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Los diputados aprobaron, este lunes por la noche, en el plenario legislativo, el proyecto de ley que reforma la ley sobre estupefacientes, con el fin de mejorar la lucha contra el financiamiento para el terrorismo.
Esa votación en primer debate, a las 7:29 p. m., tuvo el apoyo de 39 legisladores (y uno en contra: Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense) y le permitiría a Costa Rica evitar el ingreso en la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluye a países no cooperantes en el combate al dinero del terrorismo y el lavado de capitales de procedencia ilícita.
Entre las naciones enlistadas como no cooperantes están Irán, Irak, Siria, Afganistán, Birmania y Corea del Norte.
La aprobación se dio luego de algunos cambios en la iniciativa legal, mediante una moción consensuada entre el Gobierno y el Ministerio Público con el libertario Otto Guevara y el socialcristiano Rafael Ortiz, así como con el criterio de la Fiscalía.
De hecho, tanto Otto Guevara como el rojiazul Ortiz retiraron las enmiendas que habían propuesto para varios cambios.
El proyecto le proporciona mayores herramientas al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y su dependencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el combate de estructuras, sobre todo organizaciones no gubernamentales, que podrían emplearse para canalizar dinero para organizaciones terroristas internacionales.
Entre las modificaciones se encuentran ajustes en los artículos 25, 33, 33 bis, 69 bis y 86 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Entre esas potestades de la ley están el congelamiento de dinero y activos, ante sospecha de ligamen con esas organizaciones internacionales.
En el artículo 69 bis de la legislación se incluye como delito los actos terroristas aunque no se ejecuten, las organizaciones que financien terroristas, quien cometa actos terroristas o a quienes viajen al extranjero para cometer, planificar o preparar actos terroristas. Para todos estos casos, la pena será de entre cinco y 15 años.
