisiones de los diputados. Hubo resistencia de algunos grupos; no obstante, los exámenes de juez los aprobé, aunque no me decanté por ejercer la judicatura.
¿Es usted partidario de la justicia punitiva?, ¿se inclina por el castigo a los delitos?
No, definitivamente no. Hay roles que tenemos que ejercer como abogados, donde somos defensores, fiscales o jueces. Ese desdoblamiento existe. Yo termino mi jornada y dejo de ser el Celso que ejerce acción penal aquí, y mañana (hoy), a partir de las 3 p. m., me tocará con ese mismo grado de objetividad, apegado a la Constitución y a la ley, aplicarla y ver los yerros en los que puede incurrir la actividad punitiva.
¿Cómo está en cuanto a dictar resoluciones, emitir fallos?
Tengo una efectividad del 100% en los recursos de apelación presentados, sé cómo redactar una sentencia. Cuando los fiscales concluimos en juicio, prácticamente estamos elaborando la sentencia; ese es el éxito en que radica la labor de un fiscal, articular todos los hechos probados.
Si usted pudiera cambiar aspectos al Código Penal y de leyes relacionadas, ¿cuáles serían?
Costa Rica carece de una verdadera política criminal. Una política que emane del Poder Legislativo, coherente con nuestra realidad, hay delitos casi en desuso. Yo me decantaría por otro tipo de legislación. Apoyo la Ley de Extinción de Dominio, que no trae ni un solo tipo penal, no trae sanciones punitivas, son solo económicas. Celso Gamboa no es un represor, como lo han retratado.
¿Considera justo que un funcionario judicial se pensione a los 50 años, mientras otros tengan que esperar a los 60 y resto?
Esas son las cuestiones que me han preocupado como parte de la población judicial. Ahora que llego al órgano decisorio con una visión más de Estado, porque he tenido la ventaja sobre otros compañeros de haber estado en el Ejecutivo, de ver el desbalance con empleados en las mismas responsabilidades. Hay que ver si hay sostenibilidad real y verdadera de nuestro sistema de pensiones. Probablemente sí, pero no está de más preocuparnos por los empleados nuevos, para asegurarles un retiro digno, al igual que lo han tenido muchas personas. El Poder Judicial tiene 12.000 empleados y cerca de 5.000 jubilados. Hay que hacer ejercicios dentro de una política de austeridad, coherente. La Corte podría replantearse esos rumbos y retos.
¿Debe revisar la Corte sus regímenes jubilatorio y salarial?
Debe revisarse. Toda institución debe, cómo estamos en ejecución, sobre todo con este régimen de pensiones, que lastima a la ciudadanía costarricense.
¿También el de salarios?
Hay que pedir actuarios matemáticos para que nos digan cómo estamos. Yo asumo una Corte de aquí al 2024, pero qué va a pasar con los empleados del 2030, con esa gente que se contrata hoy, si puede tener los mismos privilegios salariales o si se puede pensar en una partición de aguas y empezar a contratar diferidamente el personal, si vamos a crecer. Todo eso debe plantearse.
¿Qué piensa sobre la liberación de privados de libertad?
Son decisiones del Ejecutivo, verificadas por el Instituto Nacional de Criminología, dentro del régimen de contención. Las de este Gobierno son por disposiciones que la ley le da al Ministerio de Justicia, competencia exclusiva de la ministra de Justicia.
Que es su madre...
Que es mi mamá.
¿Cómo se manejará esa relación magistrado-ministra?
No tenemos ningún tipo de relación porque el Ministerio de Justicia no interactúa con el Poder Judicial. No litigamos juntos, hay una comisión sobre hacinamiento carcelario que integra el magistrado José Manuel Arroyo. Por supuesto que yo estaré muy aséptico a participar en esas comisiones. También tengo mis criterios, que podría externarle en alguna cena de domingo a mi madre, pero no puedo externar posturas sobre las decisiones de un poder ajeno al Judicial, por un tema de respeto y porque la Ley Orgánica me lo prohíbe.
¿Cómo no sentirse comprometido con quienes lo eligieron? Que algún legislador llegue con una acusación y le diga: ‘Vea don Celso, yo le ayudé a estar ahí’.
Eso no puede pasar y yo no creo que quien me conozca se atreva a sugerirme una situación como esa. En 20 años de trabajar aquí, nunca me ha pasado. Estoy seguro de que nunca me va a pasar. Lo más interesante es que de las nueve fuerzas políticas representadas en la Asamblea, hubo votos de todas. Eso quiere decir que no se responde a un interés partidario específico. No le debo a ningún grupo político el nombramiento, sino que le debo a esa convicción, interés y voluntad de la Asamblea de que Costa Rica esté mejor y tenga una mejor justicia penal. Creo en la firmeza y rectitud de los diputados que confiaron en mí. No creo que eso pase.
¿Cómo evitar que una ley como la de extinción de dominio sirva para quitar bienes a destajo, al estilo vendetta ?
No, no, no se puede prestar para abusos, porque trae sus propios contrapesos. La ley, como está, si se estuviera aplicando en este momento, la Fiscalía genera un requerimiento de extinción de dominio, la persona explica cómo se obtuvieron los bienes, con qué dinero se compraron, y si se logra acreditar, una de dos: o tributa o entrega los bienes, porque se puede decretar la acción de extinción de dominio.
