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Dos diputados del PLN impulsan un proyecto de ley para legalizar la eutanasia pasiva, entendida como el derecho de los pacientes en estado terminal a suspender el empleo de los tratamientos o las máquinas que les prolongan la vida.
La propuesta también permitiría a los familiares cercanos desistir de la atención médica en el caso de que el enfermo ya no tenga capacidad para tomar la decisión.
El proyecto se denomina Ley sobre Muerte Digna de Pacientes en Estado Terminal (e xpediente 19.440) y lo presentaron los diputados de Liberación Nacional (PLN) Carlos Arguedas y Antonio Álvarez.
La eutanasia está definida por la Real Academia de la Lengua Española como la “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él”.
Esta, a su vez, se divide en dos: pasiva y activa. El proyecto de ley propone la eutanasia pasiva, de manera que no se provoca la muerte de la persona que lo desea, sino que se evita la aplicación de tratamientos que prolonguen la vida del enfermo.
La eutanasia activa, por el contrario, implica tomar medidas para provocar la muerte del paciente. Tal posibilidad no se contempla en este proyecto.
El plan incluye la posibilidad de que los enfermos terminales suscriban un “testamento vital” en el que expresen su voluntad de no someterse a tratamientos. Además, establece el derecho de los pacientes a participar en las decisiones sobre sus cuidados paliativos y confirma la obligación del Estado a otorgarles atenuantes del dolor.
En el caso de los menores de 14 años, sus padres o adultos responsables definirían la forma en que enfrentarían su enfermedad terminal.
“Si se trata de un adolescente menor de 18 años, será siempre consultado sobre las decisiones a tomar”, agrega la iniciativa.
El plan de ley responde a inquietudes como las del psicólogo Mauricio Leandro, quien padece una enfermedad terminal y defiende la eutanasia en el país: “Hay que regular y reconocer el derecho de la persona a cómo vivir y terminar su vida. No entiendo por qué si se regula tanto el derecho a vivir, hay tanta discusión sobre morir dignamente, si la vida y la muerte son parte de un proceso continuo”.
Menos penas. Los congresistas también proponen reducir de cinco a tres años la pena máxima por los delitos de “instigación al suicidio” y “homicidio por piedad”.
Este último es el caso de quien mate a un enfermo incurable ante el pedido serio en insistente de este, movido por el sentimiento de piedad. Si lo hace el médico tratante, la pena sería de dos meses.
El plan genera resistencias. “No creo que sea necesario un proyecto de ley para la eutanasia pasiva, si ya de hecho una persona puede pedir que no le apliquen cuidados extraordinarios, y que lo dejen solo con cuidados paliativos y que lo lleven a una muerte natural. Un proyecto de ley que prepare una plataforma para abrir la eutanasia activa es completamente inmoral”, dijo el obispo de Cartago, José Fco. Ulloa.
El prelado se refiere así al artículo 46 del Código Civil, que señala el derecho de “toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública”.
El médico Isaías Salas, fundador y director del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidado Paliativo, dijo que nunca un paciente le ha pedido la muerte: “No hay justificación para una eutanasia pasiva en este país, si tenemos un control de cuidados paliativos. El diputado está equivocado porque parece no estar enterado de todo lo que hemos hecho en los últimos 24 años”.
Si bien la legislación actual les permite a los ciudadanos negarse a recibir tratamiento médico contra su voluntad, el diputado Carlos Arguedas considera que debe haber una sensibilización de la sociedad con el tema y mayor seguridad jurídica al respecto.
“El ordenamiento jurídico debería tener instrumentos para dar seguridad jurídica en esta materia. Es conveniente que haya una normativa expresa sobre la materia”, adujo el diputado.
