Los miembros de la Junta Directiva del BCR rechazaron la solicitud de renuncia que les hizo el presidente Luis Guillermo Solís. Ellos retan al Gobierno a abrir un proceso para que se les investigue.
A las 7:30 p. m., la presidente interina de la Directiva, Evita Arguedas, afirmó en conferencia de prensa en el edificio central del Banco de Costa Rica (BCR), en San José, que la decisión de no dimitir fue tomada por todos los miembros de la cúpula bancaria.
A la conferencia asistieron Arguedas, Paola Mora y Francisco Molina. Por motivos laborales, no estuvieron en la conferencia los directivos Rónald Solís y Alberto Raven, mientras que la presidenta del BCR, Mónica Segnini, estaba fuera del país y Gustavo Arias, fuera del Valle Central.
En respuesta al desafío de los directivos, el presidente afirmó: "La solicitud de renuncia a los directivos del BCR buscaba evitar postergaciones a la necesaria restauración de la gobernanza corporativa de esa entidad, según lo indicado por la Sugef. Todavía confío en que, con sentido patriótico, algunos de los directores así lo hagan. Mientras tanto, y ante la pública decisión de algunos de no renunciar, anuncio que el martes 3 de octubre solicitaré al Consejo de Gobierno iniciar el proceso administrativo para su destitución".
Temprano, el mandatario había dicho que, si bien el informe daba suficientes razones para proceder con la destitución mediante un procedimiento legal disciplinario, esta vía podría tardar muchos meses, "afectar seriamente el funcionamiento del Banco y seguir dañando la institucionalidad", por lo que prefirió pedirles la salida para nombrar otra Junta la próxima semana.
Cinco de los directivos que se negaron a renunciar fueron nombrados por el propio presidente Solís: se trata de los exdiputados del PAC, Gustavo Arias, Rónald Solís y Francisco Molina, de la abogada Paola Mora y de la empresaria Mónica Segnini.
El abogado Alberto Raven y la exdiputada Evita Arguedas (independiente) fueron nombrados por Laura Chinchilla en el gobierno anterior.
Solís los convocó a todos este mediodía para que se presentaran a las 4 p. m. de este martes a una reunión en Casa Presidencial. En la cita, les presentó un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), según el cual persisten conflictos en la Junta Directiva del BCR que afectan el funcionamiento del Banco.
Alegando también preocupación por los créditos otorgados para "negocios cuestionados", Solís entonces les solicitó dimitir.
"En la nota, el superintendente (Javier) Cascante detalla, entre otros aspectos, que persisten conflictos internos entre los integrantes de la Junta que impactan de manera negativa su funcionamiento, generando condiciones que dificultan su comunicación, colaboración y debate crítico para la toma de decisiones", dijo el mandatario.
"Señala que estas discrepancias no permiten garantizar los controles en las etapas de formalización y seguimiento de créditos. El Superintendente enfatiza que, a pesar de las gestiones previas de la Presidencia de la República y de la propia Sugef, no ha sido posible resolver las discrepancias dentro de la Junta Directiva, y eso podría poner en riesgo la gestión de negocios del Banco", continuó Solís.
Además del presidente de la República, también estuvieron presentes en la reunión el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Olivier Castro; y los ministros de Hacienda, Presidencia y Comunicación, Helio Fallas, Sergio Alfaro y Mauricio Herrera, respectivamente.
A la cita no asistieron Segnini por encontrarse en España atendiendo una situación familiar y Gustavo Arias, quien se encuentra en su residencia en Pérez Zeledón.
Los miembros de la Junta Directiva alegaron que no se pueden referir al informe de la Sugef con base en el cual el presidente les pidió la renuncia, pero alegan que este no es concluyente y que no recomienda la renuncia de la Junta Directiva.
"Nuestra obligación es permanecer a pesar de las circunstancias, a pesar de las presiones, a pesar de que esto se ha hecho más político que institucional. Ninguno de los siete directores vamos a renunciar, hoy es un día triste, es un día triste para la institucionalidad porque recibimos una llamada telefónica de Casa Presidencial al mediodía y nos llamaron a presentarnos a las cuatro de la tarde, y nos dijeron que para agilizar los trámites pusiéramos la renuncia debido a una información que la Sugef le había entregado a Casa Presidencial", dijo Evita Arguedas.
La Junta Directiva conoció sobre el informe hasta la reunión con Solís, quien lo había recibido el lunes anterior. Para cuando llegaron a la cita en Zapote, el presidente ya había tomado una decisión.
Evita Arguedas, presidenta interina, cuestionó las razones detrás de la solicitud, con el argumento de que ellos fueron quienes ordenaron investigar los créditos por $30 millones que se otorgaron a la empresa Sinocem para la importación de cemento chino, lo que no hicieron con el préstamo de $32,7 millones concedido para que la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) le comprara una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim.
"Nos llama poderosamente la atención que quienes estamos precisamente pidiendo la investigación de los créditos sean las personas que quieren atacar y que quieren silenciar en este caso, destituyéndonos de la Junta Directiva. Me parece que no es lo conveniente en este momento, y no es lo conveniente para el Banco de Costa Rica, no es lo conveniente para el ambiente que se está viviendo, no es lo conveniente para lo que estamos haciendo nosotros como directores", dijo Arguedas.
"Me parece con todo respeto que ahí la actitud del presidente de la República, en general de Casa Presidencial, no da un buen elemento, no da una buena razón de consideración de lo que está haciendo", agregó.
Asimismo, los directivos se quejan de que el presidente les pidió la renuncia sin haberles dado el informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), pues fue hasta hoy que les dio una copia, y de que les dijeran que ya tienen los nombres de los sustitutos.
Según Francisco Molina, él le dijo al presidente que, en medio de las investigaciones, sería un error renunciar. "El informe de la Sugef no es contundente. Es extraño que bajo esas condiciones se pida la renuncia", afirmó.
Agregó que al presidente le faltó reposo. Paola Mora, por su parte, sostuvo que el presidente "está muy mal asesorado" y que sintió que era obligatorio no renunciar.
"Yo conozco a don Luis y sé que le faltó un poquito analizar esta situación. El sector financiero no se maneja de esta manera, no era la forma, merecíamos tener un espacio para conversar con él, ya teníamos a la prensa afuera, habían comunicados realizados para que dentro de cinco minutos dar una conferencia afuera. Esa no era la forma atropellada de hacer las cosas y yo lamento mucho que en Casa Presidencial no se le haya asesorado adecuadamente", señaló Mora.
En los últimos meses, la Junta Directiva del BCR se ha visto envuelta en la polémica por los créditos otorgados para el cemento chino y para la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas.
Además, la Sugef había advertido en julio de que los negocios y el funcionamiento del BCR estaban en riesgo, debido a que la Junta Directiva debilitó su función de darle rumbo a las operaciones del segundo banco más grande del país.
De hecho, los siete directivos han tenido que ir a comparecer dos veces a la Comisión legislativa que investiga los créditos del BCR y una a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, por estos temas.
¿Qué pasó con los créditos cuestionados?
Cemento chino
Los créditos por $30 millones para importar cemento chino despertaron polémica en la Junta Directiva del BCR por las siguientes razones:
-Once días antes de que el Comité de Crédito aprobara las líneas de crédito para Sinocem, en setiembre de 2015, ese mismo órgano reformó un reglamento que permitió utilizar seguros de caución de aseguradoras privadas, como garantía para obtener créditos, mecanismo utilizado por Sinocem. La Junta Directiva conoció la modificación cinco días antes de discutir el otorgamiento de las líneas de crédito a la empresa de Juan Carlos Bolaños.
-La circulación de un audio en la Junta Directiva en el que, supuestamente, Juan Carlos Bolaños conversa con el exsubgerente del BCR y actual funcionario de ese banco, Guillermo Quesada, sobre el crédito. Directivos como Alberto Raven calificaron el audio como un supuesto plan para no pagar los créditos. No obstante, Paola Mora consideró inapropiado que el tema no se llevara al Ministerio Público y dijo tener choques con el resto de directivos, porque incluso querían detener los giros con base en el supuesto audio.
-Paola Mora también denunció en la Asamblea que Alberto Raven, quien era fiscal de la cementera Holcim, competencia directa de Sinocem, habló sobre este crédito en Junta Directiva. Incluso, afirmó que un acta fue modificada.
-Paola Mora tuvo seis encuentros con el cliente Juan Carlos Bolaños, lo que el resto de directivos consideró inapropiado.
-La mayoría de la Junta le iba a pedir la renuncia a Mora como presidencia por pérdida de confianza y por sus encuentros con Bolaños, pero ella se adelantó a dimitir a ese cargo.
-Andrés Víquez, subgerente de Banca Mayorista del BCR, dijo en la Asamblea que Paola Mora lo llamó para hacerle una consulta de seguimiento al crédito a Sinocem.
-La semana pasada, Paola Mora se reunión en Tres Ríos con el diputado Víctor Morales Zapata, a quien el presidente Luis Guillermo Solís le pidió la renuncia luego de conocerse sus vínculos con Juan Carlos Bolaños. Por ejemplo, un director de cuatro sociedades del empresario le gestionó unas vacaciones en Guanacaste a Morales a finales del 2015.
-La Junta Directiva suspendió por tres meses a Mario Barrenechea, gerente general del BCR, mientras investiga el crédito a Sinocem. Bolaños reconoció tener negocios con Javier Barrenechea, hijo del gerente bancario.
-Un informe interno del BCR determinó que de $20 millones girados al proveedor de Sinocem en Hong Kong, para la compra de cemento, $7 millones fueron devueltos a cuentas de Bolaños en los bancos Nacional y Cathay, lo que se aleja del plan de investigación.
-El BCR carecía de conocimiento sobre el mercado del cemento al aprobar las líneas de crédito.
La hidroeléctrica
El crédito de $32,7 millones para la compra la hidroeléctrica Aguas Zarcas, por parte de Coopelesca a Holcim, despertó pólémica por las siguientes razones:
-El directivo Alberto Raven era fiscal de Holcim en el momento en que el BCR otorgó el crédito a Coopelesca para que le comprara a la cementera la planta. Además, el negocio se concretó en el bufete del cual Raven es parte.
-La planta fue vendida a la Cooperativa en $35 millones, pero en los libros de Holcim estaba valorada en $12 millones y, restando la depreciación, en $2,7 millones.
-Una sociedad de la cual Raven es dueño del 100% de las acciones participó en el negocio, como fideicomisario de parte de las acciones de la hidroeléctrica, que quedaron en garantía mientras Coopelesca terminaba de pagar a Holcim.
-Después de la compra, los ingresos generados por la planta se vinieron abajo. De hecho, debió ser sacada de operación para recibir reparaciones. Coopelesca incluso pidió un alza en las tarifas eléctricas de los sancarleños, pero luego desistió de esta.
-La operación de la planta, además, depende de que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) quiera vender parte de las tierras en donde la planta opera en San Carlos. Holcim tenía un contrato de arrendamiento de esas tierras que se vence el otro año. El Inder no ve posible prorrogar el contrato de alquiler, por lo que la única opción es vender, algo que está analizando.
-Paola Mora dijo en el Congreso, bajo juramento, que Alberto Raven le pidió al gerente Mario Barrenechea que saliera a dar declaraciones positivas sobre el caso de Coopelesca.