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Meses de discusión y estudios sobre el problema del peso de los salarios públicos en el déficit fiscal, no han acercado al Gobierno a proponer soluciones definitivas a tal desbalance.
En el informe Gestión del empleo y remuneraciones en el sector público, de finales del año pasado, tres ministerios diagnosticaron de nuevo el caos de disparidades, pluses y brechas en las remuneraciones, pero sin concretar soluciones más allá de proponer el diálogo y aumentos salariales austeros como medicina.
El documento, que firman los ministerios de Planificación (Mideplán), Hacienda y Trabajo, propone una hoja de ruta que se queda corta en aspectos como la equidad en el pago de remuneraciones.
En sus páginas, incluso ofrece ejemplos de inequidad.
Uno de ellos es que un gerente de una empresa pública gana un 75% más que uno del Gobierno Central, mientras que la remuneración en una descentralizada es un 33% mayor.
Se apunta, también que, mientras una secretaria 2 del Poder Judicial gana ¢500.000, en el Poder Ejecutivo gana ¢300.000, entre otros ejemplos.
Pero la solución para este punto en el corto plazo, según sugiere el texto, es ambigua: “Abrir el estudio y debate, con actores diversos de la sociedad costarricense, sobre las realidades de los sistemas de remuneraciones y generar propuestas alternativas concertadas que permitan avanzar en materia de homologación y equidad de las condiciones laborales de los trabajadores del sector público”.
Lo mismo pasa con el análisis de las inequidades a mediano plazo.
Se le consultó a Olga Marta Sánchez, ministra de Mideplán (rectora del tema salarial) sobre el avance de ese debate, pero no concretó ninguno.
Al mencionarle el salario único como una posible solución a las disparidades en el Gobierno Central, la ministra afirmó que el tema no se ha tocado, pues el Ejecutivo mantiene sus dudas, pese al ahorro y equidad salarial que provoca ese esquema de pago de cero pluses en las instituciones descentralizadas que lo aplican.
Según aceptó la funcionaria, el plan es un “empezar”, algo preliminar que tiene medidas que “no son suficientes”.
El estudio, por ejemplo, no contiene ninguna acción para frenar el crecimiento de los salarios del Poder Judicial frente a las remuneraciones que tienen los empleados de los otros brazos del Gobierno Central.
La hoja de ruta también cita varios proyectos de ley para intentar ordenar el caos salarial.
Entre estos están la ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública, que busca poner un tope de menos de ¢5 millones a los salarios más altos que paga el Estado. El plan se convocó en diciembre para su trámite, pero no reporta avances.
Sánchez dijo que ese proyecto, junto con otra propuesta del Gobierno para mejorar la calidad del empleo público por medio de modificaciones en la evaluación de sus empleados, a cuyo resultado quedaría sujeto el pago de anualidades, estarían cercanos a gozar de la concertación política necesaria para su votación afirmativa en el Parlamento.
No obstante, el panorama político no parece tan claro dadas las críticas de la oposición a los presupuestos ordinarios crecientes que ha presentado el actual Gobierno. Otras medidas para ordenar el embrollo de los salarios públicos apenas están por nacer.
La ministra Sánchez manifestó que, a finales de abril, su ministerio presentará al presidente, Luis Guillermo Solís, un plan para mejorar el pago de incentivos salariales sobre la base de la gestión por resultados.
