Cuando el costarricense José Daniel Gil Trejos puso los pies en Nicaragua, el 26 de mayo, la Policía de ese país ya tenía en agenda capturarlo.
Costa Rica, que conocía la orden internacional emitida por Interpol contra Gil desde el 2013, había alertado sobre el viaje del tico, a quien no puede detener en suelo propio.
La oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la existencia de la alerta y los procedimientos correspondientes en el caso de Gil, apresado ese martes 26 de mayo como sujeto buscado por las autoridades policiales de México, por un presunto caso de fraude comercial.
Así comenzó una captura que acabó siendo asunto de Estado, por las violaciones de los derechos humanos que él ha sufrido en la cárcel de El Chipote, en Managua, según la Cancillería tica, que presentó un reclamo formal ante el embajador de Nicaragua, Harold Rivas.
El país reclama falta de acceso a abogados, comida y ropa insuficientes, confinamiento en un calabozo oscuro y sin ventilación, e incomunicación con su esposa, Marcela Chacón, exviceministra de Seguridad y Gobernación.
El vicecónsul Álvaro Herrera volvió a visitar ayer a Gil; pudo entregarle medicamentos contra la presión alta y acompañarlo a recibir sol por primera vez en estas cuatro semanas, según Marcela Chacón.
Sin embargo, contó que ha perdido peso, está deshidratado y con dolor en articulaciones, como si tuviera chikunguña.
Chacón, acompañada por la defensora Montserrat Solano, pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.