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El consorcio Desarrollo Ecoturístico Cañaveral S.A. (Decsa), cuyo presidente es el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, demandó al estado de Panamá por $100 millones, alegando inseguridad jurídica.
El legislador cuestiona un cambio en la ubicación registral de un terreno de 685 hectáreas, adquirido por Decsa en la costa del Caribe panameño para construir un hotel con énfasis ecológico.
Álvarez asegura que previo a que esas propiedades se compraron, en enero del 2009, un juez las situó en el distrito Kusapín, en la comarca indígena Ngäbe Buglé (provincia de Chiriquí).
Sin embargo, según una publicación del diario panameño La Prensa, esa ubicación la modificó en setiembre del 2013 la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) de Panamá, con lo cual en el registro se consignó que las fincas no están en la comarca indígena, sino en Bocas del Toro y Chiriquí.
“El gobierno de Panamá no respetó los fallos judiciales, ni tampoco respetó lo que dijo el Registro Público de Panamá, lo que constituye una violación a la seguridad jurídica y eso es lo que estamos demandando”, dijo el verdiblanco.
Agregó: “Después de que teníamos varios años de poseer y disfrutar las propiedades, un día el equivalente al Catastro de Costa Rica, que allá se llama Anati, definió que las fincas estaban ubicadas en otro lugar, en un lugar distinto al que los jueces habían dictado sentencia sobre su ubicación. En términos ticos es como que a usted le digan que las propiedades no están en Manuel Antonio, sino en Golfito”.
La demanda, publicó ese medio, se presentó el 23 de marzo pasado, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, aunque el político afirmó que llevan más de año y medio en la disputa, la cual prevé que se extienda al menos, hasta el primer semestre del 2017, cuando se realizaría el debate.
“Los $100 millones es una estimación de la demanda, pero todavía no hemos llegado a la presentación de los daños y los reclamos económicos, eso será hasta el próximo año porque los abogados panameños están haciendo todo lo posible por frenar el proceso”, dijo el diputado.
Cuestionados terrenos. Para Álvarez, el cambio en la ubicación de esas tierras, distribuidas en cuatro fincas a lo largo de 12 kilómetros de playa, responde a una táctica política para disipar los cuestionamientos y los reclamos de los indígenas por la compra de esos terrenos.
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“Panamá estaba en campaña electoral y tal vez era una forma de eliminar conflictos con algunos grupos indígenas que estaban a disgusto de que nosotros tuviéramos esos terrenos. Una forma de privarnos de esos terrenos era decir que ya no estaban en una comarca indígena y con eso, los indígenas no tienen que reclamar”, declaró el legislador a La Nación.
A mediados del 2013, La Prensa reveló que una abogada logró comprar las 685 hectáreas en cuestión, en menos de $200.000 a tres habitantes del territorio indígena para, luego, venderlas al político costarricense en “varios millones de dólares”.
De acuerdo con la publicación de ese diario, en julio del 2009, el hoy legislador empezó a negociar con la abogada Evisilda Martínez para adquirir las propiedades, cuya opción de compraventa se firmó en enero del 2010.
No obstante, para esa época Martínez no era la propietaria de las tierras, sino tres indígenas que reclamaban en los tribunales —con la asesoría de su bufete—, la posesión de las mismas, bajo el argumento de que las habían ocupado por más de diez años de manera “pacífica e ininterrumpida” y, luego de jurar que desconocían el paradero de su verdadero dueño.
Una vez que los jueces otorgaron los títulos de esas fincas, tras un trámite expedito de cuatro meses, inusual en Panamá, los indígenas vendieron las tierras a Decsa en $197.000 en julio del 2010, sociedad hasta ese momento controlaba Evisilda Martínez.
Inmediatamente, la jurista vendió la empresa a la firma Álvarez & Marín, negocio familiar de Antonio Álvarez Desanti y a otros cuatro grupos de inversionistas (tres de ellos holandeses y un costarricense) en “varios millones de dólares”.
Sobre ese traspaso de tierra, el cual deparó en una investigación en el Juzgado Primero Penal de Panamá, el liberacionista asegura que hasta la fecha no se ha comprobado nada anómalo y que el expediente se archivó.
“Panamá nunca acusó a los jueces, si hubiese habido alguna irregularidad debió acusar a los jueces. Nunca se anularon las sentencias que dieron las tierras a quienes nos las vendieron y las autoridades panameñas pudieron hacer juicios de lesividad. Panamá nunca hizo nada en contra y aunque fueron presentadas, por los indígenas, denuncias contra los jueces, los juzgados penales archivaron las denuncias”, expresó el diputado.
