EscucharDos semanas antes de Navidad, a instancias de la diputada independiente Carmen Quesada, la Asamblea Legislativa despidió a una asesora que disfrutaba de su periodo de lactancia y que, a la vez, estaba incapacitada por un cuadro de acoso laboral.
El Congreso concretó el despido el 13 de diciembre por dos supuestas ausencias sin justificar. Sin embargo, ignoró el proceso que exige el Código de Trabajo para estos casos.
"Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o en período de lactancia, salvo por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las causales establecidas en el artículo 81. En este caso, el patrono deberá gestionar el despido ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta", dice el artículo 94.
Como la funcionaria no se daba por notificada (pues estaba incapacitada y no accedía al correo electrónico), la administración se tomó la molestia de publicar el acuerdo de despido tres veces en el diario oficial La Gaceta, para sellar el acto de notificación. Esto fue el 21, 22 y 23 de diciembre.
Sin embargo, la administración del Congreso ignoraba que, seis días antes del acuerdo de despido, el propio médico del consultorio legislativo, Mario Martínez, había firmado la incapacidad por psiquiatría de la funcionaria.
Annie Alvarado Ceciliano, de 34 años y madre de dos hijas, pasó Navidad y año nuevo incapacitada, sin saber que desde mediados de diciembre estaba sin trabajo.
Fue poco más de un mes después, el 19 de enero, cuando la funcionaria conversó con un representante del Instituto Nacional de Seguros (INS) para una cita de seguimiento de su incapacidad, cuando se dio cuenta de que estaba despedida.
Alvarado era una de las asesoras de confianza de la diputada Carmen Quesada; sin embargo, la relación entre ambas se deterioró al punto de que Quesada hizo algo que, a criterio del director de Recursos Humanos de la Asamblea, Hugo Cascante, es poco común en el Congreso: llevar el caso de una funcionaria de confianza al departamento Legal de la Asamblea.
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Como lo dice el nombre, el régimen de los funcionarios de confianza de la Asamblea Legislativa implica un tipo de plaza especial, en la que el puesto de los asesores está en manos de los diputados, sin necesidad de pasar por vistos buenos de la administración legislativa.
Así las cosas, los funcionarios de confianza no marcan una tarjeta y tienen flexibilidad de horario de acuerdo con las necesidades de los diputados.
Su remoción es libre. Sin causa justa, un diputado puede alegar que perdió la confianza en su asesor, y eso bastaría para quitarlo.
Pero en el caso de Alvarado, la diputada prefirió elevar el caso a la administración, por lo que el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, pidió al Departamento Legal del Congreso un criterio sobre la situación de la funcionaria.
La encargada del caso de Alvarado en el departamento Legal de la Asamblea Legislativa, la abogada Grettel Solano, firmó una recomendación en la que señalaba que tocaba aplicar un despido sin responsabilidad patronal.
Solano alegó a La Nación que ignoraba que la funcionaria estuviera cubierta por el fuero de protección a las madres en periodo de lactancia, que establece el artículo 94 de la normativa laboral.
La experta en derecho firmó la recomendación del departamento Legal de la Asamblea para despedir a Alvarado, pese a que esa acción violenta el Código de Trabajo.
Según Solano, la diputada Carmen Quesada no informó del fuero de protección por periodo de lactancia, y aceptó que en la entrevista que le hicieron a la funcionaria despedida, no se lo preguntaron.
Es decir, el departamento Legal emitió una recomendación, sin conocer el estado legal de la funcionaria a la hora de faltar a su trabajo, las situaciones especiales que podía o no tener, e incluso, obviaron si tenía denuncias contra su jefa por acoso laboral o no.
"Nosotros no teníamos conocimiento de eso. ¿y por qué, dígame usted, por qué la muchacha no se defendió?", cuestionó Solano al ser consultada por este diario el viernes 27 de enero.
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Al consultarle ¿por qué la diputada no se los informó?, Solano contestó que la diputada "ni siquiera estuvo en la entrevista. Ella (la diputada) nos dejó esperando. Mi suplente fue a su despacho, porque cuando es un diputado, ellos no vienen aquí, vamos a su despacho. La señora diputada no nos atendió. Luego nos mandó una nota diciendo que no había justificación para esas ausencias (del 29 y 30 de setiembre, que le costaron el puesto a la asesora).
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, indicó que el Directorio legislativo se limitó a hacerle caso al Departamento Legal, que es, a la postre, su órgano asesor en estos y otros temas.
"Hubo un procedimiento del departamento legal, y nosotros lo seguimos. Tengo entendido que fue a solicitud de la diputada (Carmen Quesada) y bajo un dictamen del departamento legal", afirmó Álvarez Desanti.
Álvarez Desanti fue enfático en señalar que si la diputada Quesada no hubiese querido quitar a la funcionaria, incluso podría haber frenado el proceso, por tratarse de un código de confianza.
Puertas adentro.
Pero, ¿qué pasó con Alvarado para que el tema llegara al Departamento Legal? La propia diputada Quesada respondió que procuraba "velar por el recurso de los y las costarricenses. Los salarios de los funcionarios públicos son pagados por los y las costarricenses y en este deber de probidad y responsabilidad, lo aplico aquí también en mi despacho.
"Es lo que Costa Rica le pide a quienes ocupamos un cargo público: que no hagamos concesiones por así decirlo, porque, y ese es un reclamo, del porqué un trabajador en lo privado tiene que hacer extrictamente unas cosas y en lo público no. Yo, muy clara en ese sentido, lo que hago en diciembre únicamente es, reportar tres ausencias de esta funcionaria (el informe acabó en noviembre, las ausencias las reporta en octubre).
"Si la funcionaria no viene a trabajar y no tengo conocimiento de por qué no vino a trabajar, lo único que hago es enviar una nota al Departamento de Recursos Humanos, informando, eso es lo único que se sale de este despacho, informo, como le digo con mi deber de probidad, que un funcionario no viene a trabajar, y que es dinero de los y las costarricenses y que ellos hagan lo que corresponde administrativamente, porque esa parte a mí ya no me corresponde".
Empero, consultado sobre si había o no una justificación, el propio jefe de despacho de Quesada, Mario Villamizar, aceptó que la asesora Alvarado le había escrito para avisar que no iba a llegar a trabajar.
"El tema administrativo, como funcionaria, donde devenga un salario, aunque sea asesora ad honorem (error, es funcionaria de confianza. ad honorem no cobra). Y de ahí, administrativamente actúan, no sé si a derecho o no, y me comunican la situación que, incluso, como usted lo manifiesta, lo ven en legal y se toma una resolución, y eso es lo que conozco hasta el momento", agregó Quesada.
La diputada Quesada evita aceptar que ella fue quien buscó el despido de Alvarado, y aunque era parte de su equipo de confianza, tampoco contesta en qué momento las cosas cambiaron.
Pero al abordar a Alvarado, la funcionaria afirma que sí hubo una relación cercana, al punto de que la diputada la tenía prácticamente como su chofer personal, y que tenía tanta cercanía con ella, como para pedirle que llevara y trajera a su hija a la Universidad, que viajara a Limón fuera de horario para colaborar con la campaña política de su pareja, en las elecciones de alcalde.
"Eh..., bueno, aquí los funcionarios tienen labores asignadas meramente de despacho. Desconozco esto que usted me está comentando, el tema de cercanía no pasa, este, más que por las labores que desarrollamos aquí en el despacho", dijo Quesada, al ser consultada sobre esta cercanía.
Alvarado incluso recuerda que la diputada le pidió que le ayudara a confeccionar banderas para el Partido Republicano en la campaña de alcalde en Limón, por ejemplo (donde la pareja de la diputada era candidato), y alega que para cumplir la orden debió pedir una máquina de coser prestada, para trabajar día y noche en el requerimiento.
La hoy exasesora dijo que el exceso de trabajo, sumado a su embarazo, empezó a cobrarle facturas:
"A partir de febrero mi salud decae y empiezo una hospitalización intermitente en el Hospital México, mi hija nace el 3 de abril y mi licencia de maternidad se termina 15 de julio.
Consultada sobre este punto, la diputada contestó: "Eh... no, no señor. O sea yo, no. No, no, no. Por lo menos aquí en jornadas normales... ".
La legisladora tampoco explicó si le llenaba o no el tanque de gasolina al vehículo de Alvarado con la tarjeta de la Asamblea Legislativa para que hiciera mandados, trámites incluso, ajenos al despacho. Entre ellos, ayudarle al hijo de la legisladora a pasarse de casa.
¿Cuándo se acabó la confianza?
La diputada Quesada se niega a aceptar que su relación con la funcionaria se deterioró al punto de buscar su despido, y no señala causas concretas más allá de dos ausencias cuya justificación no quiso aceptar.
En tanto, Alvarado, considera que sí hubo un punto de quiebre, y fue su regreso a la Asamblea Legislativa luego de terminada su licencia por maternidad.
"Mi licencia de maternidad se terminó 15 de julio (2016), el lunes 18 de julio volví al despacho y se me indicó que debía esperar a la diputada para mi reinstalación a una nueva oficina. Ese día ella llegó y me indicó que ya no tenía confianza en mí, que yo le fallé por no haber contestado sus llamadas en el periodo de incapacidad, y me dijo que yo le debía demostrar lealtad, y me indicó que me tenía que quitar el saco y que me diera vuelta y me levantara la blusa para ver que no andaba ningún artefacto que la grabara", relató Alvarado.
Al plantearle si las cosas se dieron así, la diputada niega el hecho, y afirma no recordar nada de lo que dice su exfuncionaria. Quesada, quien se autodefine una defensora de los derechos de las mujeres, negó en todo momento buscar el despido de Alvarado.
"Yo no he manifestado en ningún momento que se haya perdido la confianza. Yo hice un procedimiento cuidando el dinero de las y los costarricenses, en ningún momento manifesté que perdiera la confianza en esa muchacha".
Sin embargo, Alvarado, asegura que su salida del despacho de Quesada se dio en medio de una relación tensa, y acusa a la diputada, ante el Ministerio de Trabajo y ante el Tribunal Contencioso, de actuar de manera ofensiva hacia ella.
Nuevo proceso.
El caso ya está en el Ministerio de Trabajo, y el Congreso se expone a que se le obligue a echar atrás con el despido. Así lo informó el director del departamento de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo, Eric Briones.
El funcionario dijo que no se podía referir al caso en específico, en vista de que podría llegar a su escritorio, y se cuidó de no adelantar criterio; sin embargo, sí enfatizó en que el Código de Trabajo exige que las instituciones estatales y los patronos informen y pidan criterio a su oficina cuando se lleva a cabo un proceso de despido contra una mujer embarazada o en periodo de lactancia.
"Las personas que consideren que están siendo violentadas en su fuero de embarazo o lactancia pueden ir a cualquiera de las 31 oficinas del Ministerio de Trabajo, y específicamente esta oficina de Inspección de Trabajo, y poner una denuncia por casos especiales. ¿Cuál es la actuación con base en nuestro manual de procedimientos?
"Un inspector va al centro de trabajo, se hace la investigación del caso, y si considera que hay una violación, se hace un acta de prevención al patrono para que eche atrás ese despido", dijo Briones.
