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El Gobierno se guardó hasta el final su estrategia para dar cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el atraso en la implementación de la fecundación in vitro en el país (FIV).
Hasta la noche de este miércoles, la posibilidad de regular la FIV, vía decreto, seguía vigente. Será hasta hoy jueves, a las 9 a. m., cuando el Poder Ejecutivo divulgue cuál será la posición que presentará a los jueces internacionales.
Esta tarde, a las 3 p. m., el Gobierno tiene la cita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Los Yoses, Montes de Oca.
El decreto fue anunciado como una posibilidad para cumplir con la sentencia de la Corte; sin embargo, el hermetismo asumió tintes de secreto este miércoles.
Este mismo secretismo se ha mantenido sobre el contenido de la eventual resolución y de los alcances para regular la técnica, que es permitida en todos los países del continente americano, menos en Costa Rica.
La tesis del decreto planteada por el presidente Luis Guillermo Solís, para cumplir con la condena de diciembre del 2012 de la Corte, no ha sido rebatida por ninguna autoridad del Ejecutivo.
Lejos de eso, el mismo mandatario evitó referirse a cualquier otra posibilidad de cumplir con la disposición de la Corte, que implica la orden para el Estado de implementar la FIV.
Esta técnica, prohibida en el país desde el año 2000, luego de una resolución de la Sala Constitucional en la que se exige una ley y no un edicto para regular la fertilización asistida, se estancó sin reparo en el Congreso.
Allí, los diputados de tres fracciones evangélicas y legisladores con fuerte arraigo católico, han seguido las recomendaciones de la Iglesia católica de no permitir la aprobación de una ley, pese a la condena de la Corte.
La posibilidad del decreto surgió en marzo, ante la dificultad en la Asamblea para que algún proyecto de ley avanzara.
De ahí que la posibilidad de un decreto tomó fuerza, al punto de que el Colegio de Médicos y el abogado de la mayoría de las parejas demandantes de la FIV, Huberth May, se pronunciaron a favor de este mecanismo.
Esta ha sido la tónica de la discusión, aunque desde este miércoles, empezaron a circular posiciones encontradas entre los mismas parejas demandantes.
Un grupo de ellas, representadas por el abogado Boris Molina, insiste en que la regulación debe hacerse por ley, pues alegan que el peso de un decreto no les da las mismas herramientas para hacer valer los derechos.
Así las cosas, será hasta hoy que se aclaren las dudas.
