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Costa Rica cuestionó la propuesta de elevar los aportes de los Estados miembros de la OEA, para garantizar el funcionamiento de los organismos que velan por el respeto de los derechos humanos en nuestro continente.
La posición costarricense la planteó el embajador Rogelio Sotela en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), la semana pasada, en Washington, cuando se discutía una salida a las dificultades financieras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Semanas atrás, el gobierno de Luis Guillermo Solís había prometido defender y promover el fortalecimiento del presupuesto de ambos organismos.
El 19 de octubre, en el Consejo Permanente de la OEA, el presidente de la Comisión Interamericana, James Cavallaro, sostuvo que era necesario incrementar las cuotas que cada Estados aporta, para dejar de depender de las contribuciones voluntarias de otros países del hemisferio y cooperantes de otras regiones.
Aseguró que para garantizar una independencia e imparcialidad absoluta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se requiere, como mínimo, duplicar el aporte ordinario que los Estados hacen a través de la OEA, a fin de que no se tenga que tapar un hueco con cooperantes.
La Comisión, por ejemplo, recibe $5,3 millones, pero requiere de $11,2 millones.
Al respecto, el embajador Sotela cuestionó los alegatos esbozados por Cavallaro y el presidente de la Corte, Roberto Caldas.
“Mi delegación se pregunta si el nuevo presupuesto que presentan, tanto la delegación de México como la Comisión, está basado en el análisis de funciones o simplemente en duplicar un presupuesto. ¿Esa duplicación de ese presupuesto obedece a qué? A los documentos que mi delegación tiene, tal vez le hace falta algunos, pero tenemos rubros en cuanto a personal, en cuanto al secretario, en cuanto a funcionarios, pero no en cuanto a departamentos, en cuanto a actividades, en cuanto a procesos. Considero que un presupuesto se arma a partir de actividades que se van a realizar, no a partir de gente”, declaró Sotela.
Y agregó: “(…) A mí delegación le gustaría ver ese análisis a nivel de las actividades que se realizan y ver cómo el presupuesto obedece a eso. Esa es la sugerencia, que esos comentarios, esos análisis, esas charlas que se van a dar, estos encuentros que se van a realizar, se basen precisamente en cómo el presupuesto está justificado en actividades que realizan. No en una simple duplicación de la cifra”.
Niega contradicción. El canciller Manuel González negó que haya una contradicción entre lo expresado por el embajador y la postura del Gobierno. Asegura que lo único que se hizo fue una pregunta sobre el “razonamiento técnico” para definir el porcentaje de alza de la cuota país.
Además, fue enfático en que el país “aboga plenamente” para que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan autofinanciarse y, por ende, está a favor de un incremento, posición que afirma es “absoluta, incuestionable e inclaudicable”.
“Lo que hubo fue una solicitud de información adicional sobre la base técnica de una propuesta, pero no compromete en absoluto, nuestro compromiso en llevar más recursos tanto a la Corte como a la Comisión”, aseveró el canciller González.
La Nación intentó obtener una reacción de Rogelio Sotela; sin embargo, no fue posible. La oficina de prensa de la Cancillería dijo que la respuesta era la misma que ya había dado Manuel González.
Según la agencia de noticias EFE, el presupuesto de la OEA para el año 2017 debe ser adoptada por los 34 Estados miembros en la Asamblea General Extraordinaria, prevista para realizarse el próximo 31 de octubre.
