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El Conavi solicitó este miércoles el aval de la Contraloría General de la República para subsanar la 'pifia' de 80 metros que, de manera premeditada, se incluyó en el contrato de construcción de la vía 257, que enlaza la ruta 32 (San José-Limón) con la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Así lo anunció el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, quien aseguró que la solicitud se envió al órgano contralor, tras un acuerdo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) —el cual él preside—, del pasado lunes.
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La modificación del contrato se pide casi 10 meses después de la fecha en que se adjudicó la obra al Consorcio del Atlántico, por $72 millones, aunque se sabía del desfase entre la ruta y la TCM desde antes que el cartel se hiciera público, en marzo del 2016.
Villalta alega que en un principio se planteó la posibilidad de que la empresa holandesa APM Terminals, desarrolladora del nuevo puerto de Moín, resolviera el desfase entre la ruta y la entrada del megapuerto y así no se necesitaría modificar el contrato, pero al final esa opción se desechó, pues consideraron que no era conveniente que esa obra quedara en manos de un privado.
Agregó, que fue hasta finales del año pasado que se logró consensuar la solución definitiva, tras firmar un convenio con APM Terminals, en el cual la compañía le cede al Estado los terrenos que se necesitan para completar la interconexión.
El desfase ocurre porque en esos 80 metros de diferencia no se contaba con los permisos ambientales correspondientes.
El Conavi obtuvo el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), en febrero del 2014, para una franja que llegaba justamente al centro de los terrenos dados en concesión, pero la firma holandesa diseñó la entrada del puerto a un costado y eso generó la 'pifia'.
Inicialmente, Villalta dijo que con ese convenio se resolvía el problema de la viabilidad porque se podía usar la que tramitó APM Terminals para la construcción del megapuerto; sin embargo, este miércoles el ministro reconoció que esa empresa sí tuvo que solicitar una modificación de la viabilidad ambiental, para incorporar el tramo faltante, cuyo aval se obtuvo en febrero del 2017.
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El titular de Obras Públicas negó que este trámite vaya a afectar el cronograma de la obra y que esperan que esté concluida en enero del próximo año, tal como está planeado.
Para "los trabajos que se están haciendo, todo está autorizado, hay ajustes que se han realizado pero todo lo que se ha hecho está autorizado y bueno, yo honestamente creo que la propuesta que se está haciendo, la explicación que se está dando en torno a este proyecto tan importante para el país, y habiendo transparentado, desde hace mucho tiempo, nuestra relación con la Contraloría de todas estas situaciones, no creo yo que vaya a tener algún obstáculo la autorización.
"Esto no es nada que no hayamos nosotros, de previo, conversado con los señores de la Contraloría y bueno, realmente yo no percibo ningún riesgo para la autorización”, enfatizó el jerarca.
Si esa carretera de dos kilómetros no está lista en enero del 2018, el país perdería el descuento de $20 en la tarifa por cada contenedor que se movilice en la nueva terminal, que ofreció APM Terminals. Esto significa que la tarifa por contenedor baje de $246 a $226.
Según Villalta, ese descuento acumulado ronda los $1.000 millones.
También aseguró que el costo del arreglo en esos 80 metros será de $5,6 millones y no de $14 millones como en un principio se planteó, pues se eliminaron algunas obras. Al final la vía terminará costando $77,2 millones, en lugar de $72 millones.
