EscucharLa Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés), puso en su lista de personas buscadas al exguerrillero nicaragüense, Edén Atanasio Pastora Gómez, conocido también como Comandante Cero.
La inclusión en esa nómina implica una orden de captura internacional contra el comandante, a quien la Fiscalía costarricense acusa de los delitos de “usurpación de bienes de dominio público” e “infracción a la Ley Forestal” por los daños causados con el dragado en un sector de Isla Calero.
En la página oficial de la Interpol no se ofrecen más detalles que esos. Sin embargo, el Poder Judicial informó, la tarde de ayer, de que esa orden de captura tiene como origen una denuncia presentada ante la Fiscalía Adjunta de Pococí, el 9 de diciembre de 2010.
“Celso Gamboa Sánchez (en ese momento, fiscal adjunto y en la actualidad viceministro de la Presidencia) abrió una investigación bajo el expediente 10-004110-485-PE contra Edén Pastora Gómez, por lo que se dictó una orden de captura internacional por “usurpación de bienes de dominio público e infracción a la Ley Forestal”.
”El Juzgado Penal de Pococí envió a la Interpol, el 16 de octubre de 2013, el recordatorio de que la orden de captura está en trámite y pendiente. Según el OIJ (Organismo de Investigación Judicial), el 24 de octubre se emitió una alerta privada, pero este 17 de diciembre se hizo pública”, informó el Poder Judicial.
A cuentas. Consultado vía telefónica por este diario, Pastora calificó la acción como “una tontera del tamaño del Irazú”.
“La Interpol no puede capturarme por haber cometido un delito en territorio que no es ni de Costa Rica ni de Nicaragua, que está en disputa en La Haya.
”Yo creo que todas estas son maniobras de doña Laura (la presidenta costarricense, Laura Chinchilla) tratando de recuperarse del desprestigio de su gobierno ante el pueblo de Costa Rica, porque estas acusaciones no tienen ni pies ni cabeza”, manifestó el exguerrillero.
“Me acusan y hay orden de captura de lo que hice en Harbour Head y Harbour Head (sector Los Portillos de isla Calero) no es territorio de Nicaragua ni de Costa Rica. Costa rica y Nicaragua se pusieron de acuerdo en que La Haya diga de quién es. Desde ese momento, Costa Rica no me pudo haber acusado de haber cometido un delito en territorio costarricense. Y la Interpol no puede capturarme por haber cometido un delito en territorio que no es ni de Costa Rica ni de Nicaragua, que esá en disputa en La Haya. ”Yo creo que todas estas son maniobras de doña Laura (Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica) tratando de recuperarse del desprestigio de su Gobierno ante el pueblo de Costa Rica porque esto no tiene ni pies ni cabeza estas acusaciones y estas órdenes de captura. Repito: en un territorio que no es de Costa Rica, porque Costa Rica y Nicaragua se pusieron de acuerdo en que fuera La Haya y La Haya no se ha pronunciado”.
“Yo estoy tranquilo y no hago nada frente a las necedades. No voy a tomar ningna medida. Porque esto no tiene lógica, no tiene ley no tiene nada, entonces no hay nada qué hacer. A la Policía de Nicaragua le tocará explicarle a la Interpol de que yo soy un señor que estoy en función del gobierno de Nicaragua y de que lo que se me acusa es de algo que se hizo en Harbour Head y que ese caso está en La Haya”.
La Nación intentó localizar, sin éxito, al embajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas, para que se refiriera al tema.
Por su parte, el ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, aclaró que, aunque el Gobierno no tiene nada que ver con la gestión ante la Interpol, apoya esta acción del Poder Judicial costarricense.
“No fue que el Gobierno presentó una denuncia. Fue una denuncia que, de oficio, hizo la Fiscalía de Pococí, y dado que Pastora no se quiso apersonar, el Poder Judicial le pidió a la Interpol actuar. En este momento, (Pastora) es un fugitivo de la Justicia costarricense”, expresó Roverssi.
“Lo que se hizo aquí es un debido proceso, una acusación que el señor Pastora no ha querido enfrentar y se hizo una solicitud de parte de los órganos judiciales a la Interpol y la Interpol actúa. Realmente, hay un procedimiento jurídico, legal donde no tiene nada qué ver el Gobierno de Costa Rica. Por supuesto, el gobierno costarricense respalda la acción del Poder Judicial costarricese. ”Por lo tanto, para nosotros (Edén Pastora) es una persona que cometió un acto ilícito, que tiene que responder a la judicatura. Él puede defenderse como él quiera. Tiene la obligación de venir. ”Es muy fácil venir a escudarse en esto, un indiviudio que cometió un acto ilícito que para nosotros es un delincuente. Eso es tratar de venir a ofender al Poder Judicial”.
