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La Defensoría de los Habitantes calificó de "indignante" la posición del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ante la prostitución de menores de edad.
“No podemos aceptar como país que la presidenta ejecutiva del PANI manifieste que la institución encargada de velar por los derechos y protección de la población menor de edad no esté en capacidad de encontrar alternativas de atención hacia esta población y no cumpla con su labor que le encomienda la ley”, declaró el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero González, en una nota de prensa.
Así reaccionó Cordero luego de que la jerarca del PANI, Ana Teresa León, afirmara a este medio que el Patronato no tiene capacidad para luchar contra la explotación sexual comercial de menores de edad en Costa Rica y que, aun si la tuviera, la atención dependería de si los jóvenes quieren recibir ayuda.
El defensor adjunto insistió en que el PANI tiene la responsabilidad directa e ineludible en cuanto a la protección de los menores.
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"La señora Presidenta del PANI asegura en las declaraciones al medio de prensa que 'hay que ver si (los menores) quieren ser atendidos'. Los abordajes deben partir del interés superior del niño y la niña, que conminan al Estado a adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar la protección especial a la que tienen derecho", dijo el defensor adjunto.
Se intentó obtener una reacción de Ana Teresa León sobre las críticas de la Defensoría, sin embargo, no respondió a los mensajes y llamadas hechas.
Por su parte, la Defensoría insistió en que la posición del PANI "es una señal de grave riesgo, pues expone a Costa Rica a que las redes continúen mancillando la dignidad de los niños, niñas y adolescentes que son explotados sexualmente en las calles".
Desde el 2008, la Sala IV ordenó al Patronato abrir albergues especializados para atender a los menores explotados sexualmente. La institución no lo hizo y, desde entonces, dos jóvenes murieron y uno cayó en la cárcel, según la Fundación Michael Vásquez.
León alegó que los albergues especializados van en contra de las recomendaciones de organismos de derechos humanos, porque aíslan a poblaciones. Dijo que se requiere de hogares solidarios (familias que los reciben) que no aparecen y que, además, muchos jóvenes se ven no salir de la explotación por el dinero que reciben. También, mencionó que no pueden hacer mucho con los mayores de 15 años, pues no es delito sostener relaciones sexuales con personas de esa edad en adelante.
Aunque sí es delito pagar por sexo a menores de 18 años, el PANI ve difícil comprobar la transacción porque muchos quieren seguir recibiendo dinero.
"A criterio de esta Defensoría y a la luz del mandato constitucional del Patronato Nacional de la Infancia, tampoco corresponde que la institución deposite en terceros competencias que son inherentes a su quehacer en relación con la búsqueda de alternativas de abrigo para las personas menores de edad en explotación sexual comercial", dijo el defensor adjunto.
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"En relación con la supuesta imposibilidad legal de intervenir en los casos de personas adolescentes mayores de 15 años, es necesario hacer una precisión para distinguir las relaciones sexuales entre adolescentes y las relaciones sexuales de persona adolescentes con personas adultas que configuran distintos delitos. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Explotación Comercial y sus reformas, las relaciones sexuales con personas menores de edad donde media un pago, siempre son de carácter delictivo. Igual, las redes de tráfico y explotación al utilizar personas menores de edad, incurren en acciones delictivas", continuó el defensor.
"La atención especializada de la explotación sexual comercial adolescente masculina no tiene por qué concebirse como una medida segregante o discriminatoria, tal como lo indica la Presidenta Ejecutiva del PANI. Si las condiciones, circunstancias y necesidades de las personas menores de edad no son homogéneas, tampoco deben serlo las alternativas, estrategias y metodologías para su atención y protección", añadió.
Seguimiento.
El 6 de junio anterior, la Defensoría le había dado cinco días al Patronato para que explique por qué no ha abierto albergues especializados, para la rehabilitación de estos jóvenes, tal como se lo ordenó una sentencia de la Sala IV del 2008, al considerar necesario que el PANI aclare el tipo de atención que otorga a los menores de entre 9 y 17 años que están expuestos a la prostitución.
"Se requiere conocer el nivel de cumplimiento de lo dispuesto por el máximo órgano constitucional, además de informar sobre las alternativas existentes y cuántas personas se encuentran albergadas y el modelo de atención", escribió la institución al Patronato.
La Defensoría también consultó al PANI si existe un censo de los menores explotados, y si se tiene información cruzada de jóvenes con VIH, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o el Consejo Nacional de Atención Integral del VIH SIDA (ConaSida).
La prostitución de menores –denominada "explotación sexual comercial" en el lenguaje técnico de los derechos humanos– ocurre a diario en las calles capitalinas, hoteles, casinos, apartamentos y redes sociales. Los cuerpos de adolescentes son usados por pedófilos que pagan hasta $400 (¢216.000) a proxenetas por acceder a ellos.
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León aceptó que no hay un registro de personas menores de edad que están en esta situación, y señaló que el PANI no tiene el músculo requerido para dar una protección efectiva a esta población.
El caso ya llegó también a la Asamblea Legislativa, donde diputados como Rolando González y Marta Arauz, ambos del Partido Liberación Nacional (PLN), preparan acciones desde sus despachos en procura de revertir esta situación.
La problemática ha sido ampliamente denunciada por el activista en derechos humanos, Luis Mairena, director de la Fundación Micael Vásquez.
Mairena también reclamo la posición de León, pues considera que el PANI no puede plantear una posición de impotencia frente a un problema que le atañe resolver por delegación de ley.
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