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San José
Ante la decisión de renunciar a su reforma tributaria original, Casa Presidencial desconvocará el lunes sus proyectos de reforma a los impuestos sobre la renta y las ventas y, de paso, sacará del cuadrilátero político el plan que limitaría los pluses salariales de los empleados públicos.
Asimismo, retirará de la agenda de la Asamblea Legislativa la iniciativa de regla fiscal, que impondría un tope al endeudamiento estatal y sancionaría a quienes lo violen.
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Este jueves, el gobierno anunció que desiste de la reforma fiscal que planteó en el 2015. Si bien en aquel momento, alegó la urgencia de paliar el déficit fiscal, ahora propuso solo dos proyectos alternativos para los impuestos de ventas y renta, pero menos agresivos. Con estos, perdería un 70% del dinero que aspiraba a recaudar en un principio.
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En lugar de recaudar el equivalente a 2 puntos del producto interno bruto (PIB), ahora recibiría un 0,6% adicional (bajaría de ¢560.000 millones a ¢169.000 millones).
El déficit fiscal, en tanto, está en 5,2% del PIB (¢1.460.000 millones).
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, anunció la desconvocatoria de los cuatro proyectos que conformaban la propuesta fiscal del Gobierno durante el periodo de sesiones extraordinarias, que se acaba el 30 de abril y en el que Zapote maneja la agenda del Congreso.
En su lugar, el gobierno de Luis Guillermo Solís presentará este viernes 27 de enero una nueva sugerencia de reforma fiscal a los diputados con solo dos textos sobre ventas y rentas.
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Sobre empleo público la realidad es distinta, pues el Gobierno no tiene planeado enviarles a los diputados un proyecto que sustituya al redactado por la liberacionista Sandra Piszk y que, según la Contraloría General de la República, provocaría un ahorro superior a los ¢283.000 millones en el pago de pluses salariales, principalmente en las instituciones descentralizadas.
El plan que limitaría los beneficios salariales, rechazado por los sindicatos, fue bombardeado por el ministro Alfaro la semana pasada. Él alegó que el gasto público subiría a causa de los cambios que el texto introduciría.
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El proyecto propone que se paguen anualidades por antigüedad solo a los mejores funcionarios públicos y que el techo sea de un 2,5% anual sobre el salario (hoy se paga hasta un 6% en ciertas instituciones).
Sin embargo, Alfaro alegó que al hacer una diferenciación entre empleados "muy buenos" y "muy buenos", se corre el riesgo de que todos entren en la calificación más alta y esto encarezca los gastos.
La razón: sin empleo público no hay impuestos
Al tiempo que el gobierno, el Frente Amplio y los sindicatos estaban en contra del plan de empleo público, la oposición representada en Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario, entre otros, advirtieron de que no caminarían los impuestos si no se reducía el gasto en remuneraciones del Estado.
Ante ello, Zapote optó por el pragmatismo político. Redujo sus aspiraciones en IVA, renta y regla fiscal, al tiempo que retiró empleo público. Aparte de los sindicatos, esta última acción se la exigieron en una carta 10 diputados del PAC, 8 del Frente Amplio, dos del PUSC (Jorge Rodríguez y Humberto Vargas), Abelino Esquivel de Renovación y Carmen Quesada, independiente.
La caída de la reforma fiscal y el abandono del empleo público los adelantó el presidente Luis Guillermo Solís durante una entrevista que brindó a La Nación el pasado martes.
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El mandatario dijo que su Gobierno "no es iluso" ante la realidad política, en la que la oposición condicionó la discusión de impuestos a que haya avances en el debate del proyecto para reformar el empleo público.
Este jueves, Sergio Alfaro fue claro al afirmar que la nueva propuesta será la última que el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís hará de aquí al final de la administración (el 8 de mayo del 2018) en materia fiscal.
Ministro de Hacienda niega el panorama gris que pintó el presidente
Luis Guillermo Solís advirtió el año pasado de que, si no ocurriese una reforma fiscal durante su administración, el próximo Gobierno enfrentará a partir del 2018 un déficit fiscal del 10,5% del PIB que, según afirmó, "significará violencia".
Ahora, no obstante, el jerarca de Hacienda y primer vicepresidente de la República, Helio Fallas, negó que la reducción en la expectativa de recaudación implique que vaya a haber una debacle financiera durante los 14 meses que le restan al Gobierno de Solís.
"Vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo con las leyes que tenemos ahora y con algunos nuevos instrumentos que Hacienda tiene, porque la idea no es abandonar las finanzas, sino que seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo, eso nos dará margen. No creemos que la economía vaya a caer grandemente. En términos generales la meta sería mantener las condiciones económicas del 2016. En nuestro caso, no va a haber un caos y así lo hemos explicado a algunos organismos financieros internacionales", recalcó Helio Fallas.
En tanto, Alfaro dejó sentado, además, que la nueva alternativa anunciada a los diputados no fue cabildeada previamente con ninguna de las nueve bancadas del parlamento y que no llega al Congreso con las puertas abiertas para su aprobación.
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"Vemos en esto una posibilidad de renovar el debate; sin embargo, no está amarrada ya con ninguna fuerza política", estimó.
El jerarca afirmó que Casa Presidencial desea tramitar esta reforma fiscal por la vía rápida, para lo cual necesita juntar al menos 38 votos para aplicarle el trámite abreviado que estipula al artículo 208 bis del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.
