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La contralora general de la República, Marta Acosta, no comparte la declaratoria de "estado de la necesidad" presupuestaria, que le permitiría al gobierno de Luis Guillermo Solís reducir los recursos asignados por ley a algunas instituciones públicas.
La declaratoria está dispuesta en la exposición de motivos del proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el 2018, el cual se discute en el Congreso desde el 1.° de setiembre y debe ser aprobado antes del 30 de noviembre.
Bajo este "estado de necesidad", el gobierno se excusa de destinar, por ejemplo, el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación.
Esa medida permitiría al Ministerio de Hacienda incumplir con el desembolso de otras obligaciones ineludibles por ley o por mandato constitucional y no caer en una ilegalidad. Tal es el caso del giro del 5% de la recaudación del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Ante los diputados de la Comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, Acosta cuestionó que en el plan de gastos venidero no se pasara tijera a las partidas de las remuneraciones e incentivos salariales y que, por el contrario, esos gastos crecerán un 6,7% en el 2018, según un análisis técnico de la Contraloría General de República (CGR).
Ella agregó que el país no está en una condición de calamidad ni de guerra para declararse incapaz de hacer frente a estos gastos, aunque reconoció que los gobiernos recientes no han podido materializar el 100% de los destinos específicos.
También sugirió a los diputados analizar la rigidez del presupuesto público que contiene partidas específicas por un tiempo indefinido.
La semana anterior, la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, advirtió a los diputados de ese foro legislativo que, esa declaratoria "sería inconstitucional" y pondría en peligro los programas estatales en favor de la niñez y los derechos humanos.
Los diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero y Steven Núñez, no estuvieron de acuerdo con las percepciones de la contralora Acosta. Ellos alegan que la declaratoria que promueve el Ministerio de Hacienda se sustenta en la insostenibilidad financiera, la cual incluso es reconocida por la Contraloría.
"Se nos hizo tarde"
Marta Acosta concluyó que el país tiene un deterioro acentuado en las finanzas públicas y que "se nos hizo tarde" para tomar decisiones estructurales.
Con ese argumento, afirmó que las medidas fiscales presentadas no son suficientes para enfrentar un alto déficit fiscal y un nivel de endeudamiento que superará el 53% para finales de 2018.
También alertó de que la situación fiscal podría agravarse debido a que la recaudación de algunos impuestos se está desacelerando, como está ocurriendo con los tributos a las ventas, los combustibles y a las importaciones.
"Hay un problema de liquidez, aunque no es una crisis de liquidez", advirtió la jerarca del órgano contralor.
Acosta además dijo que los gastos del gobierno requieren ajustes en específico en las remuneraciones. Adujo que para el 2018, por cada ¢100 en salarios se presupuestan ¢110 colones en incentivos.
Hasta el momento, los diputados no han logrado aprobar ninguna reforma de empleo público y tampoco incrementar los impuestos.
El Ministerio de Hacienda propuso un presupuesto de ¢9,3 billones que deja implícito un déficit financiero del 7% del PIB.
La contralora señaló que esa situación se puede agravar por las consecuencias de la tormenta Nate.
