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Los diputados Franklin Corella, subjefe legislativo del PAC, y Gerardo Vargas Rojas, jefe de fracción del PUSC, consideran que la Corte Suprema de Justicia podría haber adelantado criterio, indebidamente, sobre los recortes a las pensiones de lujo.
La opinión de los legisladores surge ante las palabras de la presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva, quien a nombre de los 22 magistrados detalló las observaciones de la Corte Suprema de Justicia al plan de ley para reformar el régimen jubilatorio de ese supremo poder.
Villanueva se presentó dos veces, la semana pasada, ante la Comisión Especial sobre Reformas al Régimen de Pensiones del Poder Judicial. En ambas ocasiones, aseguró que una contribución solidaria de hasta un 50%, sería una medida confiscatoria e inconstitucional.
Ese aporte solidario solamente lo tendrían que pagar las pensiones que sobrepasen un tope fijado por medio de una reforma legal, que para la Corte debe ser de ¢7 millones y para los trabajadores judiciales no mayor de ¢4,7 millones.
"La Corte considera, en su análisis y estudio, en las conversaciones que ha tenido, que la propuesta de hasta un 50% es confiscatoria e inconstitucional", aseguró Villanueva.
Esa posición incluye a los siete miembros de la Sala Constitucional que actualmente estudian cinco recursos de amparo de exdiputados y exministros, principalmente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), contra los recortes a las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacional aprobados en julio, en el Congreso.
Temores
El temor de los legisladores Corella y Vargas no solo radica en que esa opinión de la presidenta del Poder Judicial y de la Corte en pleno podría tener efectos sobre la resolución de esos amparos, sino también sobre una eventual acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al régimen jubilatorio de ese poder.
Mientras el alto tribunal constitucional analiza los amparos de exlegisladores como Rolando Laclé y Danilo Chaverri, en el Congreso se debate la forma de reducir las pensiones judiciales, que llegan incluso a ¢9 millones.
"¿Qué pasa si se presenta una acción contra esta ley? ¿Quién resuelve? ¿Cómo resuelven? Y sobre todo, ¿qué va a suceder? Ya hay algunos exdiputados que presentaron acciones, fundamentándose en lo mismo que usted dijo, el concepto de confiscatorio sobre la contribución solidaria", le replicó Corella a Villanueva.
El subjefe del Partido Acción Ciudadana (PAC) enfatizó que, en el 2010, la Sala Constitucional falló en contra del tope que tenían las pensiones judiciales, que era el mismo monto del salario de los congresistas. Corella lanzó dudas sobre la posibilidad de que los que resolvieron en esa ocasión, se hayan beneficiado de esa ruptura del techo de la jubilación.
"Ustedes van a generar jurisprudencia. ¿Cuál va a ser el alcance de esa jurisprudencia?", insistió el legislador oficialista.
Por su parte, Gerardo Vargas lanzó una alarma en su perfil de Facebook: "Preocupante que esta posición sea un adelanto de criterio de casos por resolver y más preocupante que los señores magistrados terminen siendo juez y parte", enfatizó el legislador.
Villanueva negó que los magistrados que rompieran el tope se beneficiaran de ello.
La jerarca judicial instó a que se respete la decisión que, en su momento, tome la Sala Constitucional sobre los recortes a las pensiones de lujo.
