Como en toda decisión judicial, una parte gana y la otra pierde, y el fallo de la Sala IV sobre la anulación al veto a la reforma del Código Procesal Laboral no es la excepción: mientras que en el ala sindical, el descontento se anuncia y podría verse reflejado en las calles, en el sector empresarial genera alivio.
“El sector empresarial ve con agrado este fallo de la Sala, no solo por los intereses del sector, sino por todos los costarricenses”, dijo Rónald Jiménez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
El jerarca de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y de la Energía del Instituto Costarricense de Electricidad (Asdeice), Fabio Chaves, manifestó que la negativa a permitir huelgas en servicios públicos no los inhibirá de ir a las calles.
Jiménez agregó que la decisión de los magistrados da seguridad jurídica a los inversionistas que planean o que ya tienen operaciones en el país, pues queda de lado la posibilidad de que se realicen huelgas con carácter legal en los servicios públicos esenciales, como lo establecía el plan de ley.
El empresario añadió que el sector empresarial está dispuesto a iniciar un diálogo con los actores sociales y políticos para empezar a discutir una nueva propuesta de legislación.
Jiménez afirmó que están de acuerdo en acelerar los juicios laborales, pero su negativa siempre fue la posibilidad de que se autorizaran huelgas en servicios de salud, puertos y seguridad.
En la acera de los sindicatos, la noticia no cayó bien.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se reservan sus declaraciones para el próximo lunes, con tal de revisar en profundidad el fallo de la Sala IV que echó por tierra su intento de aprobar la reforma al Código Procesal Laboral.