EscucharAnte la existencia de varios regímenes de jubilación que generan pensiones millonarias, el Gobierno estudia si hay opciones para fijar topes a esos beneficios.
El ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, dijo que consultarán a la Procuraduría General de la República (funge como abogado del Estado), para determinar si es factible fijar máximos de crecimiento a las pensiones millonarias y adecuarlas a la realidad del país.
“Queremos ver si se puede generar una pensión más equilibrada, analizar si el contexto legislativo lo permite”, indicó Jiménez.
El Gobierno espera tener el criterio de la Procuraduría a mano para finales de julio.
Esta semana, el Ministerio de Hacienda publicó la lista de las pensiones superiores a ¢5 millones con cargo al Presupuesto Nacional.
De ellas, la mayor la percibe el economista, exministro de Gobernación y exgerente del Banco Nacional, Rolando Ramírez Paniagua, con ¢16 millones al mes.
Además, el régimen jubilatorio de los exdiputados permite que 170 pensiones de exlegisladores o sus herederos reciban un incremento del 30% cada año.
El mayor monto de pensión que recibe actualmente un exparlamentario es de ¢6.426.000, casi el doble de los ¢3,7 millones que perciben hoy en día los congresistas como remuneración.
Investigación. Aparte de pedir el criterio a la Procuraduría, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales, dijo que en su cartera se investiga la situación de los regímenes que, si bien deben tener un tope legal, actualmente no se les aplica ese mandato.
“Hay otra línea de trabajo, como el caso de exdiputados, en que por disposición legal no les pusieron tope al monto de sus pensiones”.
Morales agregó que pretende tener claro el marco legal y a quiénes no se les aplicó un límite cuando debió ser aplicado.
Supén escéptica. Mientras tanto, el superintendente de Pensiones, Édgar Robles, explicó que la opción para frenar los abusos en la concesión de beneficios a los jubilados es la de gravar las pensiones con contribuciones especiales.
Robles hizo énfasis en que no ve posible reducir una pensión millonaria ni que se le puedan recortar los aumentos, aunque sean como el 30% anual de 170 exlegisladores jubilados en el marco de un régimen creado en 1985 y derogado en 1995.
“Difícilmente se pueda reducir si el régimen está derogado, si ellos consolidaron el derecho antes de que se cambiara la ley”, dijo.
Robles añadió que establecer un tope es riesgoso, porque un beneficiario de esas pensiones podría interponer un proceso contencioso y, si el Estado lo pierde, resultaría más perjudicial.
En la Asamblea Legislativa también hay una clara intención de frenar las pensiones de “privilegio”. Por un lado, el diputado socialcristiano Luis Vásquez presentó un proyecto de ley para fijar un impuesto más a esas pensiones.
Por otro, la liberacionista Sandra Piszk estudia opciones para reformar las leyes que permiten la supervivencia de 14 regímenes especiales de jubilación, con pensiones que ella ve como de “privilegio”.
