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Los empleados del Poder Judicial le cuestan a la ciudadanía casi el doble que los del Gobierno Central.
En promedio, cada funcionario judicial le demanda al Estado ¢2,5 millones mensuales en gastos salariales, mientras que cada trabajador de un ministerio exige ¢1,4 millones.
Las diferencias entre los supremos poderes son marcadas.
Los funcionarios del Poder Legislativo, aunque constituyen el grupo menos numeroso, no se quedan muy atrás de los judiciales. Su costo mensual es de casi ¢2,4 millones por persona, en promedio.
En cambio, incluso por debajo de los del Poder Ejecutivo, aparecen los empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que cuestan ¢1,1 millones mensuales, cada uno. Ese es el costo más bajo de todos.
Así se desprende de una comparación entre las partidas salariales presupuestadas por cada poder para el 2016 y su cantidad de funcionarios.
La cifras incluyen los salarios base, los incentivos, el aguinaldo y las cargas sociales que debe aportar el patrono a la seguridad social y a otros fondos.
No es tanto el tamaño. Si bien el Gobierno Central tiene la mayor cantidad de empleados del sector público, el Poder Judicial tiene un mayor impacto sobre el gasto salarial, que aprieta el déficit fiscal del próximo año.
En palabras llanas: los 12.000 empleados judiciales representan el 8,6% de la planilla cobijada por el Presupuesto Nacional, pero consumen más del 14,5% del rubro para sueldos.
El director de Gestión Humana de la Corte, José Luis Bermúdez, asegura que el costo de los salarios responde a que ellos operan los siete días de la semana, las 24 horas del día.
La planilla total ronda las 137.000 plazas. De ellas, 121.000 corresponden al Poder Ejecutivo y consumirán poco más de ¢2 billones el otro año.
Sin embargo, aunque los funcionarios de ministerios representan el 88% de la planilla, sus salarios solo consumen el 83% del presupuesto para ese rubro.
La diferencia entre esos poderes está en que cada empleado de Gobierno demanda, en promedio, menos de ¢17 millones anuales, mientras que los funcionarios de la Corte exigen casi ¢30 millones por persona, al año.
Por su parte, los funcionarios legislativos representan un porcentaje muy bajo de la planilla cubierta por el Presupuesto (1%), pero pellizcan el 2% de la partida para salarios.
Los trabajadores del TSE, en cambio, equivalen al 1,5% del total del personal, pero consumen el 1% del gasto en sueldos.
Estas diferencias se deben a que unos poderes tienen salarios e incentivos más generosos.
Por ejemplo, aparte de que tienen mejores sueldos base, los funcionarios judiciales son los que más pluses reciben. Cada uno cobra, en promedio, ¢387.000 por incentivos en su salario mensual . Los funcionarios del Ministerio de Seguridad, en cambio, ganan unos ¢100.000 en pluses.
En cuanto a sueldos base, por ejemplo, un profesional 1 del Ejecutivo gana ¢500.000, mientras que la Asamblea le desembolsa ¢561.000 y la Corte, ¢673.000.
Un informe del Ministerio de Planificación advierte de la existencia de estas diferencias, tanto en los niveles profesionales como en los no profesionales.
La titular de esa cartera, Olga Marta Sánchez, admitió el desorden, la semana pasada, al presentar los resultados del informe en la Asamblea Legislativa.
En su comparecencia, Sánchez mostró su preocupación por el crecimiento acelerado de los gastos en pluses salariales, pues se han convertido en insostenibles para las finanzas del Estado.
En el documento, Planificación advierte de que el costo de las anualidades, dedicación exclusiva, horas extra y demás beneficios, superó el de los sueldos base en el Presupuesto, entre el 2011 y el 2014.
Los incentivos pasaron de representar un 41% a un 42%; mientras que los pagos básicos, de un 42% a un 40%.
Esa alza fue impulsada por la partida de “Otros incentivos”, la cual aglomera 94 de los 97 pluses salariales que se pagan con el Presupuesto Nacional.
No obstante, se trata de planillas pequeñas que deben desarrollar funciones en el extranjero, sobre todo en el primer caso.
Luego, les siguen el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General.
El Ministerio de Educación Pública (MEP), que tiene la planilla más grande, con 81.000 personas, está en el puesto 17, con un costo promedio de ¢1,5 millones por empleado, aunque tiene numerosos incentivos.
En el último lugar, aparecen los encargados de la Seguridad Pública, con un costo promedio de ¢850.000 mensuales.
