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El Ministerio Público solicitó al Tribunal Penal de San José iniciar una investigación judicial contra la jefa de fracción del PAC, Laura Garro, porque, en su criterio, incurrió en falso testimonio durante el juicio por la presunta estafa que personeros del Partido Acción Ciudadana (PAC) habrían cometido contra el TSE en el 2010.
A la hora de solicitar las penas contra los dos imputados en el juicio del PAC, la fiscala Greysa Barrientos presentó a los jueces una solicitud adicional: investigar a la diputada Laura Garro, jefa de fracción, por supuestamente cambiar su testimonio entre la fase indagatoria y la etapa de juicio.
La Fiscalía y el OIJ identificaron a la legisladora entre las personas que firmaron los contratos de servicios especiales con los que el Partido habría cometido la estafa contra el Estado, al cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
Según el Ministerio Público, el PAC pidió a sus partidarios firmar millonarios contratos por trabajos que los simpatizantes efectuaron de forma gratuita y voluntaria. En otros casos, facturó servicios que del todo no se realizaron, o bien, que obedecían a una labor distinta. La parte acusadora agrega que el Partido pidió firmar muchos de los acuerdos contractuales después de los comicios para poder incluirlos en la liquidación de gastos que presentó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y así inflar el posible reembolso de dinero.
Garro fue citada como testigo porque, en la etapa indagatoria, en el año 2013, confirmó a un oficial del OIJ haber firmado uno de los contratos y relató que lo recibió de manos de Manuel Antonio Bolaños, empleado del PAC, quien es uno de los imputados en el juicio. El otro es el extesorero Maynor Sterling, a quien la Fiscalía considera el cerebro de la presunta estafa de ¢364 millones cometida en perjuicio del Estado con estos contratos. Para el primero, el Ministerio Público pidió ocho años de cárcel y para el segundo, tres.
En ese mismo interrogatorio, declaró que ella distribuyó otros de estos contratos a varios partidarios en Puntarenas, suministrados también por Bolaños, porque ella presidía el comité ejecutivo cantonal de la agrupación.
Sin embargo, ya en el juicio este año, durante su declaración ante los jueces y bajo juramento, la legisladora puntarenense dijo no recordar quién fue la persona que le entregó los documentos, al tiempo que negó que ella hubiese entregado contratos a otros partidarios.
De acuerdo con la fiscala Barrientos, tales aseveraciones a la vez son contradictorias con los testimonios de otros testigos que pasaron por la sala de juicios de San José, quienes la identificaron como la persona que les hizo llegar los polémicos contratos.
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"Esta representación (el Ministerio Público) quiere hacer otra solicitud: Por ser este un asunto que consideramos importante a nivel electoral, se realice un testimonio de piezas en contra de la señora Laura María Garro Sánchez. Ella vino a declarar aquí como una contratista más. Conocemos que le ampara el fuero, porque ella dijo que era diputada; sin embargo, consideramos que sí existe probabilidad de que haya cometido el delito de falso testimonio en virtud de lo siguiente", dijo Barrientos.
"El Ministerio Público contaba, para el día de la investigación, con un informe que había hecho el oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), don Juan Diego Bolaños Rojas, donde si ustedes pueden observar, a escasos cuatro años de haberse firmado el contrato por parte de doña Laura Garro, llega don Juan Diego a la casa (de ella). Primero se muestra evasiva en relación con algunos de sus familiares y luego se le pregunta si ella ha firmado y ella dice 'ciertamente'".
Añadió que, cuando se le preguntó quién le dio el contrato, respondió que fue don Manuel Antonio Bolaños, uno de los imputados en el caso y que ella, además, había entregado varios de esos contratos a otras personas para que también los firmaran.
"Pero el día que vino a este Tribunal (al juicio en el 2016), ahora ella dice que no recuerda quién le dio el documento y que ella nunca dio documentos para firmar, a pesar de que hay personas que si vinieron (también al juicio) a decir que ella les entregó el documento tal como había quedado acreditado en la investigación", continuó la fiscala.
"Bajo juramento una persona de este fuero tan importante, como jefa de fracción dentro del PAC, lo que vino fue a decir 'no me acuerdo', a pesar de que ella claramente había dicho en su declaración que había sido el Comité Ejecutivo (cantonal de Puntarenas) el que repartió los contratos y, cuando uno de los jueces le pregunta quien era el comité ejecutivo, ella dijo: 'Yo era la presidenta del Comité Ejecutivo'. Entonces, vienen a existir contradicciones, pero más allá, lo que consideramos falsedades y porque se le advierte por parte del Tribunal que una declaración falsa no es solo decir algo contra de la verdad, sino ocultar lo que conoce".
Para el Ministerio Público, la diputado Garro cometió un ocultamiento a partir de las pruebas que existen en el expediente. "Viene a afirmar hechos totalmente falsos. Por eso y en virtud de estas pruebas que tenemos, es que consideramos que existen suficientes elementos para iniciar una investigación por falso testimonio en contra de doña Laura María Garro Sánchez".
Consultada por este medio, la jefa de fracción del PAC dijo que tiene la "conciencia tranquila", pero prefiere esperar a que reciba alguna notificación para profundizar en el asunto.
"He actuado de acuerdo con mi forma de ser. No he hecho ningún acto impropio. La notificación no me ha llegado. Prefiero esperar a conocer la notificación que me va a enviar la Fiscalía para conocer lo que ellos están alegando. Es prematuro hablar de lo que venga. Hay que esperar y en cuanto reciba la notificación de la fiscalía vamos a ampliar las declaraciones", afirmó.
Según el artículo 316 del Código Penal, el falso testimonio conlleva una pena de 1 a 5 años de cárcel y se aplica cuando un testigo falsee, niege o calle la verdad ante una autoridad de manera total o parcial.
Laura Garro es jefa de fracción del PAC desde el 8 de mayo de este año, luego de ganar una elección interna en la fracción del partido de gobierno.
La fiscala Barrientos explicó que el Ministerio Público puede abrir la investigación de oficio en contra de la diputada, pero prefirió que sea el Tribunal Penal el que tome la decisión ante las pruebas presentadas en el juicio.
Si la causa prospera, se tendría que tramitar un levantamiento de la inmunidad de Garro ante la Sala III de la Corte Suprema de Justicia. Si esta instancia considera necesario un juicio, el pleno de los diputados tendría que decidir si aprueba un retiro del fuero parlamentario.
Sobre lo sucedido con la jefa de fracción del PAC, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, afirmó: "El Gobierno reitera su absoluto y total respeto a la independencia del Poder Judicial y de sus órganos. La Fiscalía tiene una independencia funcional, y yo haría mal en opinar sobre cómo hace o no hace su trabajo. En ese sentido, nuestro respeto y que sean los tribunales lo que decidan finalmente sobre las conclusiones que la Fiscalía haga".
