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Con 42 diputados a favor y dos en contra, la Asamblea Legislativa aprobó esta mañana en segundo debate un proyecto de ley para combatir el lavado de dinero en el país.
Lo hicieron justo en el momento en que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estudia las políticas que Costa Rica tiene para luchar contra la legitimación de capitales. El país está en riesgo de entrar en una "lista gris de países no cooperantes", lo que significaría un duro golpe para los bancos locales.
Este miércoles, una delegación de Costa Rica rinde un informe sobre el GAFI en Miami.
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El proyecto de ley aprobado regulará actividades profesionales no financieras, como notarios, abogados que administran bienes de terceros, corredores de bienes raíces, casinos, vendedores de joyas y piedras preciosas, para que tengan que reportar –obligatoriamente– actividades de sus clientes que puedan estar vinculadas con el crimen organizado o el terrorismo.
Casa Presidencial había solicitado al Congreso aprobar este proyecto y otros proyectos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y poner a Costa Rica en regla con la legislación internacional sobre el tema.
Ya la Asamblea había aprobado varios proyectos, como el de lucha contra el financiamiento al terrorismo, pero el de regulación de actividades no financieras se había atrasado.
En su discurso anual ante los diputados, el propio presidente Luis Guillermo Solís advirtió de los altos riesgos que implicaba no aprobar la iniciativa.
El primer afectado directo si el país ingresa en el infame grupo de los países no cooperantes será el bancario.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, lo explicó así: "El sector más afectado sería el financiero, que perdería sus corresponsalías bancarias, sería más difícil acceder a financiamiento en el extranjero y subirían las tasas de interés interno. También afectaría el sector importador, el turismo o los bancos cuyos clientes sean extranjeros".
Si bien la iniciativa ya había sido aprobada en primer debate, diputados del Frente Amplio y del PUSC le metieron una zancadilla al proyecto al enviarlo a consulta a la Sala IV, lo que impedía darle segundo debate.
El Gobierno negoció con varios diputados para que retiraran sus firmas de la consulta, de manera que no se alcanzara el mínimo de diez que se requiere para llevar un proyecto de ley al tribunal constitucional. A las 9:15 a. m. de este miércoles, por mayoría, la Sala IV rechazó estudiar el trámite del proyecto, en vista de que varios legisladores desistieron de pedirlo y ya no se alcanza el número requerido.
Siete magistrados votaron por archivar el expediente y tres salvaron su voto. Estos últimos consideraron que si la consulta cumplió con los requisitos, al momento de ser presentada, se le debía dar curso.
A la hora de la revisión final, la consulta solo tenía ocho firmas. Esa acción fue promovida por los disidentes del Frente Amplio Ligia Fallas y Jorge Arguedas, así como los independientes Carmen Quesada y Carlos Hernández.
Con la resolución de la Sala IV, casi al mediodía de este miércoles, el plenario aprobó el proyecto.
Votaron en contra el libertario Otto Guevara y la socialcristiana Rosibel Ramos.
Los diputados del PUSC alegan que ellos defendieron, a través de mociones, a trabajadores independientes, y permitieron que se aprobara la legislación que los obliga a fiscalizar flujos de dinero y las transacciones sobre activos, a cargo de la Sugef y del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Según William Alvarado, el PUSC forzó a que no se fiscalicen todas las organizaciones sin fines de lucro, sino solamente las que envían dinero fuera del país o que lo reciben desde el extranjero.
La defensa a los profesionales radica en que se logró que estos no paguen el canon de fiscalización al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Alvarado dice que se pretendía que pagaran $1.000 al año.
“Eso es mucho para un contador de pueblo, que lleva las cuentas de los pequeños negocios, en una zona rural y de menor desarrollo”, dijo el socialcristiano.
