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Los diputados de varias fracciones consideran poco viable el proyecto de reforma a la Constitución Política para declarar al Estado laico.
El plan busca reformar el artículo 75 de la Carta Magna para que la religión católica no sea la oficial del Estado y para que este "sea neutral en materia religiosa y garantice, a su vez, la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco de la ley".
Además pretende la reforma del artículo 194 constitucional para modificar el juramento que deben hacer los funcionarios públicos, con el propósito de incluir la posibilidad de que el funcionario público pueda jurar ante Dios o "por sus convicciones personales".
De no prosperar el proyecto, esta sería la segunda ocasión en que la Asamblea Legislativa fracasa en la intentona por lograr eliminar la confesionalidad del Estado costarricense.
Durante el pasado período constitucional 2006-2010, diecinueve diputados impulsaron la eliminación de esa disposición constitucional sin mayor éxito.
Según la diputada María Eugenia Venegas, del Partido Acción Ciudadana (PAC), e impulsora de la iniciativa, el principal de los actuales escollos que enfrenta el plan es la cercanía entre el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla y la cúpula de la Iglesia Católica.
"La iglesia tiene una amplia influencia y maneja la conciencia, no solo en este Poder Ejecutivo sino, también, de los diputados que integran la actual Asamblea Legislativa. El tema se quedará para el próximo Gobierno, que ojalá sea más abierto con estos temas", recalcó Venegas.
El tiempo que le resta a esta Asamblea Legislativa, menos de ocho meses, también juega en contra de la propuesta, pues es parte de su trámite que los diputados le den lectura tres veces en el plenario durante una legislatura y en el siguiente año legislativo discutan el dictamen en tres debates.
Hundido en el puesto número 45 de la agenda de reformas constitucionales, el proyecto no es sujeto de buenos augurios.
Otro pero es la propia agenda de proyectos de ley en discusión. Con varios temas de peso rezagados, las prioridades de Casa Presidencial están lejos de acercarse a un debate sobre el Estado laico.
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, incluso afirmó desconocer los contenidos del proyecto en cuestión y dijo que convocar un plan en esas condiciones para debatirlo en las actuales sesiones extraordinarias sería irresponsable.
El jerarca sí enfatizó que el Gobierno cree conveniente diferenciar las responsabilidades y competencias de la Iglesia Católica y del Estado, aspecto que, según Benavides, se mantiene en negociación con la jerarquía católica.
"El Gobierno está a favor de un Estado laico, pero hay algunas relaciones entre el Estado y la iglesia que creemos deberían quedar enmarcadas en estas negociaciones", dijo Benavides, sin entrar en detalles alegando que las pláticas entre las partes no han sido de su conocimiento.
El jefe de bancada del Partido Movimiento Libertario, Danilo Cubero, coincidió en que un proyecto de ley con esas características no debería ser prioridad en este momento ni para el parlamento, ni para el Gobierno.
Por su parte la líder de la bancada del PAC, Carmen Muñoz, aceptó que el tema "está muy crudo aún" como para pensar en apresurar su debate.
María Eugenia Venegas acepta esta realidad. La legisladora espera que los próximos diputados que asumirán funciones el 1° de mayo del 2014 tengan la visión necesaria para tramitar el plan.
Desde el 2 de agosto pasado revivió la discusión sobre la pertinencia de un Estado laico.
En esa fecha los presidentes de los tres poderes de la República realizaron una consagración durante el acto de celebración de la aparición de la Virgen de los Ángeles, hecho que molestó a varios sectores de la sociedad.
Diputados de dos partidos políticos, el PAC y la Unidad Social Cristiana (PUSC), recriminaron al presidente del Directorio Legislativo, Luis Fernando Mendoza, por haber aceptado hacer la consagración a nombre de todos los integrantes del parlamento sin que mediara un acuerdo legislativo aprobado en el plenario.
El tema también es de conocimiento de la Sala Constitucional. El abogado Yashin Castrillo presentó un recurso de amparo contra el acto de consagración y de perdón que realizaron las máximas autoridades públicas el 2 de agosto, acción que los magistrados aceptaron para su estudio.
